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OFF THE RECORD 23-11-2021

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Toluca, Edomex; 23 de noviembre de 2021.- El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles es una prioridad para el Gobierno de México. Su inauguración en marzo próximo significará el triunfo simbólico de la denominada Cuarta Transformación sobre la cancelación del aeropuerto en Texcoco del periodo neoliberal. Para superar todos los obstáculos, el presidente López Obrador hace uso de todos los instrumentos legales, humanos, financieros e institucionales; y ayer, declaró todos los proyectos de la 4t de interés público y de seguridad nacional.

El efecto inmediato es que, todas las instancias federales deberán emitir todos los permisos que sean necesarios para realizar la construcción de los proyectos de infraestructura del sexenio: la refinería de Dos Bocas; el Tren Maya y el Aeropuerto Felipe Ángeles en Santa Lucía. Esa declaratoria también abre la puerta para la opacidad y reservar todos los procesos de licitación relacionados.

La prioridad del proyecto aeroportuario es la justificación idónea para que, el gobierno de Alfredo Del Mazo busque un nuevo endeudamiento para ejercerlo el año entrante en obras complementarias a la terminal aérea. El nuevo crédito alcanzaría los nueve mil 500 millones de pesos.

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El proyecto presupuestal presentado por el Poder Ejecutivo ante la Legislatura Estatal el pasado domingo, podría tener una muy rápida discusión, y una eventual aprobación antes del 15 de diciembre. Hay tres aspectos que podría resolver el debate entre las fracciones legislativas y las pretensiones financieras.

Por un lado, existe una legislatura de mayores equilibrios en las posturas políticas; el año entrante, al no ser electoral, tiene menores resistencias para aprobarle un amplio presupuesto al gobernador; y ahora sí, negociar con la bancada priísta, implica tener una interlocución directa con el mandatario estatal; no como hace tres años, cuando el coordinador debía acordar con el subsecretario general de gobierno.

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Otra vez la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) ha vuelto a la escena pública por sus implicaciones en la Estafa Maestra. Este miércoles, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinará si el exapoderado legal de la institución universitaria, Hugo Manuel del Pozzo Rodríguez, debe resarcir 157.5 millones de pesos por diversas irregularidades en la prestación de servicios a favor de la Secretaría de Desarrollo Social que encabezaba Rosario Robles.

Hace un par de años, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa confirmaron la responsabilidad resarcitoria por parte de Del Pozzo Rodríguez, y su vinculación con el caso de la Estafa Maestra, impuesta por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El exfuncionario incurrió en omisiones al no supervisar la correcta integración y puesta en marcha de ventanillas de atención para el padrón de beneficiarios al programa de Pensión para Adultos Mayores.

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