Francisco Ledesma
Toluca, Edomex; 4 de noviembre de 2026.– La violencia política contra las mujeres en razón de género también se ha trasladado a los entornos digitales, donde la difusión de imágenes, mensajes y contenidos privados, incluso manipulados mediante inteligencia artificial, se utiliza para desacreditar su participación pública y cuestionar sus capacidades, advirtió la consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), Amalia Pulido Gómez.
Durante la 36ª Sesión Ordinaria del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de México, Pulido Gómez señaló que el incremento de mujeres en espacios de toma de decisiones ha estado acompañado de nuevas expresiones de violencia, algunas de ellas desplegadas a través de plataformas digitales y medios de comunicación.
Explicó que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia reconoce la violencia digital y mediática. La primera contempla la difusión, exhibición, transmisión o comercialización de contenido íntimo, real o simulado, sin consentimiento, mientras que la segunda comprende expresiones que reproducen estereotipos sexistas, promueven la violencia contra las mujeres o difunden discursos de odio.
La consejera presidenta subrayó que las agresiones no se limitan a las plataformas digitales, pues sus consecuencias pueden llevar a las mujeres a abandonar la política, reducir su presencia pública o desistir de participar en una contienda electoral.
Como referencia, citó estudios de ONU Mujeres que documentan los efectos de estas prácticas. Uno de ellos, realizado en 2022 en América Latina, identificó que 80 por ciento de las mujeres con presencia pública limitó su participación en redes sociales, 40 por ciento se autocensuró y 80 por ciento manifestó temor por su integridad física.
En los datos expuestos sobre las candidaturas que participaron en el proceso electoral 2023-2024, las agresiones en el entorno territorial afectaron a 80.5 por ciento de las candidaturas federales y 84 por ciento de las estatales. En el ámbito digital, la incidencia alcanzó 80 por ciento en ambos niveles.
Para las mujeres que compitieron por cargos municipales, la violencia psicológica se presentó en 93 por ciento de los casos, mientras que la simbólica y la digital registraron incidencias cercanas a ocho de cada diez candidatas.
Amalia Pulido Gómez explicó que el IEEM cuenta con atribuciones específicas para atender estas conductas, principalmente mediante el procedimiento especial sancionador. En este mecanismo, el instituto investiga, integra los expedientes y puede dictar medidas cautelares y de protección; sin embargo, corresponde al Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) determinar si existió violencia política de género y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes.
Entre las posibles medidas de reparación se encuentran las disculpas públicas, la inscripción de las personas responsables en los registros correspondientes y las medidas de no repetición. También existen otras vías de atención, como el juicio para la protección de los derechos político-electorales, la denuncia penal ante las fiscalías especializadas y los procedimientos de responsabilidad administrativa cuando la persona señalada es servidora pública.
Pulido Gómez identificó tres características de la violencia digital: su propagación acelerada, la posibilidad de ocultarse detrás del anonimato y la dificultad para contener su difusión una vez que los contenidos circulan en las plataformas.
Por su parte, la magistrada presidenta del TEEM, Arlen Siu Jaime Merlos, advirtió que la violencia política contra las mujeres se ha convertido en una de las principales barreras para su participación en espacios de decisión.
Al referirse a informes de ONU Mujeres, señaló que persisten retrocesos en el liderazgo femenino en la política, la justicia, el ámbito empresarial y el reconocimiento académico. Agregó que estas condiciones señalan que la igualdad se alcanzará hasta el año 2197, lo que aleja la posibilidad de alcanzar la igualdad sustantiva y obliga a fortalecer los mecanismos institucionales de protección.
Jaime Merlos sostuvo que el espacio digital también forma parte del espacio democrático, por lo que resulta necesario generar mayor información sobre las formas en que se manifiesta la violencia política contra las mujeres en esos entornos, sus características, efectos y necesidades de atención.
