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OFF THE RECORD

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Toluca, Edomex; 2 de junio de 2020.- Los gobiernos municipales han activado las alarmas al interior de sus corporaciones policíacas. Se trata de actividades esenciales que han padecido un brote de contagio entre su personal, en medio de la contingencia sanitaria. En las últimas semanas, al menos cifras extraoficiales arrojan que medio centenar de elementos de seguridad pública han fallecido como consecuencia del covid-19. Otra fuente de contagio se ha registrado entre personal de custodia del sistema penitenciario.

Una cifra que se mantiene con sigilo se concentra en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Aunque han reducido la presencia de personal, en distintas agencias del Ministerio Público se han reportado brotes de contagio y desafortunadamente, también han derivado en decesos entre su capital humano. El fiscal, Alejandro Gómez ha optado por el oscurantismo de su silencio. En menor medida, la condición se repite en oficinas del Poder Judicial. De ahí, que las actividades de gobierno sean las últimas en contemplar el regreso a la normalidad.

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Es triste y lamentable el desempeño del senador priísta, Eruviel Ávila, que en casi dos años de trabajo legislativo, subraya como una de sus principales iniciativas colocar con letras de oro la insignia de “Marina Armada de México”, la cual por cierto no se ha aprobado. El exgobernador, que llegó a la Cámara Alta sin ser votado, y de muy pocas aportaciones parlamentarias, es la muestra inequívoca del porqué la altísima desaprobación del priísmo en las urnas.

Frente al complejo escenario que representa la emergencia sanitaria por COVID-19, Ávila no pronuncia una sola palabra acerca del desahuciado sistema de salud pública que heredó al delmacismo. Si alguien contribuyó al desmantelamiento de hospitales públicos, el abandono de clínicas de salud, el desabasto de medicamentos y demás dolencias, ese fue Eruviel Ávila y su pupilo, César Gómez Monge, a quienes todavía se les ve juntos en la sede senatorial.

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Los dueños de los verificentros sufren los daños colaterales de la contingencia sanitaria. Se trata de negocios particulares que acumulan diez semanas sin actividades, y por lo tanto, sin ingresos económicos. No sólo eso: durante el presente año, los vehículos mexiquenses sólo deberán realizar una verificación, y no dos como ocurría anteriormente. Eso significa una reducción sustancial hasta del 50 por ciento de sus ganancias. Lo cierto es que, muchos de los intereses enquistados en los verificentros, también se vinculan con la clase gobernante que ha hecho del “cuidado ambiental” un negocio personal.

Otro negocio particular concesionado por el gobierno, que vio afectados sus intereses, es el relacionado con el transporte público de pasajeros. En algunas regiones, la movilidad social se ha reducido y eso ha derivado en pérdidas económicas incuantificables. Las prospectivas de ingreso planteadas con el incremento a la tarifa mínima simplemente se quedaron cortas.

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