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EDITORIAL (15-04-2019)

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En el momento histórico que vive el país, es inaplazable que los gobiernos y sus instituciones combatan con eficacia a los poderes fácticos. La toma de decisiones del acontecer público compete única y exclusivamente a las instancias gubernamentales en el ejercicio de la ley; así como la inclusión social de todos los sectores de la población en la encomienda de atender sus necesidades.

Al eterno delegado del transporte público en el estado, Odilón López Nava le ha parecido una idea genial desaparecer la escuela normal rural de Tenería ubicada en Tenancingo. Desde su privilegiada posición económica, le pasa desapercibido la naturaleza de estas escuelas; y demuestra desconocimiento del acoso que han padecido estas instituciones desde el gobierno durante las últimas décadas.

Pero tampoco se puede pedir mucho de la visión de los concesionarios del transporte público, cobijados por sus relaciones con el poder político.

Más allá de los conflictos sociales y estigmas colectivos, es importante establecer, que las normales rurales -donde se incluye Tenería-, son parte de un proyecto que implica una de las pocas vías de ascenso social que tienen los jóvenes de municipios rurales, en las que tienen acceso a educación, hospedaje, alimentación y, posteriormente, a un trabajo calificado. Además, representan una parte central de futuros profesores en aula, que carecen de las condiciones mínimas para su formación, responsabilidad del gobierno.

Mientras en los últimos meses, la discusión pública se concentra en la eliminación presupuestal de las estancias infantiles; pocas voces, casi nulas, se pronuncian sobre la disminución del presupuesto de las escuelas rurales, que sufren no sólo el abandono del gobierno, sino el desprestigio por parte de un gran sector de la opinión pública. En esencia, tienen los mismos derechos los infantes de una guardería en condiciones óptimas, como los jóvenes rurales con deseos de su formación y desarrollo profesional.

Para documentar el desdén a la normales rurales: hace una década, el entonces gobernador de Hidalgo, Miguel Ángel Osorio Chong concretó la desaparición de El Mexe; después de años de mermar su matrícula y reducir su presupuesto. En el Estado de México, los últimos gobernadores -incluido Peña Nieto- han intentado cerrar la Escuela Normal de Tenería mediante la reducción del número de estudiantes; así como del presupuesto asignado y el cierre del internado.

Y si tanta preocupación tienen los concesionarios del transporte público por el cumplimiento con las leyes, habría que revisar los motivos que desde hace años han impedido tener en el Valle de Toluca un sistema articulado como el Mexibus del Valle de México; o bien, las medidas internas que tienen para contratar y capacitar a los operadores de las unidades de pasajeros; sin dejar de lado la inoperante renovación del parque vehicular concesionado.

Es inobjetable que, los concesionarios operan como un poder fáctico, donde hace algunas semanas soltaron un intento por chantajear al gobierno estatal para incrementar las tarifas del transporte público sin tener la autorización oficial. En esa lógica de la Canapat, y su eterno liderazgo, se busca hacer la ley, pero en los bueyes de mi compadre. Es decir, que se criminalice a los estudiantes de la Normal de Tenería, pero para que los transportistas que se mantengan sus privilegios económicos y sociales.

El futuro de las Escuelas Normales Rurales debe ser una decisión exclusiva del gobierno estatal, y en determinado momento, atender las necesidades de su comunidad docente, administrativa y estudiantil.

Y no ceder a poderes fácticos que pretenden poner orden en ámbitos que no les corresponden, cuando el transporte público no cumple, con lo necesario para con la ley, ni para sus operadores, y mucho menos para sus usuarios.

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