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Toluca, Edomex; 9 de octubre de 2019.- Las comparecencias de secretarios del gabinete delmacista ante la Legislatura del Estado de México, ha dejado al descubierto que la relación entre Alfredo Del Mazo y López Obrador ha estado sujeta a desencuentros. La toma de decisiones del gobierno federal ha dificultado el cumplimiento de metas de la administración estatal. Pese a todo, el gobernador ha mantenido la institucionalidad con el presidente de México.

Gabriel O´Shea reveló la complejidad de compra de medicamentos derivado de compras consolidadas cuyas licitaciones se han declarado desiertas. Alejandro Fernández exhibió la cancelación de partidas presupuestales que impidieron concluir la reconstrucción de escuelas afectadas por el sismo. Martha Hilda, en entrevista televisiva, reconoció que la cancelación del aeropuerto en Texcoco ha generado un entorno adverso en la estimación de la generación de empleos. Y Enrique Jacob señaló que la desaparición de ProMéxico, principal promotor de los estados en el extranjero, ha dificultado la promoción de la entidad para la captación de inversión foránea.

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Para entender el eventual pacto de impunidad entre el lopezobradorismo y el anterior sexenio, habría que analizar las votaciones que ocurren en el Congreso de la Unión. Ahí, se ha fortalecido una alianza de facto entre las fracciones de Morena y el Partido Verde durante los últimos doce meses. Lo que llama la atención son los votos de aprobación que han otorgado los legisladores del Verde sin concesiones a las propuestas de la Cuarta Transformación.

Ayer, por ejemplo, la aplanadora morenista aprobó la Ley de Austeridad impulsada por López Obrador. El voto opositor fue contundente por parte de las bancadas del PAN y del PRI. No obstante, el Verde avaló la iniciativa, incluidos los votos de Jesús Alcántara -operador político de Alejandro Moreno- y de Jorge Corona -exsecretario auxiliar de Peña Nieto-. Para no variar, estuvieron ausentes, el priísta Luis Miranda Nava y el petista Óscar González Yáñez.

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En el entramado del aeropuerto de Santa Lucía, el colectivo denominado #NoMásDerroches ha solicitado la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que atraiga los amparos interpuestos, y resuelva en definitiva sobre la legalidad de cancelar el proyecto en Texcoco, y eventualmente avale la construcción de la terminal aérea en la base militar de Zumpango y Tecámac.

Esa sería la última instancia legal que tendrían los empresarios que se oponen al aeropuerto de Santa Lucía. López Obrador confía en que haber fijado a una base militar como sede del puerto aéreo le dará la razón, por intereses de seguridad nacional. Lo cierto es que, quienes rechazan el aeropuerto obradorista han alargado el inicio de su construcción, a casi un año de la consulta ciudadana que resolvió cancelar el proyecto de Texcoco.

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