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Busca amparo coronel vinculado al caso Tlatlaya; su situación jurídica en el limbo

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Redacción

Distrito Federal. 19 de enero de 2015.- El coronel, Raúl Castro Aparicio, comandante del 102 Batallón de Infantería, quien lideraba a las fuerzas castrenses involucradas en la ejecución extrajudicial de 22 presuntos criminales en Tlatlaya, Estado de México, presentó una demanda de amparo para evitar cualquier orden de aprehensión, arresto o arraigo en su contra, que se encuentre vinculada a los hechos ocurridos el pasado 30 de junio.

Caso Tlatlaya. Persisten dudas. Foto: Agencia MVT.
Caso Tlatlaya. Persisten dudas. Foto: Agencia MVT.

Luego de haberse acreditado que militares realizaron las ejecuciones cuando el presunto grupo criminal se había rendido y manipularon la escena del crimen, las autoridades federales determinaron remover de su cargo al coronel Raúl Castro, quien ha presentado el juicio de amparo ante el temor de ser detenido y torturado.

En la víspera, las autoridades militares y civiles negaron que exista una orden de aprehensión en contra de Casto, por lo que la suspensión de amparo le fue negada. Sin embargo, en se pudo conocer que por ahora la solicitud de amparo sigue su curso ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Amparo Penal del Distrito Federal.

El juzgado a cargo de Martha Estréver Escamilla tenía contemplada una audiencia el próximo 22 de enero para desahogar un fallo definitivo en el amparo 1048/2014. En una notificación reciente, la audiencia fue cancelada y diferida hasta nuevo aviso.

Aunque Castro no participó directamente en el operativo desarrollado por militares y que derivó en la ejecución extrajudicial de 22 presuntos criminales, testimonios de los hechos, han determinado que el coronel arribó a Tlatlaya dos horas después del presunto enfrentamiento.

Hasta ahora, las autoridades no han definido si el coronel tuvo alguna participación en la alteración de la escena del crimen.

La semana pasada, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos decidió reclasificar la investigación vinculada con el caso Tlatlaya por considerar que existieron violaciones graves a las garantías individuales, lo que podría abrir nuevas líneas sobre las personas e instituciones relacionadas con estos hechos y adjudicar mayores responsabilidades.

 

 

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