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Karla Fiesco plantea tipificar la violencia digital en el Código Penal del Edomex

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Israel Dávila

Toluca Edomex. 14 de octubre del 2020.- Ante los cada más comunes y recurrentes casos de agresiones que se registran en las redes sociales, la diputada Karla Fiesco, del grupo parlamentario del PAN, planteó al Congreso mexiquense, reformar diversos artículos del Código Penal del Estado de México para incluir todos los supuestos en que se puede cometer violencia digital, sobre todo en contra de niñas, niños, adolescentes y mujeres.

La iniciativa contempla hacer modificaciones y adhesiones a los artículos 211 Ter, 211 Quarter  y 211 Quinquies para tipificar en el Código Penal la violencia digital a través de las tecnologías de la información y comunicación y con ello armonizar este ordenamiento a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y a la denominada Ley Olimpia.

Se trata, comentó Karla Fiesco,  de que los casos de acoso, hostigamiento, amenazas, insultos, vulneración de datos e información privada, divulgación de datos apócrifos y mensajes de odio, que se profieren por las distintas redes sociales se puedan castigar penalmente, con la finalidad de garantizar la integridad física y psicológica de niñas, niños, adolescentes y mujeres, en su vida offline y on line, así como evitar la vulneración de sus derechos humanos.

“El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) señala que, a nivel nacional, el 25 por ciento de las adolescentes entre 12 y 17 años ha vivido ciberacoso; además, las principales personas víctimas son niñas y adolescentes que incluso han llegado a atentar contra su integridad física, registrándose incluso suicidios, por las consecuencias emocionales y psicológicas que les provoca la violencia digital. También el INEGI  señala que en México, 9.4 millones de mujeres de 12 años y más fueron víctimas de este tipo de violencia en línea, de las que el 40.3% recibió insinuaciones o propuestas de índole sexual y el 33.9% de las mujeres recibió mensajes ofensivos”, recalcó Karla Fiesco, quien insistió que ante estos escenarios es urgente generar nuevas acciones que contribuyan al combate a estos delitos digitales.

Señaló que las recientes reformas aprobadas por el Congreso, donde se tipificaron como delitos conductas como el sexting, ciberacoso y el grooming, apenas se han iniciado 123 carpetas de investigación.

ES por ello, insistió, en que se hace necesario ampliar las causales de violencia digital del Capítulo VI denominado “Violencia Ejercida a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación” del Código Penal del Estado de México, ya que la protección a que aluden se circunscribe únicamente a las víctimas transgredidas en su intimidad sexual.

Por ello, la propuesta busca sancionar de uno a cinco años de prisión y multa de doscientas a quinientas unidades de medida y actualización, a quien con anuencia del sujeto pasivo  revele, publique, difunda o exhiba sin consentimiento de la víctima, a través de las TICs datos e información privada y/o sobre asuntos personales u otras impresiones gráficas y sonoras distintas al contenido sexual, las cuales puedan vulnerar sus derechos de la persona ofendida.

En tanto a quienes coaccionen u hostiguen con divulgar o divulguen datos e información privada y/o sobre asuntos personales, datos apócrifos, insultos, amenazas, mensajes de odio, a través de cualquier tecnología de la información y la comunicación, se le impondrá de tres a siete años de prisión y multa de doscientas a cuatrocientas unidades de medida y actualización.

Por otro lado,  la iniciativa también plantea una adición a la Ley de La Fiscalía General de Justicia del Estado de México, por crear una Fiscalía Especializada para Delitos Digitales, con el objeto de Investigar, perseguir y sancionar de manera eficiente estos delitos.

Karla Fiesco sostuvo que de aprobarse la iniciativa, se buscará que en el presupuesto de egresos del próximo año, se contemple una partida especial para la creación de esta Fiscalía Especializada para Delitos Digitales y para que los servidores públicos que la vayan a integrar cuenten con  capacitación suficiente para atender e investigar la denuncias que se presenten por violencia digital.

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