Toluca, Edomex; 22 de junio de 2026.- A cada escándalo que estalla en el régimen morenista, la estrategia parece apostarle al olvido. La memoria de corto plazo y que venga otra coyuntura que supere a la anterior. De ahí la desconfianza para que trascienda un eventual castigo a lo que ocurre con la alcaldesa de Tenancingo, Nancy Nápoles, acusada de simular un secuestro para ocultar un desfalco millonario en el gobierno municipal. Sin embargo, no es el primer escándalo de posible corrupción que ha estallado en el presente año. No se trata de una cacería de brujas, pero nada parece tener consecuencias.
A nivel municipal, salta a la vista la conducta de Juana Peñaloza, alcaldesa de El Oro, quien fue señalada por sus propios regidores de un manejo irregular en el presupuesto público. La gestión de la morenista acumula por racimos las renuncias de secretarios del ayuntamiento, tesoreros y directores de gobierno que no aceptaron ser cómplices de su ejercicio de gobierno. En el ámbito jurídico nada ocurrió. Todo se resolvió en el tema político. Se sometió a los regidores y no hubo siquiera una investigación abierta en el municipio.
En el ámbito estatal, se pudo conocer de la venta de plazas en la Secretaría de Educación. También trascendió la existencia de una red de aviadores. Hubo despidos de mandos medios y superiores. Un expediente iniciado por la Fiscalía de Justicia. La promesa de sancionar conductas irregulares. Lo cierto es que no se ha actuado con la misma celeridad de otros casos. Ni con la misma apertura para saber qué ocurrió y quiénes podrían ser responsables de la ilegalidad. La apuesta apunta a que la desmemoria haga lo necesario.
Otra expectativa relevante es la actuación del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México. Superar la etapa priísta donde el OSFEM era un brazo político donde se auditaba demasiado, pero se castigaba poco. Y cuando las irregularidades saltaban a la luz, sólo era como medida de apremio con intencionalidad política. Hoy, parece ser que todos los alcaldes tienen carta de buena conducta en sus auditorías y cuentas públicas reportadas. En un gobierno que llegó con la promesa de combatir la corrupción: la transparencia y la rendición de cuentas deberían ser una condición irrenunciable y permanente.
Tenancingo puede convertirse en un referente para resolver expedientes envueltos en una trama de corrupción. Lo deseable es que impere el ejercicio de la legalidad. Que se eviten las represalias políticas o acciones judiciales que tengan un trasfondo electoral. La aplicación de la ley debe ser un asunto de pruebas y apartarse de las elecciones que son un asunto de votos. Aquí son varias las instituciones puestas a prueba, incluidos sus titulares. Su resultado será un parámetro de resultados para un gobierno con la promesa de acabar con la corrupción en todos los niveles.
