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Toluca, Edomex; 29 de mayo de 2020.- La nueva normalidad deberá replantear distintos procesos administrativos y gubernamentales. La emergencia sanitaria exige de explorar alternativas en el cuidado del medio ambiente. La verificación vehicular del primer semestre del año, la pudieron realizar menos de la mitad de automóviles que estaban obligados. Luego vino la jornada de sana distancia y la suspensión de tareas no esenciales. Es un hecho: los verificentros no abrirán hasta el mes de julio o agosto. El Hoy No Circula seguirá vigente hasta el mes de julio. Y los automotores seguirán circulando sin muchas restricciones.

En paralelo, es un secreto a voces la rampante corrupción que prevalece en los verificentros para sortear la entrega de hologramas. Las autoridades ambientales no han podido contener la contaminación atmosférica. Hay cientos de unidades altamente contaminantes que logran verificarse. En esencia, se privilegia más el negocio por encima del beneficio ecológico. La verificación hoy es obsoleta si se considera que no cumple sus objetivos específicos.

Han pasado ya cinco meses, desde que las autoridades estatales autorizaron el aumento a las tarifas del transporte público. Los usuarios han absorbido el impacto económico sin muchas resistencias. Hasta el momento, no se conocen las mejoras del servicio de pasajeros. En circulación, se mantienen muchas unidades destartaladas. Subirse al transporte público, en estos días, no sólo es un riesgo de inseguridad, ahora también de eventual contagio por COVID-19.

La “nueva normalidad” exige de una mejora constante en el servicio público de pasajeros. Entre las muchas acciones por recorrer se debe garantizar la sana distancia en sus unidades. Explorar nuevas formas de pago que disminuyan manejo de dinero en efectivo. Disminuir los agentes contaminantes de autobuses y combis hacia el medio ambiente. Reducir los riesgos de contagio entre los usuarios. Y mejorar la calidad del servicio ante el incremento en sus tarifas.

El sistema penitenciario se encuentra colapsado desde hace más de dos décadas. En 22 penales estatales con capacidad para 13 mil internos, existen 30 mil personas privadas de su libertad. Las condiciones de hacinamiento impiden cualquier posibilidad de readaptación social. El esquema carcelario es un rotundo fracaso, hoy con severas amenazas sanitarias. Es urgente, inaplazable, explorar una reforma a las penas carcelarias. Disminuir la sobrepoblación, resarcir los daños a las víctimas y evitar la impunidad de los criminales, como premisas.

Una más: disminuir la burocracia en todos los ámbitos de gobierno. Hoy, más que nunca, se ha logrado identificar en cada oficina institucional quiénes realizan actividades esenciales, y quienes más, simplemente no se justifica su plaza en la nómina. Ahí puede generarse un ahorro presupuestal sustantivo. El fomento al trabajo en casa y tareas a distancia, de vez en cuando, también pueden ser alternativas para mejorar la calidad de vida de los burócratas, e incluso reducir costos financieros, materiales y humanos, en cientos de oficinas públicas.

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