Redacción
Toluca, Edomex; 20 de julio de 2026. El Gobierno del Estado de México autorizó la aplicación de 756 mil 85 pesos del Fondo de Reparación del Daño del Instituto de la Defensoría Pública (IDP) para cubrir las indemnizaciones ordenadas por autoridades jurisdiccionales en favor de víctimas, una medida que permitirá a diez personas privadas de la libertad acceder a beneficios jurídicos previstos en la ley.
Durante la Primera Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fondo de Reparación del Daño fueron aprobadas ocho solicitudes, correspondientes a personas en condiciones de vulnerabilidad económica que, pese a cumplir con los requisitos legales para obtener beneficios como libertad anticipada, libertad condicionada o amnistía, no contaban con recursos para cubrir la reparación del daño fijada por los tribunales.
El encargado del despacho del Instituto de la Defensoría Pública, José Carlos Neira Cruz, explicó que este mecanismo busca eliminar la barrera económica que impide a algunas personas acceder a estos beneficios, sin dejar de garantizar el derecho de las víctimas a recibir la reparación establecida por la autoridad judicial.
El funcionario señaló que la política impulsada por la administración estatal busca fortalecer una justicia con enfoque social, orientada a proteger los derechos de las víctimas y, al mismo tiempo, favorecer la reinserción social de quienes cumplen con las condiciones legales para obtener un beneficio jurídico.
Neira Cruz detalló que el Fondo de Reparación del Daño contempla un apoyo máximo de 300 mil pesos por persona. Antes de autorizar cualquier recurso, el Comité Técnico realiza una revisión de cada expediente para verificar el cumplimiento de los requisitos legales y garantizar que la asignación de recursos se realice con criterios de legalidad, objetividad y transparencia.
Con este esquema, el Gobierno del Estado de México busca fortalecer el acceso a la justicia mediante un mecanismo que, por un lado, asegura el cumplimiento de las resoluciones judiciales en favor de las víctimas y, por otro, permite que personas privadas de la libertad en situación de vulnerabilidad económica puedan acceder a los beneficios jurídicos contemplados en la legislación vigente.
