Toluca, Edomex; 11 de agosto de 2026.- El combate a la corrupción podría convertirse en uno de los referentes del mandato de Delfina Gómez hacia su tercer informe de gobierno. Hace algunas semanas, se detuvo a una veintena de funcionarios relacionados con una “red de aviadores” que operaba en la Secretaría de Educación y la Oficialía Mayor. Y en las últimas horas se ejecutó la captura de dos servidores acusados de extorsión en la Secretaría del Medio Ambiente. Se trata de indagatorias de varios meses, que han pegado en la estructura interna de la burocracia estatal.
Sin embargo, son expedientes inacabados que deben arrojar más resultados. Es innegable que, los casos de “aviadores” y “extorsionadores”, derivan de denuncias que trazan un denominador común: la ilegalidad desde hace varios años. Son asuntos que venían arrastrándose, por lo menos desde el sexenio de Alfredo Del Mazo. Sobran evidencias con nombres y cargos de funcionarios de la administración pasada, y lo que está en duda es, si prevalecerá el llamado “pacto de impunidad”. No puede haber una justicia selectiva en su ejecución.
La toma de decisiones del gobierno delfinista, tendrá un alto costo político hacia Morena. Porque más allá del combate a la corrupción puesto en marcha, se trata de funcionarios corruptos incrustados en el gobierno de la alternancia política. El morenismo podría verse reflejado en el espejo del priísmo de Peña Nieto, aquel que encarceló una decena de gobernadores y exgobernadores priístas, y que le pasó la factura electoral de manera irrefrenable. Además de que, la detención de altos funcionarios, podrá verse a la distancia como una reyerta entre grupos internos, tanto de Morena como de sus aliados electorales.
Habrá quién se frote las manos en medio de la estrategia, en espera de que vengan otras repercusiones sobre otros mandos superiores. Ahí están los casos de la Secretaría de Salud -que encabezaba Macarena Montoya-; y de la Secretaría de Cultura que dirige Nelly Carrasco. Ambas dependencias, han sido señaladas por contratos irregulares, con sobreprecios y procesos de licitación y adjudicación con tufo de desfalco presupuestal. Sin olvidar el caso de Ariel Juárez, extitular de la Junta de Caminos, quien sí renunció por un escándalo viral en un centro comercial, pero investigado por conflicto de interés.
Y los municipios no se quedan atrás. Son tantos, los ayuntamientos que gobierna Morena, que el margen de error para que haya presidentes municipales que incurran en abusos y excesos resulta de una alta probabilidad. Durante los últimos dieciocho meses han sido apuntados en una lista negra municipios como El Oro, Tenancingo, Cuautitlán, Tenango del Valle, entre otros. Quizá, vaya siendo momento en que el partido guinda, comience por deslindarse de sus malos elementos, cuando tocan a la puerta los tiempos electorales.
En la percepción social, la gobernadora podrá tener alta aprobación, pero los malos manejos financieros se dispersan por varias dependencias bajo su mandato.
