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Toluca, Edomex. 17 de junio de 2016.- La procuración de justicia atraviesa una severa crisis institucional, frente a una penosa y vergonzosa displicencia de las autoridades mexiquenses. Los delitos de alto impacto han traspasado su impacto referencial en los medios, para ser parte de una honda preocupación entre la sociedad civil. En la conversación cotidiana, la percepción de inseguridad colapsa cualquier intento discursivo por evadir una realidad que contradice las cifras, la estadística y el autoelogio. La inseguridad es irrefrenable y trastoca todo.

En Metepec, hace una semana, se reportó la desaparición de Josefina Chávez Fernández de 60 años de edad, y de su hija Stephanie Cossart Chávez de 29 años de edad. En información extraoficial, la activista Isabel Miranda de Wallace difundió a través de twitter que ambas fueron encontradas muertas en Playa Boquitas. La autoridad ministerial hasta ahora no se ha pronunciado sobre un caso que impacta en Metepec, un municipio que ha comenzado a perder la tranquilidad. De confirmarse la desgracia, la procuración de justicia tiene un desafío singular para dar explicaciones, respuestas, pero sobre todo evitar el mayor lastre de su descrédito, la impunidad rampante.

violacion_etn_planamayor2También en el Estado de México, en un caso que ha conmocionado a la opinión pública en el país se registró una violación en agravio de Margarita Ortiz Macías, la cual habría ocurrido a bordo de un autobús de la línea ETN, que cubría la ruta Ciudad de México – San Luis Potosí, pero cuyos hechos se registraron a la altura de Tepotzotlán, en el problemático Estado de México. La víctima ya presentó su denuncia ante la Procuraduría General de Justicia por actos que ocurrieron el pasado 7 de junio. El caso ha alcanzado una inusitada atención mediática, mientras las instituciones ministeriales permanecen omisas, ausentes.

Alejandro Gómez Sánchez, procurador mexiquense, permanece en su bajo perfil, sin asumir sus responsabilidades ni aclarar dos hechos que han pegado hondo en su cargo. El funcionario estatal -afecto a las fiestas dispendiosas en la Hacienda Jajalpa y a hospedarse en hoteles de lujo de la capital mexiquense con cargo al erario público-, permanece desde hace meses oculto de la escena pública. Confrontado con Pepe Manzur en lo privado, ha optado por evitar los reflectores. Sus intenciones por encabezar la nueva Fiscalía Especial debieran encaminarse a su renuncia inmediata.

Los resultados del Mando Único son altamente cuestionables. La estrategia de la Comisión Estatal de Seguridad, cuyo jefe superior es José Manzur, parece limitarse a una firma que concitó a más de 100 alcaldes. No hay hasta ahora una reducción de la violencia ni un ápice en el combate a la delincuencia. Dos pinceladas del crimen en el Estado de México obligarían en estricto sentido a los funcionarios del más alto nivel para su separación de cargo, por encima de sus aspiraciones personales en la víspera electoral. Sin embargo, Eruviel consiente y asiente la criminalidad creciente.

Desde la sociedad civil, parece ésta una sacudida suficiente para exigir a las autoridades estatales una respuesta inmediata. No basta la indignación en redes sociales para hacer que las cosas cambien. Parece que gana la indiferencia ciudadana que el reclamo comunitario. Lo cierto es que si la sociedad aguarda a expresar su rechazo y su reproche, el PRI debería estar preocupado si la elección del año entrante fuera un referéndum ciudadano del actual gobierno.

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