Redacción
Toluca, Edomex, 22 de junio del 2026.- Mientras la alcaldesa de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco insiste en que ella fue víctima de la privación ilegal de la libertad el pasado 31 de mayo, y que las imputación que le hace la fiscalía estatal de un presunto autosecuestro, es una fabricación para desprestigiarla políticamente, este lunes, un juez de control del Poder Judicial del Estado de México decretó la vinculación a proceso de Karla Valeria “N” y Víctor Manuel “N”, por el delito de simulación de secuestro, al considerar que el Ministerio Público aportó elementos suficientes para presumir su responsabilidad en este ilícito.
La alcaldesa Nancy Nápoles concedió este lunes algunas entrevistas en noticieros de radio a nivel nacional, donde sostuvo que de víctima de un delito, la fiscalía la convirtió en presunta responsable de otro ilícito, e insistió en que todo esto tiene un trasfondo político. Además, hoy calificó que todo este ataque hacia su persona se puede configurar como violencia política en razón de género.
Tanto el noticiero radiofónico de Ciro Gómez Layva como de Azucena Uresti, la alcaldesa rechazó que ella haya planeado un auto secuestro y negó que en el ayuntamiento de Tenancingo exista un desfalco de 40 millones de pesos, como lo aseguró la Fiscalía mexiquense en un comunicado de medios.
Indicó que ni ella ni su esposo están prófugos de la justicia, pues se encuentran laborando como siempre y a la espera de ser notificados formalmente de la existencia de un expediente en su contra y de la audiencia de donde la fiscalía le formulará la imputación por simulación de secuestro, programada para el 9 de julio.
Lo novedoso en las entrevistas fue que la alcaldesa sugirió que la pareja de su hermana, identificado como Oscar “N”, puede estar involucrado en todo este asunto, pues desde la semana pasada huyó y ya no se encuentra localizable en Tenancingo.
A decir de la fiscalía tanto Oscar “N” como el esposo de la alcaldesa, José Roberto “N” habrían estado planeando el auto secuestro desde febrero pasado, para poder ocultar o justificar el quebranto de 40 millones de pesos que había en hacienda pública municipal.
Tras las entrevistas concedidas en la mañana, a mediodía la Fiscalía estatal emitió un comunicado donde informó que dos de las tres personas detenidas por este caso, se les decretó la vinculación a proceso por el delito de simulación de secuestro y además se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada.
Además, el juez de control que conoce del caso, dio un plazo de dos meses para el cierre de investigación complementaria.
De acuerdo a la investigación iniciada por la fiscalía, hay un testimonio de uno de los partícipes que refiere que Oscar “N” y José Roberto “N”, cuñado y esposo de la alcaldesa planearon todo el asunto para poder cobrar 40 millones de pesos de rescate, para ocultar el desfalco que había en el ayuntamiento por esa cantidad.-
El expediente que consignó la fiscalía al juez señala que para llevar a cabo el “falso secuestro”, Oscar “N” contactó a su amigo Cristian “N”, a quien “le propuso un negocio” y le ofreció que José Roberto “N”, un pago de 500 mil pesos a cambio de su participación. Este sujeto, a su vez, invitó a su pareja sentimental Karla Valeria “N” y al hermano de esta, Víctor Manuel “N”.
De los actos de investigación se desprende que en la planeación y ejecución también habría participado la propia presidenta municipal, “quien pretendía justificar un faltante de recursos públicos por el mismo monto, generado en su propia administración”.
Uno de los elementos principales de la Fiscalía es que al analizar los videos de cuando sucede la privación ilegal de la libertad de la alcaldesa, “no se advirtió acto alguno de violencia física ejercido en su agravio, por el contrario, las imágenes permiten observar que uno de los probables intervinientes incluso le auxilia para que descienda de su vehículo y se traslade al automotor rojo, sin que se observen actos de fuerza, sometimiento o resistencia por parte de la presidenta municipal”.
Este lunes, la fiscalía incluyó en su comunicado que de acuerdo con el artículo 14 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, los particulares investigados podrían alcanzar una penalidad de hasta 16 años de prisión por el delito de simulación de secuestro, en tanto que con base en el artículo 13 de la misma Ley, la servidora pública alcanzaría una sanción de hasta 700 jornadas de trabajo a favor de la comunidad.
