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Toluca, Edomex. 11 de septiembre de 2018.- Maurilio Hernández y la bancada morenista tendrán una acentuada carga de trabajo de aquí a diciembre. Desde el poder central que viene ejerciendo Andrés Manuel López Obrador -como presidente electo-, se ha instruido modificar la Ley Orgánica y el reglamento del Poder Legislativo, con el propósito de adecuarlo a los nuevos tiempos con dos temas fundamentales: la austeridad del gasto público y construir un contrapeso al gobernador en turno. Se trata de modificar las rutinas y los vicios que durante cuarenta años el Grupo Atlacomulco asentó en la Legislatura Estatal.

De las reformas sustanciales, en la vida interna del Poder Legislativo, implicará de arranque: reducción de comisiones  legislativas para eficientar el trabajo de los diputados locales, y conservar las indispensables; sesionar dos veces por semana, como ocurre en San Lázaro; disminuir el presupuesto en un 30 por ciento, particularmente el destinado a contratación de asesores, y gasto de combustible y telefonía. Adiós a los privilegios, al letargo legislativo y a la complacencia entre poderes. Ahora, no vaya a ser que los que encontraron resquicios para quedarse tres años, terminen por decidir que ya no es negocio.

Un apartado significativo, está vinculado con los nombramientos de los titulares de las dependencias del Poder Legislativo: Oficialía Mayor, Administración, Contraloría, Comunicación Social e Inesle. Se trata de que estas posiciones dejen de ser una repartición partidista, y claro está, que su designación no sea casi vitalicia, y su vigencia no rebase los tres años de cada Legislatura. Frente a un paradigma que parecía intacto, entre la opinión pública podrían mostrar resistencia a lo inevitable: la renovación de quienes toman las decisiones.

Una decisión ya tomada será la supresión del Programa de Acción Comunitaria (PAC), un esquema clientelar mediante el cual cada diputado tenía acceso a la gestión social de diversos materiales e insumos por 2.5 millones de pesos anualmente. El PAC permitía una subordinación de los legisladores hacia el Poder Ejecutivo; y sentar una clientela electoral del diputado hacia sus votantes. La idea es que ese fondo financiero se ocupe de forma libre, y sin fines electoreros, para asuntos prioritarios como la reconstrucción de zonas afectadas por el temblor.

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Las calles se inundaron de estudiantes universitarios, en una marcha genuina que exige justicia y seguridad. Las causas de la movilización se pueden resumir en una violencia que lacera a los jóvenes, y muy especialmente a las mujeres. Es insultante el silencio, la indiferencia y el desdén de la Fiscalía General de Justicia ante los índices de violencia, y su incapacidad para resolver los crímenes que se acumulan por cientos. A pesar de tener un nombramiento extensivo, el Fiscal General de Justicia estaría obligado a renunciar por incapacidad, omisión o negligencia.

Al interior de la Universidad Autónoma del Estado de México, también están obligados a sumarse a los nuevos tiempos políticos. Por muchos años, se ha exigido que la UAEM no sea un apéndice del Poder Ejecutivo. Junto a la organización y la convocatoria de miles de estudiantes, de muchas facultades, debe resaltarse la presencia de los directores de las Facultades de Humanidades, Fernando Díaz Ortega; y de Ciencias Políticas y Sociales, Marco Aurelio Cienfuegos. El respaldo de sus autoridades, reivindica las causas sociales de los estudiantes, evitando que se desvirtúe o se minimice su participación y su reclamo.

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