Redacción
Almoloya de Juárez, Edomex. 23 de junio del 2016.- El ministerio público adscrito a los juzgados de control de Toluca, con sede en el penal de Santiaguito, solicitó a un juez de control, imponer la pena máxima, de 10 años de prisión, al ex alcalde de Naucalpan, el priísta David Sánchez Guevara, al considerar que las pruebas que ha reunido son suficientes para demostrar su culpabilidad en el delito de peculado.
Además ha solicitado que se le inhabilite por 20 años para poder ocupar un cargo público, pero sobre todo que resarza el daño ocasionado a la hacienda pública.
En la audiencia intermedia que se desarrolla dentro de la causa penal 1580/2015, y que fue suspendida para retomarse el 6 de julio entrante, el juez de control solicitó al ministerio público y a la defensa del ex edil acordar las pruebas que ambos presentarán durante el desahogo del juicio oral, próximo a iniciar.
David Sánchez está acusado de desvió de recursos por 5 millones 824 mil 895 pesos que serían destinados a obra pública, en el programa Banqueta Digna. El recurso fue pagado a la constructora Arcoíris, S. A de C. V. pero en las auditorias de obra que el Órgano Superior de Fiscalización del estado de México (Osfem) se comprobó que no existen físicamente los trabajos que justifiquen la erogación de esta cantidad.
En el expediente, el ministerio público asegura que el 24 de diciembre del 2014, Sánchez Guevara y el tesorero del ayuntamiento de Naucalpan firmaron un cheque por 5 millones 824 mil pesos a favor de esta constructora, quien había ganado la licitación para realizar la remodelación y rehabilitación de las aceras del municipio, a través del programa Banqueta Digna. El cheque se hizo efectivo el 7 de enero del año pasado.
Cuando el Osfem comprobó físicamente que la remodelación de las aceras no se hizo, la constructora trató de justificar las obras con fotos de trabajos realizados por el ayuntamiento un año antes.
Este juicio podría resolverse en un par de meses y David Sánchez Guevara recibiría su primera sentencia de encontrarlo responsable del peculado que se le acusa.
Esta no es la única imputación que pesa en su contra. En la misma causa penal, se le acusa de haber desviado 408 mil pesos, que presuntamente pagó a una empresa para construir un andador en el barrio de San Rafael Chimalpa, que jamás se edificó. El proceso que se le sigue por este hecho se encuentra suspendido a la espera de que se resuelva un amparo.
Lo mismo sucede en la causa penal 1782/2015, donde se le acusa de peculado por 9 millones de pesos por haber pagado a un particular casi 9 millones de pesos por unos uniformes para empleados sindicalizados del ayuntamiento, los cuales nunca fueron entregados.
