Francisco Ledesma
Toluca, Edomex; 10 de agosto de 2026.- Las denuncias por presuntas extorsiones, abuso de autoridad y actos irregulares relacionados con inspecciones y clausuras ambientales no son nuevas en el Estado de México.
Al menos desde la llegada de Luis Eduardo Gómez García a la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (PROPAEM), en septiembre de 2017, empresarios y propietarios de establecimientos comenzaron a documentar y presentar ante distintas autoridades señalamientos sobre la forma en que se conducían los procedimientos de inspección, sanción y clausura.
Hoy, Gómez García ocupa una posición distinta y de mayor relevancia en el ámbito de la justicia administrativa: desde enero de 2026 es magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (TRIJAEM) para el periodo 2026-2028. Su elección fue aprobada por unanimidad por el Pleno de la Sala Superior y quedó formalizada mediante acuerdo publicado en la Gaceta del Gobierno.
El nombramiento adquiere particular relevancia frente a los antecedentes documentales que empresarios han presentado durante los últimos años, así como por las recientes investigaciones relacionadas con presuntas extorsiones a propietarios de verificentros en la entidad.
En aquel momento, la PROPAEM tenía entre sus atribuciones la inspección, vigilancia y aplicación de sanciones en materia ambiental, incluidas actuaciones relacionadas con centros de verificación vehicular.
Durante los primeros años de su gestión, la dependencia incrementó de manera importante el número de clausuras. De acuerdo con información difundida por la propia PROPAEM en 2019, durante 2018 fueron clausurados 202 establecimientos y sitios, entre construcciones, minas, tiraderos, plantas asfaltadoras, deshuesaderos, fabricantes de concreto, establos y ladrilleras. Ese mismo año, la institución reportó 18 millones de pesos obtenidos por sanciones económicas.
El incremento de las acciones de inspección y sanción coincidió con los señalamientos que posteriormente formularían empresarios sobre el uso de las clausuras como mecanismo de presión.
De acuerdo con una denuncia, en poder de Plana Mayor, el 7 de octubre de 2020, un grupo de empresarios presentó una denuncia en la que acusó a Gómez García de presuntos actos de corrupción, abuso de autoridad, extorsión y desvío de recursos.
El documento fue dirigido al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en el que se planteó que los denunciantes habían acudido previamente ante el gobierno del Estado de México y distintas instancias estatales sin obtener una respuesta satisfactoria.
Entre los señalamientos más delicados estaba la supuesta utilización de las clausuras para obligar a empresarios a contratar servicios jurídicos particulares, desistirse de procedimientos ante el Tribunal de Justicia Administrativa, aceptar multas y participar en convenios de compensación ambiental.
Los denunciantes mencionaron incluso nombres de abogados y despachos que, según su versión, eran recomendados para gestionar el retiro de sellos de clausura.
También acusaron que determinadas cantidades eran solicitadas como pagos para conseguir audiencias o reducciones de multas y señalaron la existencia de supuestos convenios mediante los cuales recursos terminaban en organizaciones no gubernamentales bajo el concepto de “donaciones voluntarias”.
Los empresarios afirmaron que, después de la publicación de nuevas reglas para obtener autorizaciones para operar los verificentros, se produjeron inspecciones, clausuras y presiones que, según su versión, buscaban obligar a los propietarios a realizar determinadas aportaciones económicas.
En ese momento también señalaron a Carolina García Cañón -diputada federal propietaria en 2009, y quien solicitó licencia para posibilitar la toma de protesta de Alejandro Del Mazo Maza-, entonces funcionaria de la Secretaría del Medio Ambiente estatal, y relacionaron sus acusaciones con el proceso de autorización y operación de los centros de verificación.
El expediente presentado por los denunciantes sostiene que las presiones no terminaban con la clausura, pues posteriormente comenzaban las negociaciones para conseguir la reapertura o regularización de los establecimientos.
El documento fue dirigido al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en el que se planteó que los denunciantes habían acudido previamente ante el gobierno del Estado de México y distintas instancias estatales sin obtener una respuesta satisfactoria.
Entre los señalamientos más delicados estaba la supuesta utilización de las clausuras para obligar a empresarios a contratar servicios jurídicos particulares, desistirse de procedimientos ante el Tribunal de Justicia Administrativa, aceptar multas y participar en convenios de compensación ambiental.
Los denunciantes mencionaron incluso nombres de abogados y despachos que, según su versión, eran recomendados para gestionar el retiro de sellos de clausura.
También acusaron que determinadas cantidades eran solicitadas como pagos para conseguir audiencias o reducciones de multas y señalaron la existencia de supuestos convenios mediante los cuales recursos terminaban en organizaciones no gubernamentales bajo el concepto de “donaciones voluntarias”.
Los empresarios afirmaron que, después de la publicación de nuevas reglas para obtener autorizaciones para operar los verificentros, se produjeron inspecciones, clausuras y presiones que, según su versión, buscaban obligar a los propietarios a realizar determinadas aportaciones económicas.
