Redacción
Ciudad de México, 4 de noviembre del 2026.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, incorporó a la Lista de Personas Bloqueadas a 40 personas (25 físicas y 15 morales) vinculadas con proveedores electorales y presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que esta instancia investigue y determine si se configura algún delito.
A través de un comunicado de medios, la dependencia del gobierno federal informó que, derivado de los análisis financieros realizados en el ámbito de sus atribuciones, la UIF determinó la incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas de 25 personas físicas y 15 personas morales, vinculadas con proveedores electorales, tras identificar operaciones financieras que presentan elementos de riesgo y ameritan su revisión por parte de las autoridades competentes.
La dependencia señaló que se trata de una medida preventiva y precautoria de carácter administrativo y no implica una determinación de responsabilidad definitiva. Las personas incorporadas, de las cuales no se reveló la identidad, cuentan con los mecanismos de defensa y la garantía de audiencia previstos en la legislación aplicable.
No obstante ha trascendido que entre estas personas a quienes se les congelaron las cuentas se encuentra la ex presidenta del INE. Guadalupe Taddei, algunos de sus colaboradores y de manera evidente los hermanos Francisco y Alfredo Hernández Casillas, quienes controlan al menos cuatro de las empresas dedicadas a producir material y documentación electoral y suministrar estos insumos tanto al INE como a los Oples, al menos , desde hace 20 años.
La Secretaría de Hacienda explicó en el comunicado que de los análisis financieros y los elementos de riesgo identificados, la UIF presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR), con el propósito de que esta autoridad, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y determine, conforme a derecho, las posibles responsabilidades que pudieran derivarse de estos hechos.
La UIF reiteró que parte de su tarea es prevenir, detectar y combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita, mediante el análisis de información financiera y la coordinación con las autoridades competentes, garantizando en todo momento el respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos de las personas involucradas.
