Redacción
Toluca, Edomex; 3 de septiembre de 2026.- Un total de 63 mujeres privadas de la libertad han recuperado su libertad en el Estado de México entre septiembre de 2023 y el 2 de septiembre de 2026, como resultado del acompañamiento jurídico y social brindado por dependencias del gobierno estatal.
El programa “Mujeres Privadas de la Libertad” articula el trabajo de la Secretaría de las Mujeres (SeMujeres) y la Consejería Jurídica, a través del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México (IDP), para revisar la situación jurídica de las internas y determinar en qué casos es posible acceder a mecanismos o beneficios previstos en la legislación.
Entre ambas instituciones permite dar seguimiento a los expedientes y acompañar a las mujeres durante el proceso para acceder, cuando legalmente corresponde, a algún mecanismo que permita su liberación.
Durante los primeros ocho meses de 2026, nueve mujeres han obtenido su libertad mediante este esquema. El caso más reciente corresponde a Kimberly “N”, quien recibió representación jurídica de la Defensoría Pública para el análisis y seguimiento de su proceso.
La intervención institucional, sin embargo, no termina con la salida de los centros penitenciarios. SeMujeres mantiene acompañamiento posterior y canaliza a las beneficiarias a servicios que buscan facilitar su reintegración social, con atención bajo perspectiva de género y enfoque de derechos humanos.
Entre las acciones contempladas se encuentra el apoyo para cubrir multas cuando la legislación lo permite, además de gestionar el traslado de las mujeres liberadas hacia sus lugares de origen y dar continuidad a su atención una vez que recuperan la libertad.
La Defensoría Pública, por su parte, analiza los expedientes de manera individual, brinda representación y asistencia jurídica y da seguimiento a los procedimientos necesarios para que las internas cuenten con una defensa adecuada y puedan acceder a los beneficios establecidos en la ley cuando cumplan con los requisitos.
Con este programa, el gobierno estatal busca atender la situación jurídica de mujeres que permanecen en prisión y, al mismo tiempo, generar condiciones para que quienes recuperan su libertad puedan reincorporarse a su entorno familiar y social.
