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Entregan plan de trabajo para atender alerta de violencia de género por desapariciones

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Israel Dávila

Toluca, Edomex 14 de enero del 2020.-  El Gobierno del Estado de México informó que entregó a la Comisión  Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), del Programa de Trabajo al que se apegará para la atención de la segunda declaratoria de alerta de violencia de género para siete municipios mexiquenses, ahora por la problemática de la desaparición de mujeres, adolescentes y niñas.

En un comunicado de medios, la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos del gobierno mexiquense explicó que  el programa contempla las medidas jurídicas, de fortalecimiento institucional, de construcción de datos y conocimiento, de capacitación y atención, asistencia y reparación a víctimas que se emprenderá para atender y combatir este fenómeno en la entidad, en especial en los municipios de  Toluca, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ixtapaluca y Valle de Chalco, donde fue decretada la alerta de violencia de género por desaparición.

La segunda alerta de género  decretada en la entidad se emitió en julio pasado, pero fue hasta octubre cuando se dio a conocer públicamente. Esta alerta fue solicitada por diversos organismos civiles que demandaron a la Secretaría de Gobernación emitirla ante el elevado número de casos de desapariciones de mujeres, adolescentes y niñas en la entidad. En el diagnóstico entregado, los organismos contabilizaron casi 4 mil casos de desapariciones en el estado, en los últimos años, de los cuales, mas del 45 por ciento correspondía a mujeres.

La Conavim instruyó al gobierno de Alfredo Del Mazo desarrollar una docena de medidas de prevención para comenzar a atender la problemática y le ordenó que en un plazo no mayor a seis meses entregara un plan de trabajo detallado de las acciones que se emprenderían a corto plazo.

En el plan de trabajo turnado a la Conavim se preven acciones en   materia jurídica, como busca armonizar el marco legal relacionado con la desaparición forzada y la desaparición cometida por particulares, para lo cual se proponen acciones como conformar una comisión legislativa y comisiones en los cabildos municipales que se encarguen de dicho proceso, presentar reformas en el Legislativo y actualizar los protocolos en caso de desaparición.

En este sentido, cabe resaltar que en diciembre pasado, el Congreso mexiquense ya aprobó la Ley de Desaparición Forzada y Cometida por Particulares en el Estado de México, por lo que ya existe un instrumento legal.

Para fortalecer las instituciones se prevé emitir el Programa Estatal de Búsqueda, diseñar un modelo de selección, capacitación y evaluación continua del desempeño del personal que atienda a víctimas de desaparición, generar estrategias preventivas y fortalecer y consolidar la Unidad de Análisis y Contexto de la Fiscalía estatal.

También se contemplan  georreferenciar cada uno de los casos de desaparición, implementar un mecanismo de acopio y resguardo de datos de personas desaparecidas  para ir generando un sistema de información que permita conocer a fondo el fenómeno.

Además se prevé diseñar modelos de evaluación continua y programas especializados de capacitación en materia jurídica para  garantizar la capacitación de servidoras y servidores públicos del Gobierno del Estado, de los municipios y de organismos autónomos.

En materia de atención, asistencia y reparación del daño, crearán protocolos sobre medidas especiales de protección y de atención integral a víctimas, y se elaborará un programa de reparación del daño.

En el comunicado se informó que  las medidas fueron elaboradas con la participación de colectivos y especialistas y estas comenzarán a implementarse de manera inmediata y deberán mostrar los primeros resultados medibles en un plazo máximo de un año.

Las instancias encargadas de desarrollarlas, además de los municipios involucrados, son la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Comisión de Búsqueda de Personas; la Fiscalía General de Justicia de la entidad; la Legislatura del Estado de México y el Poder Judicial mexiquense, además del el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) y la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM).

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