Francisco Ledesma
Toluca, Edomex. 08 de mayo de 2019.- El Poder Judicial del Estado de México se confirma como el ente de mayor opacidad entre los poderes de la entidad. En su plataforma de transparencia, el presidente del mismo, Sergio Javier Medina Peñaloza, junto con el pleno del Tribunal Superior de Justicia, el pleno del Consejo de la Judicatura y la oficina del staff, han determinado reservar la información de sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses.
Aunque no existe obligatoriedad para que los servidores del Poder Judicial hagan pública sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses, en otras instancias como el Poder Ejecutivo, las declaraciones patrimoniales de funcionarios del primer nivel se han publicitado desde hace más de una década, por parte de integrantes del gabinete estatal.
En las políticas de transparencia internacional, se promueve la mayor publicidad de las manifestaciones de bienes como una condición por esclarecer la evolución patrimonial de quienes ostentan cargos públicos de gran relevancia y sobre todo de altos salarios, y con responsabilidad en el manejo de los recursos públicos.
A través de una solicitud de acceso a la información pública realizada por Plana Mayor, la oficina de transparencia del Poder Judicial remitió a un apartado de su sitio de internet para verificar la publicidad de las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses autorizadas por los propios declarantes. En esa base de datos, no hay registro de algún integrante del Consejo de la Judicatura ni tampoco algún miembro de la oficina del Staff: sólo aparece un magistrado del segundo tribunal de alzada en materia penal de Ecatepec.
En el sitio digital que contiene las declaraciones patrimoniales autorizadas como públicas se enumeran 303 servidores públicos del Poder Judicial, entre los que se encuentran choferes, personal de intendencia guardias de seguridad, almacenistas, asistentes administrativos, archivistas, peritos y notificadores.
El resto de las declaraciones patrimoniales se reducen a un puñado de jueces y al magistrado José Noé Gómora Colín, adscrito al Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Ecatepec.
De las 303 declaraciones autorizadas para su publicidad se establece que 187 corresponden a modificación por anualidad; otras 91 se refieren a altas o reingresos de personal; y las restantes 25 son declaraciones por baja o conclusión de actividad. La mayoría de las manifestaciones de bienes publicitadas aparecen en cero, es decir sin bienes inmuebles, muebles, vehículos o inversiones, atribuible al bajo rango del personal que autoriza publicar dichos documentos.
Es de resaltar que, los formatos de las declaraciones patrimonial, fiscal y de interés no tienen uniformidad con los esquemas que son manejados en el Poder Ejecutivo, el Legislativo y los 125 Ayuntamientos.
Los servidores públicos del Poder Judicial tienen la oportunidad de realizar sus declaraciones de manera genérica. En lo particular, cuando se trata de manifestar sus bienes inmuebles, los funcionarios del Tribunal Superior de Justicia sólo refieren los montos económicos sin que sea necesario especificar el tipo de vivienda, departamento, local o terreno al que hace referencia.
Esa misma condición prevalece en la manifestación de vehículos y la declaración de bienes muebles.
Por ejemplo, en el caso del magistrado José Noé Góngora declara no tener bienes muebles e inmuebles. Solamente declara tener un automóvil por un monto de 222 mil 500 pesos; y un monto de 2 millones 976 mil 878 pesos en inversiones y cuentas bancarias.
Otro caso de la declaración genérica, se muestra en la manifestación de bienes de Armando García Velázquez quien afirma su cónyuge tiene bienes inmuebles por 924 mil 842 pesos; bienes muebles por un valor de 144 mil 499 pesos; en tanto que el juzgador tiene inversiones por un millón 301 mil 979 pesos; no obstante, no se permite obtener el detalle de los bienes declarados por el juez tercero de lo familiar en Ecatepec y su esposa.
Entre las manifestaciones públicas resaltan Mario Eduardo Colón Martínez, juez de control, quien afirma no tener bienes inmuebles y muebles. Tiene un vehículo con un costo de 389 mil 900 pesos; así como inversiones y cuentas bancarias por un monto de 2 millones 847 mil 948 pesos. Además de César Bulmaro Díaz Morán, quien tiene cuentas bancarias por un millón 16 mil pesos; mientras que su esposa afirma contar con inversiones por 7 mil 612 pesos.
Durante el mes de mayo, los servidores públicos del Gobierno del Estado de México, incluido el Poder Judicial están obligados a presentar su actualización de manifestación de bienes; sin embargo, lo que prevalecerá será la opacidad de la riqueza y evolución patrimonial de los funcionarios del primer nivel del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura.
