Francisco Ledesma
Toluca, Edomex; 27 de octubre de 2026.- Las comisiones legislativas de Puntos Constitucionales y de Educación del Congreso del Estado de México iniciaron este martes el análisis de la iniciativa para expedir una nueva Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex), en una reunión donde representantes de la institución y diputados expusieron coincidencias y diferencias sobre la elección de autoridades, la representación universitaria, la gratuidad y la fiscalización de recursos.
Tras la presentación de cuatro iniciativas de ley sobre la institución, presentadas por la titular del Poder Ejecutivo (que corresponde al anteproyecto de la rectoría); además de las anunciadas por los diputados Ruth Salinas Reyes (Movimiento Ciudadano); Octavio Martínez (Morena) y Gerardo Pliego Santana (Morena), se determinó citar a una nueva reunió para mañana miércoles, donde se pretende dictaminar la reforma universitaria y ser aprobada por el pleno legislativo en la sesión del jueves 29 de octubre.
Las intervenciones mostraron coincidencias en la necesidad de ampliar la participación de la comunidad universitaria, revisar los mecanismos de elección de autoridades y avanzar hacia la gratuidad, pero también diferencias sobre el peso del voto de cada sector, los alcances de la representación y los controles sobre el ejercicio presupuestal.
El proyecto enviado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez fue aprobado previamente por el Consejo Universitario, mientras que las propuestas de los legisladores plantean modificaciones adicionales en materia electoral, de derechos universitarios y fiscalización.
Durante la reunión de trabajo, Evangelina Sales Sánchez, consejera jurídica de la UAEMex, defendió el proyecto aprobado por el Consejo Universitario el pasado 17 de julio y presentado ante el Congreso a través del Poder Ejecutivo estatal, al señalar que deriva de un proceso de consulta y diagnóstico participativo con la comunidad universitaria.
Explicó que la legislación vigente data de 1992 y que, para elaborar la propuesta, se realizaron siete foros regionales, tres conferencias magistrales con perspectiva de derechos humanos y consultas ante los consejos de gobierno de los espacios académicos.
Detalló que la Universidad está integrada por 55 espacios académicos y 20 espacios de investigación, con alrededor de 100 mil estudiantes, 7 mil docentes y 4 mil 500 trabajadores administrativos. Señaló que más de la mitad de la comunidad universitaria carece actualmente de representación en los órganos de decisión.
La iniciativa plantea incorporar gradualmente a las unidades académicas profesionales y centros universitarios al Consejo Universitario, que actualmente cuenta con 111 integrantes y que, conforme a la propuesta, llegaría a 223 miembros.
Sales Sánchez también expuso la creación de un órgano electoral universitario con autonomía técnica para organizar, vigilar y dar certeza a los procesos de elección de consejeros, directores y de la persona titular de la Rectoría.
Afirmó que el proyecto garantiza la no reelección y descartó que contemple ampliaciones de mandato. Asimismo, explicó que la reforma prevé un plazo de 365 días para armonizar la reglamentación universitaria, elaborar un plan de acción para avanzar progresivamente hacia la gratuidad y establecer mecanismos de representación de estudiantes y personal académico.
Sobre la elección de autoridades, indicó que la iniciativa contempla una ponderación del voto por sectores, al considerar que la comunidad universitaria está integrada por estudiantes, académicos y personal administrativo, con responsabilidades diferenciadas.
La propuesta también incorpora disposiciones sobre libertad académica, acceso abierto al conocimiento, fuentes alternas de financiamiento y retribución social de la investigación universitaria.
MC pide voto universal y plazos para la gratuidad
La diputada de Movimiento Ciudadano, Ruth Salinas Reyes, reconoció la necesidad de actualizar la legislación universitaria, pero sostuvo que la propuesta debe incorporar mecanismos adicionales de participación y garantías para los distintos sectores.
Recordó que el 25 de febrero presentó una iniciativa para elevar a rango de ley el voto universal y garantizar el debido proceso, así como la posibilidad de que las autoridades universitarias den vista al Ministerio Público cuando conozcan hechos que pudieran constituir delitos.
La legisladora consideró que el voto universal queda incompleto si no se establecen garantías para evitar que algún sector vea disminuido el peso de su sufragio. También planteó ampliar la representación del personal administrativo en el Consejo Universitario y fijar plazos para avanzar hacia la gratuidad de los servicios educativos.
Salinas Reyes pidió que las propuestas presentadas por los distintos grupos parlamentarios sean consideradas e integradas, en sus puntos coincidentes, con la iniciativa remitida por el Ejecutivo estatal.
Sostuvo que la facultad legislativa del Congreso no debe confundirse con una intromisión en la autonomía universitaria y afirmó que las propuestas de los diputados deben discutirse con argumentos dentro del proceso legislativo.
Además, propuso revisar la legislación universitaria al menos cada diez años, con el propósito de actualizar sus disposiciones a las necesidades de la comunidad.
Morena plantea elección directa y mayor representación
El diputado de Morena, Gerardo Pliego Santana, expuso la necesidad de transitar de los mecanismos de auscultación hacia el voto directo para la designación de autoridades universitarias, de modo que la decisión refleje una participación más amplia de la comunidad y no dependa únicamente de sus órganos de gobierno.
También propuso crear un órgano electoral encargado de organizar los comicios internos y resolver controversias, así como fortalecer la integración paritaria del Consejo Universitario e incorporar principios democráticos en el Estatuto Universitario.
Por su parte, el diputado morenista Octavio Martínez Vargas señaló que su iniciativa presenta coincidencias sustantivas con el proyecto enviado por el Ejecutivo, aunque insistió en la necesidad de construir una legislación que incorpore cambios adicionales.
Martínez planteó que la elección de autoridades universitarias se realice mediante voto universal, libre y directo, y que la nueva ley garantice una mayor cobertura territorial de la institución.
El legislador cuestionó la presencia y vinculación de la UAEMex en el Valle de México, particularmente en Ecatepec, donde consideró necesario fortalecer la relación entre la Universidad y la población.
También pidió incorporar disposiciones sobre transparencia, rendición de cuentas y auditoría de los recursos universitarios. Como antecedente, mencionó las investigaciones relacionadas con la llamada Estafa Maestra y las transferencias de recursos a la institución, así como un procedimiento resarcitorio por más de 50 millones de pesos.
