Ricardo Moreno*
Hace días en algunos medios de comunicación y en redes sociales, se lanzó una escaramuza en contra del Director de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, en la que se le veía comiendo en el restaurante Hunan de la Ciudad de México y en el que se hace escarnio de su presencia en ese lugar de lujo, intentando demeritar su función por incurrir en una supuesta falta de austeridad.
Todo cobra sentido y es parte de un todo. Ese ataque corresponde con el anuncio hecho por Pablo Gómez en la conferencia mañanera de que la Unidad de Inteligencia Financiera había denunciado ante la Fiscalía General de la República el probable delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en contra de Enrique Peña Nieto. Si bien el anuncio sacude el escenario político nacional, renueva la profunda convicción de la 4T de enfrentar con seriedad el desmantelamiento del estado corrupto y la erradicación de la impunidad como base de un nuevo régimen.
En lo personal, conozco a Pablo Gómez y sé de su enorme compromiso por abatir el estado corrupto. Es un hombre serio y de convicciones bien afianzadas pero, sobre todo, un extraordinario parlamentario y servidor público. A Pablo no lo guían venganzas ni pasiones. A él, lo mueven las convicciones de transformación del estado. Por eso guarda relevancia la presentación de la denuncia. Se habla de poco más de 22 millones de pesos en transferencias a las cuentas del expresidente, provenientes de empresas en las que es accionista o con las cuales ha tenido relación directa y que figuraron dentro de los proveedores durante su gobierno.
Sin duda en la percepción de la gran mayoría de los mexicanos, el saqueo durante su gobierno fue mayúsculo y se levantarán dudas sobre este minúsculo monto respecto a la percepción que se tiene de su gobierno. Sin embargo, debemos de recordar que los delincuentes suelen intentar no dejar huella de sus ilícitos y cuando son de cuello blanco con mayor razón. En este sentido, la historia nos da muchos ejemplos, pero tal vez el más emblemático es el del más grande jefe de la mafia en Estados Unidos, Charles Lucky Luciano quien, a pesar de su largo historial criminal por todo mundo conocido, fue detenido y encarcelado solo por el delito de evasión de impuestos.
El hilo se rompe por lo más delgado pero acaba por romperse. La investigación formalmente abierta será un proceso largo en el que se hará uso de todos los recursos legales al alcance de Peña Nieto y todo el grupo que lo acompañó en el gobierno y que durará largo tiempo. Con toda seguridad se convertirá en uno de esos casos de justicia mediática que en lo personal repruebo. Sin embargo, este paso ayudará a sanear las instituciones de este país. México se sumará a la lista de naciones latinoamericanas que en las últimas dos décadas han decidido juzgar a presidentes y expresidentes por actos ligados con la corrupción y que bueno que sea así. Este precedente sentará las bases para que los próximos gobernantes no se sientan intocables. Este hecho termina con la insidia política de un supuesto acuerdo de impunidad entre Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador que los mismos opositores han propalado.
Ahora veremos a panistas y perredistas diciendo que se trata de un perseguido político. Vaya dilema que tienen. ¡Otra vez AMLO le ha puesto el cascabel al gato y en qué momento!
* Ha sido diputado federal y local. Se ha desempeñado como representante de MORENA ante el instituto electoral del Estado de México. Fue secretario del Ayuntamiento de Toluca de 2019 a 2020.
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