Redacción
Toluca, Edomex; 5 de agosto de 2026.- A pesar de los avances legales en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, el acceso a la justicia continúa enfrentando barreras lingüísticas, culturales y territoriales. Bajo esa premisa, representantes del Poder Judicial, especialistas y autoridades tradicionales coincidieron en Toluca en la necesidad de construir instituciones capaces de dialogar con los sistemas normativos de las comunidades originarias.
En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la Casa de los Saberes Jurídicos, la Escuela Judicial del Estado de México y la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación inauguraron la primera jornada del encuentro «Hacia una Justicia Intercultural: Pluralismo Jurídico y Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas», espacio que reunió a juzgadores, defensores públicos, intérpretes, académicos, organizaciones civiles y representantes de comunidades indígenas.
Durante la apertura, las instituciones convocantes plantearon que el objetivo es fortalecer una visión de justicia que reconozca la diversidad cultural del país y las formas propias de organización de los pueblos indígenas, más allá del sistema jurídico tradicional.
Uno de los planteamientos centrales fue el expuesto por el director general del Instituto Federal de Defensoría Pública, Benjamín Rubio Chávez, quien sostuvo que el pluralismo jurídico ya está reconocido en la Constitución, al coexistir el sistema legal del Estado con los sistemas normativos indígenas. Sin embargo, advirtió que garantizar un acceso efectivo a la justicia implica eliminar obstáculos económicos, geográficos, culturales y de idioma que todavía enfrentan las comunidades.
En ese contexto presentó el modelo de Casas de Asesoría Intercultural, mediante el cual se busca ofrecer acompañamiento jurídico con personas defensoras que conozcan tanto las lenguas indígenas como la organización interna de las comunidades.
La experiencia de la comunidad purépecha de Cherán K’eri, en Michoacán, marcó uno de los momentos más relevantes de la jornada. Sus autoridades tradicionales explicaron cómo, tras enfrentar problemas de tala ilegal, violencia e inseguridad, la población reorganizó su forma de gobierno con base en asambleas comunitarias y mecanismos de participación colectiva.
Los representantes detallaron que las decisiones se toman desde las fogatas, las asambleas de barrio y la asamblea comunal, mientras que el Consejo Mayor y los órganos operativos son integrados por personas reconocidas por su servicio comunitario, sin intervención de partidos políticos.
Asimismo, destacaron el papel que han asumido las mujeres y las juventudes en la defensa del territorio y la preservación de la identidad cultural. Integrantes del Consejo de la Mujer recordaron que fueron precisamente las mujeres quienes encabezaron la defensa del bosque y promovieron nuevos espacios de participación dentro de la comunidad.
En otro de los paneles, el perito intérprete Ezequiel Apolinar Flores señaló que la labor de interpretación en una lengua indígena no se limita a traducir palabras, sino que requiere comprender el contexto cultural y el sentido jurídico de cada expresión, por lo que consideró indispensable fortalecer la capacitación y el reconocimiento institucional de quienes desempeñan esta función.
Por su parte, la promotora comunitaria Alicia García García compartió tres décadas de trabajo acompañando a mujeres indígenas en procesos de alfabetización, organización social y defensa de sus derechos, experiencia que, dijo, ha permitido fortalecer la autonomía femenina y reducir condiciones de exclusión en diversas comunidades.
Al cierre de la jornada, especialistas coincidieron en que el principal desafío para el Estado no consiste en crear una nueva justicia indígena, sino en reconocer y articular los sistemas normativos que los pueblos originarios han desarrollado históricamente para resolver conflictos, preservar la convivencia y ejercer su autonomía.
El encuentro continuará como un espacio de reflexión entre autoridades judiciales, comunidades indígenas y organizaciones sociales, con el propósito de avanzar hacia un modelo de justicia que incorpore la diversidad jurídica y cultural como parte de su funcionamiento cotidiano.
