Francisco Ledesma / El fin de los privilegios
El Grupo Atlacomulco se concibió bajo la idea de detentar el poder político del Estado de México con el ascenso de Isidro Fabela como gobernador de la entidad, cuyo propósito inicial era apaciguar las rencillas caciquiles que abundaban en el contexto posrevolucionario; y en el largo plazo, se convirtió en una condición para la prevalencia de una élite política vinculada a este municipio mexiquense.
Los Del Mazo, los Hank, los Montiel y los Peña abrazaron en distinta circunstancia la dominancia política, económica y social. Ejercieron a plenitud facultades legales y metalegales para imponer sus decisiones y favorecer a sus intereses de grupo; siempre en el afán de mantener y extender su dominio político, su círculo de influencia, sus negocios en común y su riqueza personal.
La élite atlacomulquense amalgamó lo suficiente, para generar una hegemonía en todos los ámbitos de la vida pública: abarcaron su presencia como parte de una élite política, económica y hasta eclesiástica. En el poder público, lograron durante más de medio siglo -a través de un partido hegemónico como instrumento estructural-, la posibilidad por detentar espacios en todas las instituciones creadas para legitimar su permanencia: los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los municipios y los órganos autónomos recientes.
Sin ser un grupo homogéneo ni una cofradía, asumieron acuerdos determinados para conservar el poder entre los suyos. Confundieron la democracia con el derecho de sangre que otorgan las élites del poder para heredar, conservar, ampliar y gozar de los privilegios que otorgaba ser de la clase gobernante.
En una práctica común, los gobernadores que salían de su encargo, siempre tuvieron un margen de maniobra para seguir en el ejercicio del poder, y mantener esa influencia sobre su círculo político y la disposición de presupuesto público. Los Del Mazo –abuelo y padre- alcanzaron posiciones en los gabinetes de López Mateos y De la Madrid; Hank logró su encumbramiento con De la Madrid y Salinas; Pichardo y Chuayffet ascendieron en la escala del gabinete zedillista; y Camacho ha logrado perpetuarse a casi veinte años de haber concluido su interinato. El erario siempre les otorgó un refugio para el retiro.
Peña Nieto consolidó el sueño presidencial y la profecía mexiquense; mientras que Eruviel apenas un año después de su salida se convirtió en senador. El único que tuvo una defenestración insólita fue Montiel, obligado por la circunstancia de su ambición política y la exhibición de su riqueza patrimonial para no ocupar nunca más otro cargo público, desde donde mantenerse vigente y activo.
Pese a sus privilegios durante y después del ejercicio del poder, en su momento Isidro Fabela e Ignacio Pichardo maquinaron y ejecutaron decretos que legalizaron, legitimaron y garantizaron que una vez concluido su mandato, los exgobernadores tuvieran a su disposición a escoltas y personal de ayudantía con costo al erario, para beneficio de sus intereses particulares.
Bajo el discurso de la austeridad morenista, la Legislatura del Estado de México ha dado pasos sólidos para eliminar las canonjías de la clase gobernante, y ha aprobado de forma unánime abrogar los decretos que daban premios y recompensas a esa élite con ínfulas monárquicas, en su propósito de heredar el poder, pero también de conservar los privilegios que otorga el poder público.
Desde un contexto de especulación, se advierte que algunos exgobernadores gozaban de más ventajas que las contempladas legalmente, y contaban con ayudantes y asesores hasta por decenas, con salarios devengados con recursos públicos, que cada seis años engrosaban las cifras financieras del presupuesto.
Lo cierto es que, por más abrogación existente respecto de los privilegios legaloides de los que gozan los exgobernadores, prevalecerá la suspicacia para que las élites políticas encuentren los resquicios suficientes para no suprimir esas gratificaciones que a manera de especie reciben los herederos del Grupo Atlacomulco, y con discrecionalidad se puedan seguir otorgando de facto.
En el espectro político, la clase gobernante de Atlacomulco, la misma que se impuso hace siete años en las urnas, que puso y dispuso desde Los Pinos el sexenio pasado, frente a los excesos de más de setenta años en su bastión electoral, el Estado de México, hoy padece los estertores de sus privilegios como víctima de su derrota electoral.
La tenebra
Los exgobernadores no tienen nada de qué preocuparse frente a la supresión de sus privilegios. Nunca han necesitado de una pensión económica cuando tienen a su disposición el presupuesto público desde otros ámbitos institucionales: senadores o diputados plurinominales, la estructura partidista, y más recientemente, la improvisación de la academia como demostración de su poder político a la distancia de su mandato. Y frente a la abrogación de sus prebendas, como diría el clásico Germán Dehesa: ¿Qué tal durmió Montiel? ¿Y todos los demás: Baranda, Pichardo, Chuayffet, Camacho, Peña, Eruviel? ¿Algún un síntoma de insomnio?