En ese momento también señalaron a Carolina García Cañón -diputada federal propietaria en 2009, y quien solicitó licencia para posibilitar la toma de protesta de Alejandro Del Mazo Maza-, entonces funcionaria de la Secretaría del Medio Ambiente estatal, y relacionaron sus acusaciones con el proceso de autorización y operación de los centros de verificación.
El expediente presentado por los denunciantes sostiene que las presiones no terminaban con la clausura, pues posteriormente comenzaban las negociaciones para conseguir la reapertura o regularización de los establecimientos.
Los señalamientos tuvieron posteriormente una expresión más concreta en un expediente administrativo.
El 24 de enero de 2022, empresarios presentaron un escrito dirigido a Javier Vargas Zempoaltecatl, entonces secretario de la Contraloría y comisario del Consejo Directivo de la PROPAEM, dentro del expediente DGI/INVESTIGACIÓN/S-A/DENUNCIA/0030/2021.
A diferencia de la denuncia general de 2020, este documento se concentró en presuntas irregularidades dentro de un procedimiento específico de inspección.
Los promoventes señalaron diferencias entre fechas y números de actas, cuestionaron que un acuerdo administrativo hiciera referencia a un acta distinta a la que aparecía en la orden de inspección y acusaron una presunta alteración de un documento oficial.
También cuestionaron que un requerimiento dirigido al entonces procurador hubiera sido respondido por una subprocuradora y pusieron en duda las facultades de una funcionaria que había firmado documentos relacionados con la conclusión de una etapa del procedimiento.
El planteamiento de los empresarios fue que esas irregularidades podían constituir responsabilidades administrativas y solicitaron la intervención de la Contraloría.
En otro documento, dirigido a diputadas y diputados del Congreso del Estado de México, los denunciantes ampliaron el alcance de sus acusaciones.
Afirmaron que empresarios de minas, inmobiliarias, ladrilleras, agencias automotrices, verificentros, fábricas, deshuesaderos, tiendas de autoservicio, rellenos sanitarios, centros de acopio, concreteras y estaciones de carburación habían sido afectados por clausuras.
El escrito sostuvo que algunos establecimientos permanecían cerrados durante años y que supuestamente se exigían cantidades de entre 500 mil y 800 mil pesos para negocios pequeños, mientras que para empresas grandes las cantidades podían superar los 2 millones de pesos, además del pago de multas.
Los denunciantes también hablaron de supuestas exigencias de bienes y servicios como drones, equipos de cómputo y sonómetros, así como obras que eran presentadas como compensaciones ambientales.
En ese documento afirmaron que más de 300 giros se encontraban clausurados y solicitaron al Congreso iniciar una investigación, además de protección para proporcionar sus datos personales por temor a represalias.
Los conflictos derivados de las actuaciones de la PROPAEM durante la gestión de Gómez García también llegaron al Tribunal de Justicia Administrativa.
Una resolución del propio Tribunal registra, por ejemplo, un recurso de revisión promovido en 2019 por Luis Eduardo Gómez García, entonces procurador, contra una sentencia relacionada con un procedimiento administrativo.
Otro expediente judicial documenta impugnaciones contra órdenes de visita de inspección dictadas por Gómez García en su calidad de procurador.
Estos documentos no prueban las acusaciones de extorsión formuladas por los empresarios, pero sí muestran que durante su gestión existieron procedimientos administrativos de la PROPAEM que fueron llevados ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
El 24 de noviembre de 2022, la Legislatura mexiquense aprobó el nombramiento de Luis Eduardo Gómez García como magistrado de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa, por un periodo de diez años.
Tres años después, en enero de 2026, sus propios pares lo eligieron presidente del Tribunal para un periodo de tres años. El acuerdo fue publicado oficialmente el 22 de enero de 2026.
Las denuncias acumuladas durante años adquieren un nuevo contexto en 2026, luego de que propietarios de verificentros volvieran a denunciar públicamente presuntas extorsiones relacionadas con funcionarios de la estructura ambiental estatal.
Este lunes 10 de agosto, el caso dio un nuevo giro con la detención de Raúl Piña Horta, director general de Control de Emisiones Atmosféricas de la Secretaría del Medio Ambiente, y Carlos Eduardo Solares Vega, director de Control de Emisiones a la Atmósfera de la misma dependencia.
Ambos fueron aprehendidos en Acapulco y Ciudad de México, respectivamente, en cumplimiento de órdenes de aprehensión emitidas por jueces del Estado de México, con apoyo de la Guardia Nacional y de las fiscalías de Guerrero y la capital del país. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), las capturas derivaron de diversas denuncias y de una investigación en la que se estableció, según el Ministerio Público, la participación de ambos en una presunta red integrada por servidores públicos, exservidores públicos y particulares.
