En un albazo a la economía familiar de los mexiquenses, el gobernador Eruviel Ávila Villegas oficializó durante el fin de semana el incremento a las tarifas mínimas del transporte público, exactamente a siete días de abandonar el cargo, y evitar con ello que el costo político sea asumido por su sucesor, Alfredo del Mazo Maza; además de evitar mayores reclamos en medio de los festejos patrios, los protocolos cívicos y los preparativos del cambio de gobierno.
Desde principios del año, como consecuencia de la liberalización del precio de los energéticos, los transportistas mexiquenses decidieron subir el costo del pasaje sin tener una autorización oficial del gobierno. Sin embargo, las autoridades transportistas fueron omisas durante ocho meses, y fueron permisivos para que los concesionarios cobraran la tarifa que coincidentemente las instancias gubernamentales determinaron fijar el sábado anterior.
Esa conducta cómplice entre las autoridades y los concesionarios, pone de manifiesto que el transporte público prevalece como un sector clientelar de indeterminados alcances en tiempos electoreros. Así, mientras se desarrollaban las campañas electorales y los comicios de gobernador, desde las instituciones de gobierno se evitaba hablar del aumento, pero tampoco nada se hacía para evitar el cobro de tarifas no autorizadas en detrimento de los usuarios.
A la distancia, cientos de transportistas mexiquenses -algunos vinculados con políticos prominentes de la entidad- hicieron lo necesario también para promover, activar y movilizar el voto a favor del partido en el poder, a cambio de conservar sus intereses, sus privilegios, sus canonjías y sus negocios. Y evitar con ello, la alternancia, la derrota y la pérdida de sus propias ganancias.
El transporte público opera como un brazo articulador de elecciones, capaz de ejercer un voto corporativo, pero también para el uso de sus unidades en la movilización de militantes y simpatizantes del partido en el poder, ya sea para eventos políticos o el día de la elección.
La sinergia entre el priísmo y el transporte concesionado parece imbricarse en busca de sus intereses comunes, conservar el poder público, para obtener beneficios clientelares: el poder público, las concesiones del transporte, una despensa, una beca o la tarjeta rosa, cada sector tiene lo suyo, y busca lo propio.
La impunidad en la que operan las concesiones del servicio de pasajeros, posibilita que el transporte público cobre tarifas discrecionales, incumpla normas y reglas mínimas, como la edad y capacitación de sus conductores, y preste el servicio en unidades chatarra, que ponen en riesgo la integridad del usuario y laceran el entorno por sus condiciones altamente contaminantes.
Sin embargo, tras el anuncio oficial del aumento a las tarifas del transporte pública, viene acompañado de la promesa infinita de los concesionarios por renovar el parque vehicular, capacitar a su personal y prestar un servicio de calidad, en una condición que resulta inalcanzable porque así lo han prometido a cada aumento tarifario, con la complacencia de las autoridades mexiquenses.
Eruviel se va con un repudio absoluto, por una medida “costosa” asumida tras la elección más competida de la historia, para evitar que Alfredo del Mazo deba sortear con ese costo político, aunque muy probablemente dentro de seis años sea Alfredo quien tome decisiones impopulares, para abrir paso a su sucesor, y así la historia cíclica de componendas permita a la élite política y económica hacer que prevalezcan y se conserven sus privilegios.
