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OFF THE RECORD

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Toluca, Edomex. 5 de junio de 2019.- El aeropuerto de Santa Lucía contará con los permisos de impacto ambiental en mes próximo. Esa condición destrabaría la suspensión de amparo y permitiría iniciar su construcción. Más allá de las dificultades jurídicas, los mayores obstáculos del aeropuerto en Zumpango se concentran en los aspectos técnicos y financieros. Sin embargo, no se ven elementos suficientes para que López Obrador desista de su propósito por cancelar Texcoco y construir Santa Lucía, como una batalla simbólica contra el sexenio de Peña Nieto.

En el Aeropuerto de Toluca, resulta una incógnita las obras de remodelación que se desarrollarán para mejorar su infraestructura. Las operaciones de la terminal aérea en la capital mexiquense se reducen a vuelos privados. Tampoco se ha dado a conocer la apertura de líneas comerciales. Las condiciones geográficas y climatológicas representan condiciones negativas en su funcionamiento. Pese a todo, Andrés Manuel insiste en que ésta, será una de las alternativas de solución.

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El próximo mes de septiembre, se cumplirán dos años del gobierno de Alfredo Del Mazo, y con ello, del temblor del 19 de septiembre que arrasó con viviendas, escuelas, y otros espacios públicos del sur mexiquense, incluidos sitios históricos, culturales y religiosos. Más allá de las acciones inmediatas en las que se concentró el gobierno estatal, a la fecha no se tiene un balance de lo que se ha logrado reconstruir, y lo que falta por atender. Hay muchas heridas aún abiertas, y se advierte absoluta omisión para regresar a las zonas de devastación que acabaron con el patrimonio de cientos de familias.

El Instituto Mexiquense de Infraestructura Educativa sólo se hizo cargo de las escuelas declaradas como pérdida total. Los espacios escolares que daños estructurales quedaron en abandono. En paralelo, el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social entregó decenas de apoyos económicos, de los que a la fecha nadie sabe los criterios para su reparto. Hay cientos de viviendas que no recibieron ayuda alguna, y a los que las autoridades simplemente nunca atendieron.

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El Poder Judicial presume de una modernización tecnológica en sus procesos. Sin embargo, está muy lejos de transparentar su ejercicio público. Es el poder de mayor opacidad en su modelo de actuación. Pensar que su incorporación a plataformas y procesos digitales implica su apertura es una falacia. Desde el Poder Legislativo, resulta urgente pensar que el Poder Judicial requiere de frenos y contrapesos. Los magistrados y jueces gozan de un poder absoluto que muy pocos cuestionan, vigilan o controlan.

Los procesos de transformación a los que se han sometido el Poder Ejecutivo y la propia Legislatura Estatal debieran alcanzar al Poder Judicial. Un solo ejemplo muestra su incapacidad por adaptarse a los nuevos tiempos: ninguno de los magistrados del Poder Judicial ha hecho pública su declaración tres de tres. Los legisladores locales de la cuarta transformación, tienen en el Poder Judicial, otra oportunidad histórica de generar un contrapeso a quienes se creen intocables.

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