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Luz María Zarza y Santiago Nieto, operadores del combate al robo de combustible

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Francisco Ledesma

Toluca, Edomex. 14 de enero de 2019.- En la estrategia anunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el combate al robo de combustible, destacan la presencia de dos personajes vinculadas a la clase política priísta del Estado de México: Luz María Zarza Delgado y Santiago Nieto Castillo, ambos artífices de las acciones legales para abatir la corrupción y eliminar el huachicoleo de hidrocarburos.

Luz María Zarza Delgado, funge desde el pasado 14 de diciembre como subdirectora de la consejería jurídica de Petróleos Mexicanos, una de las áreas estratégicas donde se diseñó el plan  para combatir el robo de combustible, y que ha causado en distintas zonas del país un desabastecimiento de gasolina.

Con una larga trayectoria en el Estado de México, ha sido magistrada del Tribunal Electoral y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la entidad; además de directora de Normatividad en la Oficina del Abogado de la Universidad Autónoma del Estado de México.

En el sexenio de Eruviel Ávila Villegas tuvo un ascenso inédito en su carrera política. En principio, fue nombrada subsecretaria de Asuntos Jurídicos, dependiente de la Secretaría General de Gobierno. Posteriormente, le fue creado exprofeso la figura de Consejería Jurídica, un cargo exprofeso creado para ella, que absorbió funciones como el Registro Civil y el Instituto de la Función Registral.

En su paso en el gabinete eruvielista, Zarza Delgada fue acusada de haber litigado e intercedido a favor de OHL, según revelaron audios dados a conocer en junio de 2015, para favorecer los negocios de la constructora española, concesionaria del Circuito Exterior Mexiquense y del Viaducto Elevado Bicentenario. (https://bit.ly/2FwDjA0)

Al concluir el sexenio eruvielista, Zarza encontró refugio en el gabinete del rector Alfredo Barrera Baca como abogada general de la Universidad Autónoma del Estado de México, cargo que abandonó en octubre pasado. En la víspera, fue arropada por el equipo jurídico del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ahora, desde la consejería jurídica de Pemex, se establece como una de las principales operadoras en la estrategia más ambiciosa de López Obrador en contra de la corrupción: el robo de combustible.

En tanto, Santiago Nieto Castillo, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, será el responsable de investigar las presuntas cuentas bancarias y transacciones financieras que permitan identificar y sancionar a los presuntos responsables del robo de combustible desde el ámbito tributario y económico. En la víspera, las autoridades federales han anticipado que, aunado a la cancelación de permisos de gasolineras, también se estaría en condiciones de proceder en el aseguramiento de operaciones bancarias.

La trayectoria de Santiago Nieto estuvo arropada por casi una década por el presidente Enrique Peña Nieto. Su cercanía se determinó cuando Peña Nieto era gobernador del Estado de México, tiempo en el que Santiago Nieto era magistrado electoral y presidía la Sala Regional de Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En el sexenio presidencial de Peña Nieto, Santiago Nieto fue promovido para convertirse en consejero electoral del extinto IFE en la renovación del organismo en 2013, y posteriormente, también se inscribió en la designación de consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral sin resultados favorables.

Además, compartió un espacio en la Sala Regional del Tribunal Electoral con Adriana Favela, actual consejera del Instituto Nacional Electoral; y Saúl Mandujano Rubio, hoy consejero electoral del Instituto Electoral del Estado de México.

Más tarde, con el concurso del priísmo nacional designaron a Santiago Nieto Castillo como Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) dependiente de la Procuraduría General de la República.

Sin embargo, en octubre de 2017, la Procuraduría General de la República (PGR) determinó destituir de su encargo a Santiago Nieto Castillo como fiscal Especial para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), luego de revelar diversas presiones por parte del extitular de Petróleos Mexicanos (Pemex) con el propósito de que declarara públicamente su inocencia por presuntos sobornos de la empresa brasileña Odebrecht.

A través de un escueto comunicado de medios, la PGR informó sobre la destitución de Nieto Castillo, cuya decisión fue tomada por el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales y encargado del despacho de la dependencia federal, Alberto Elías Beltrán, bajo el argumento de que Santiago Nieto Castillo “transgredió lo dispuesto en el Código de Conducta de la Procuraduría General de la República”.

En la víspera, Santiago Nieto Castillo había declarado recibir presiones por parte del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya para que declarara públicamente su inocencia e incluso le ofreciera una disculpa.

En noviembre de 2015, Santiago Nieto cometió otro de sus acostumbrados exabruptos, al anunciar públicamente la solicitud de una orden de aprehensión en contra de Arturo Escobar por su vinculación a un contrato que como presidente y representante legal del PVEM firmó con una empresa para la elaboración y entrega de 10 mil tarjetas. El exlegislador ocupaba entonces la titularidad de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, cargo que dejó después de ser acusado.

En diciembre de 2015, el juez décimo primero de distrito en materia administrativa en el extinto Distrito Federal negó la orden de aprehensión contra Arturo Escobar.

En la más reciente campaña presidencial, Santiago Nieto se sumó al proyecto político de Andrés Manuel López Obrador, quien lo designó desde diciembre pasado al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, y en su escritorio tendrá la responsabilidad para ejecutar acciones que permitan acotar la operación bancaria de quienes se dedican al robo de combustible, y en cuyo listado aparecen presuntamente permisionarios de estaciones de servicio que vendían hidrocarburos de procedencia ilícita.

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