Redacción
Distrito Federal. 12 de marzo de 2015.- Familiares de las víctimas del caso Tlatlaya, donde militares realizaron ejecuciones extrajudiciales, podrían recibir una indemnización de hasta un millón de pesos, en tanto que se trató de violaciones graves a los derechos humanos, en agravio de al menos 15 presuntos criminales, que no obstante haberse rendido fueron acribillados por las fuerzas castrenses.
En reunión de trabajo con el grupo plural del caso Tlatlaya en la Cámara de Diputados, el comisionado presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Jaime Rochín llamó a los familiares de las victimas para que procedan a solicitar la indemnización correspondiente con la asesoría permanente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Con base en el informe de la CNDH, habrían sido 15 los presuntos delincuentes asesinados por militares en Tlatlaya, cuyos familiares están en condiciones de solicitar la reparación integral del daño, cuya compensación económica podría ser de un millón de pesos en promedio.
Hasta el momento ninguno de los familiares de las víctimas ha entregado el documento firmado para solicitar la preparación del daño.
“Cuando hay un delito, la ley prevé que el máximo en compensación subsidiaria de la persona que cometió el delito es de un millón de pesos más o menos, en el caso de violaciones a derechos humanos, la violación puede ser muy grave y ahí no hay un límite y tocará a nuestro Comité Interdisciplinario Evaluador, conforme a los estándares internacionales más altos, determinar el monto de la reparación y va a ser muy interesante cuando nosotros podamos decirles cuánto se les va a dar, con qué criterio y cómo se determinó”, añadió.
Insistió en que los familiares de las víctimas están en condiciones de solicitar la reparación del daño, “porque les corresponde en virtud de una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”.
“Para que se pueda dar esa reparación integral es necesario que las víctimas lo soliciten a la Comisión Ejecutiva y algunas de ellas con las que hemos hablado no han querido hacer de momento esa solicitud”, expuso.
Los familiares de las víctimas del caso Tlatlaya por ahora no quieren interactuar con ninguna autoridad del Estado mexicano y argumentan no tener deseo en este momento de acudir a las autoridades.
