Redacción
Toluca, Edomex; 17 de agosto de 2026.- Una red integrada presuntamente por servidores públicos, exfuncionarios y particulares habría convertido los trámites, permisos y controles tecnológicos de los verificentros del Estado de México en herramientas de presión para extorsionar a concesionarios, con exigencias que llegaron hasta los 500 mil pesos por cada línea de verificación y con una meta de recaudación de 430 millones de pesos adicionales a más tardar en noviembre de 2026.
La investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ubica el inicio del esquema, al menos, en diciembre de 2023. El mecanismo tenía varias vías, desde cobros mensuales, pagos extraordinarios por revalidaciones, cuotas relacionadas con el número de líneas y exigencias denominadas “retroactivas”. La presión, según las indagatorias, podía escalar hasta el bloqueo de los sistemas, la restricción en la entrega de hologramas o amenazas contra los concesionarios y sus familias.
Uno de los primeros episodios documentados ocurrió el 23 de diciembre de 2023, cuando Raúl “N”, entonces Director General de Control de Emisiones Atmosféricas de la Secretaría del Medio Ambiente estatal, habría reunido a propietarios, administradores y representantes de verificentros en un restaurante de la Ciudad de México para comunicarles una nueva condición para continuar operando: 200 mil pesos mensuales por establecimiento, aun cuando tuvieran su documentación en regla.
Ante las amenazas de perder la revalidación, quedar bloqueados o quedarse sin hologramas, algunos concesionarios habrían terminado pagando cantidades de entre 30 mil y 100 mil pesos mensuales, dependiendo de la capacidad de cada centro. Dos meses después apareció otro cobro: un supuesto “retroactivo” de 162 mil 500 pesos por verificentro, bajo el argumento de que habían podido trabajar sin problemas entre octubre y diciembre de 2023.
Pero el esquema no se limitaba al cobro periódico. La Fiscalía documentó que las revalidaciones de las concesiones también fueron utilizadas como mecanismo de presión. En marzo de 2026, Raúl “N” habría enviado un mensaje para exigir 500 mil pesos por cada línea de verificación por revalidaciones que ya habían sido autorizadas desde 2024.
La dimensión económica de esa exigencia explica la cifra de 430 millones de pesos que aparece en las investigaciones. Actualmente existen 878 líneas de verificación en operación en el Estado de México; multiplicadas por los 500 mil pesos exigidos por cada una, representan 439 millones de pesos. De acuerdo con los testimonios incorporados a la carpeta, esa era la “bolsa” que el entramado pretendía reunir a más tardar en noviembre de este año, además de las cuotas mensuales y otros cobros.
El método de presión habría tenido también un componente tecnológico. El Sistema Automatizado de Emisión y Control de Hologramas de Verificación Vehicular (SAECHVV), utilizado para supervisar en tiempo real las verificaciones, podía ser desactivado y reactivado desde el Centro de Control de la Secretaría del Medio Ambiente. Según la Fiscalía, esa posibilidad habría sido aprovechada para cerrar remotamente establecimientos por supuestas irregularidades y posteriormente condicionar su reapertura.
Las causas para bloquear un verificentro podían ir desde un logotipo deteriorado o equipos de cómputo desactualizados hasta diferencias entre la inspección de un vehículo y las imágenes captadas por las cámaras. A ello se sumaba el control sobre los hologramas: cuando un centro agotaba los engomados autorizados, se restringía su operación y la entrega de más hologramas podía convertirse en otra vía de presión.
La investigación también apunta a un intento por quedarse con parte de los propios negocios. Algunos concesionarios habrían sido presionados para entregar porcentajes de sus empresas, después de enfrentar obstáculos en sus procesos de revalidación. Incluso se habrían utilizado dos razones sociales relacionadas con los investigados, mientras los presuntos operadores presumían contar con “protección de políticos”.
El caso llegó a una nueva fase entre el 10 y el 14 de agosto, cuando la FGJEM aseguró cinco verificentros ubicados en Nezahualcóyotl, Almoloya de Juárez, Coacalco y Tlalnepantla, además de realizar cateos en oficinas de la Secretaría de Medio Ambiente en Tlalnepantla y Metepec. La Fiscalía investiga otros establecimientos que podrían estar relacionados con modificaciones de concesiones para ampliar servicios originalmente autorizados sólo para agencias automotrices.
Raúl “N” y Carlos Eduardo “N” fueron detenidos el 10 de agosto. El primero fue vinculado a proceso por extorsión agravada y el segundo por abuso de autoridad; ambos permanecen en prisión preventiva justificada. La investigación continúa para determinar el alcance de la red y cuántos verificentros pudieron ser afectados.
En el Estado de México circulan más de 7 millones de vehículos sujetos a verificación semestral, lo que convierte a los 163 verificentros y sus 878 líneas en una red de negocios con un flujo económico considerable. El expediente, sin embargo, plantea una dimensión todavía mayor: no sólo se habría buscado cobrar a los concesionarios, sino trasladar parte del costo de la extorsión a los automovilistas mediante los llamados “pagos por brincos”, para evitar multas cuando los vehículos no aprobaban las pruebas o realizaban la verificación fuera de plazo.
Los señalados deben ser considerados inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria en su contra. La FGJEM mantiene abiertas las indagatorias para establecer responsabilidades adicionales y determinar el destino de los recursos que, de acuerdo con la hipótesis ministerial, el grupo pretendía obtener antes de noviembre.
