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Toluca, Edomex. 06 de noviembre de 2018.- La Caravana Migrante parece un asunto anecdótico para el Estado de México, cuando históricamente, aquí ha sido un paso obligado de centroamericanos que pretenden llegar a Estados Unidos. El desafío se ha acentuado, en la medida que los migrantes han preferido en los últimos años permanecer en tierras mexiquenses como su lugar de residencia. Las autoridades migratorias, reconocen en privado, la complejidad que representa intervenir para su eventual deportación, o bien, incidir en su regularización durante su estancia permanente en el estado. Casi todos, incluida la sociedad civil, mantienen una actitud omisa frente al fenómeno.

Antes los migrantes utilizaban el Tren conocido como “La Bestia” como el transporte para llegar a la frontera norte. Durante muchos años, Tultitlán -donde se ubica la estación de Lechería- era un polo de migrantes. Ahí, la población les brindaba alojamiento, comida y hasta protección. La ruta se ha vuelto cada vez más peligrosa y compleja para sus objetivos. En los últimos años, los migrantes han apostado al tren que transita por Toluca como una nueva ruta de traslado. El Valle de Toluca ha registrado un aumento en la presencia de migrantes. Muchos de ellos ya no siguen su camino y se quedan aquí a hacer su vida. Ese es un enorme desafío social que nadie ha volteado a atender.

Hasta la fecha, las autoridades del Instituto Nacional de Migración sólo emiten recomendaciones a las autoridades estatales y municipales sobre posibles acciones de intervención. Su estancia no es ilegal. La intervención de autoridades migratorias se realiza de forma esporádica, casi imperceptible. Una eventual deportación de migrantes adultos conlleva irremediablemente a tener niños migrantes no acompañados que deben ser atendidos por las instancias del DIF estatal o municipal. El problema prevalece en los municipios donde se acentúa la presencia de centroamericanos pero se busca invisibilizar.

La presencia de migrantes en territorio mexiquense no es casual. Organizaciones civiles se han asentado en municipios como Nezahualcóyotl, Tultitlán y Metepec, donde mantienen casas de atención que facilitan la regularización de migrantes en el Estado de México. El padre José Luis Solalinde es un permanente promotor de los derechos migratorios, ha identificado aquí la imperiosa necesidad de brindarles protección por su residencia. El Estado de México ha dejado de ser una ruta obligada, y se ha convertido para muchos en el destino de su migración.

La Caravana Migrante es hasta ahora una movilización inédita, pero que no representa la complejidad que en los últimos años se ha acentuado en municipios colindantes a Tultitlán, y de manera reciente al Valle de Toluca. La presencia de migrantes pidiendo dinero en las calles de la capital mexiquense y su zona conurbada parece ya una normalización de su paisaje. Hoy, por el impacto mediático se ha puesto la mirada en los migrantes, pero el fenómeno que prevalece en el Estado de México, ha sido ignorado por las autoridades ajenas al fenómeno migratorio, cuando sus repercusiones son sociales, económicas y hasta políticas.

Resulta impensable que un fenómeno migratorio de las dimensiones que ha alcanzado el Estado de México en los últimos años, sólo pueda ser atendible por las autoridades federales. Es indispensable que las autoridades estatales y municipales asuman el grado de responsabilidad para atender y solventar un desafío que en el mediano plazo se vuelva insorteable. No sólo es cuestión de empatía con los migrantes.

 

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