Francisco Ledesma / La promesa inacabada o incumplida
La corrupción no se acaba por decreto. Permanece ahí en todos los espacios de poder público. No pertenece a un partido político en exclusiva. Tampoco es inherente a una ideología en particular. Toda la clase gobernante manifiesta combatirla. Caen peces gordos y charalitos, pero prevalece como mal necesario.
En los últimos meses, el gobierno delfinista ha pretendido sacudir el sistema corruptor mediante la detención de altos funcionarios involucrados con una red de aviadores y acciones extorsivas en agravio de verificentros. La acción determinada manda un mensaje de combate a la impunidad, como principal factor para que los abusos y los excesos se mantengan vigentes.
En el listado de lecciones, el régimen morenista queda exhibido, porque quienes hoy están en la cárcel son funcionarios del gobierno que prometió la transformación, que por ahora sólo envía mensajes sobre la deformación.
La buena voluntad de la gobernadora en turno resulta insuficiente, porque sus colaboradores han traicionado la confianza en el ejercicio del poder, en la medida que han incurrido en la ilegalidad. Unos, porque dieron de alta a personas que cobraban en la nómina sin trabajar; otros, porque usaron su encargo para extorsionar a concesionarios privados propietarios de verificentros.
Tampoco se puede advertir que es el primer gobierno que usa el ejercicio de la acción penal contra altos funcionarios por acciones indebidas. Los últimos cuatro gobernadores priístas también arremetieron contra alcaldes, sin importar que se tratara de su mismo partido político, para lanzar escarmientos.
Arturo Montiel encarceló al exalcalde de Tecámac Eduardo Bernal por peculado. Peña Nieto metió a prisión a Leonardo Bravo (exalcalde de Zinacantepec) por un desvío de recursos de 91 millones de pesos. Eruviel Ávila configuró una estrategia para encarcelar al priísta David Sánchez Guevara -exedil de Naucalpan-, también por peculado. Mientras que Alfredo Del Mazo apresó al morenista Gerardo Nava, también de Zinacantepec, por tentativa de homicidio.
Resulta repetitiva, la evocación de todos los gobiernos y su clase política para combatir la corrupción. Desde hoy, podríamos anticipar que, para las elecciones de 2027, esa será una premisa fundamental de quienes pidan el voto para convertirse en presidentes municipales durante los próximos tres años.
Lo cierto es que, ningún partido político ha logrado extirpar de sus filas, el abuso del presupuesto público en su manejo, a veces discrecional, otras tantas ilegal.
Los funcionarios hoy detenidos son un aliciente, aunque muy seguramente sólo quedarán como un anecdotario, como otros altos servidores que abusaron de su encargo y terminaron en prisión, porque todos apuestan a la impunidad.
Faltan historias por contar y mucha tinta que imprimir para entender que la corrupción alcanza a todos los niveles; y en todas las esferas del ejercicio público. En el Estado de México, la escuela es larga y alcanza a consejeros electorales destituidos de su encargo por la sospecha de sobreprecios en material electoral; exrectores defenestrados de la escena pública por la Estafa Maestra, o recientemente, por la amenaza de dejar las “arcas vacías”.
Por ahora, la receta parece inacabada. Lo que se combate por ahora, es la impunidad, pero eso no garantiza que la corrupción vuelva a aparecer en cualquier momento, desde el desvío de recursos, sobreprecios, nóminas alteradas, contrataciones pactadas, entre otros monumentos de ilegalidad.
Y es ahí, donde el régimen morenista mantiene una promesa incumplida, ya sea por inacción, omisión, negligencia o incapacidad, porque el sistema político, cuando despertó, la corrupción seguía ahí.
