Francisco Ledesma
Toluca, Edomex. 09 de abril de 2019.- La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) alista la presentación ante la Legislatura local de la iniciativa de reforma a la Ley Universitaria, la cual fue aprobada por el Consejo Universitario el pasado 28 de junio de 2018, tres días antes de la elección presidencial que le dio a Morena una mayoría parlamentaria en el Congreso mexiquense.
Tras el “albazo” presentado por Morena la semana pasada, con el propósito de democratizar los procesos internos de la institución universitaria, la comunidad académica vinculada con la rectoría ha manifestado su rechazo a la reforma morenista; y de paso ha acelerado el proceso legislativo para que la UAEM envié a la Legislatura Estatal su propio proyecto de reforma legal.
En el proyecto avalado por el Consejo Universitario, al cual tuvo acceso Plana Mayor, se destacan dos aspectos fundamentales: la posibilidad de reelección del rector y de los directores de los distintos espacios académicos hasta por un periodo; así como la apertura a mayores auditorías internas como parte de una amplia transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio presupuestal de la institución.
De acuerdo a la reforma oficialista de la Universidad, en sus artículos 26, 30 y 31 se contempla que “la persona titular de la Rectoría (o de la Dirección) podrá ser ratificada en su cargo por el Consejo Universitario para el periodo inmediato siguiente y por una sola ocasión, siempre y cuando cuente con el apoyo mayoritario de cada uno de los tres sectores de la comunidad universitaria”.
En sus artículos transitorios, la reforma universitaria establece que “la ratificación a que se hace referencia” para el caso del rector y los directores de los espacios académicos, “no será aplicable a quienes ostenten la titularidad de los cargos antes de la fecha de entrada en vigor de la presente Ley”.
Con base en la “autonomía” que en las últimas semanas han defendido autoridades universitarias, académicos e investigadores afines a la institución, la elección del rector queda restringida en la decisión del Consejo Universitario con base en el artículo 30 de la ley mencionada, la cual establece que “el Consejo Universitario elegirá por mayoría de votos a la persona titular de la Rectoría”.
El Consejo Universitario está integrado por el rector; directores de las facultades, escuelas, institutos y planteles de la escuela preparatoria; un representante del personal académico y otro representante del personal administrativo a través de sus sindicatos oficiales; y dos personas representantes del alumnado de cada Facultad, Escuela, Instituto o plantel de la Escuela Preparatoria.
La propuesta oficial de reformas a la Ley Universitaria también plantea integrar a este órgano de gobierno a representantes de las Unidades Académicas y los Centros Universitarios ubicados fuera de Toluca y que a la fecha no tienen representatividad en el Consejo Universitario.
A limpiar heridas de la Estafa Maestra
Luego de las acusaciones que involucran a la UAEMex con la denominada Estafa Maestra, la reforma universitaria propuesta por las autoridades oficiales pretenden incidir en una mayor fiscalización y castigo a quienes incurran en faltas administrativas.
En el artículo 12 de la iniciativa institucional se detalla que “la Universidad, a través de sus instancias, órganos y dependencias, conocerá, resolverá y en su caso, sancionará a las personas que integran la comunidad universitaria que incurran en faltas a la responsabilidad universitaria o responsabilidad administrativa, independientemente de que los hechos, actos u omisiones que les dieron origen puedan constituir responsabilidad de otro ámbito jurídico”.
Además en el artículo 21, referente a las facultades del Consejo Universitario, la reforma pretende adicionar diversas responsabilidades. Ahí se subrayan las fracciones XV, XVI y XX, que aluden a la parte de la rendición de cuentas, donde se establece la obligación de “nombrar y remover a la persona titular de la Contraloría Universitaria en términos de la reglamentación universitaria; acordar la contratación del despacho contable encargado de realizar las auditorías externas y autorizar estrategias, mecanismos e instrumentos que den seguimiento a la administración de recursos financieros y garanticen la transparencia y la rendición de cuentas”.
Y finalmente el artículo 39, donde se anuncia que la Universidad contará con un órgano de control interno y de fiscalización que se denominará Contraloría Universitaria, la cual se pretende sea un “objeto el control, fiscalización, vigilancia, supervisión, inspección, auditoría, seguimiento y evaluación de la gestión presupuestal, patrimonial, administrativa y escolar de la institución y sus integrantes”.
Esta Contraloría Universitaria, que pretende recobrar el prestigio de una institución señalada por inconsistencias administrativas, establecerá sus atribuciones y funciones en el Estatuto Universitario, hasta en tanto el actual Órgano Interno de Control continuará desarrollando sus funciones bajo los procedimientos que lleva a cabo actualmente.
En la iniciativa universitaria también se plantean reconocimiento a nuevos modelos educativos, la vinculación con sectores productivos publico y privados ; las acciones de cooperación e intercambio nacional e internacional que favorezcan a la ciencia, tecnología e innovación que a la fecha no están plasmados en la ley.
