Distrito Federal. 5 de octubre de 2015.- El Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), advirtió que la matanza de Tlatlaya perpetrada por militares en contra de 22 presuntos criminales corre el riesgo de quedar en la impunidad, luego de que el pasado lunes se ordenara la liberación de cuatro militares involucrados en dichos acontecimientos por la falta de elementos para procesarlos penalmente.
El Centro Prodh consideró que tanto la PGR como el Poder Judicial de la Federación (PJF) han incurrido en deficiencias, particularmente puso en duda la actuación de la PGR en este caso, “que al ser quien acusa debe presentar cargos penales sostenibles jurídicamente, garantizando los derechos de las víctimas y realizando una investigación exhaustiva y diligente”.
En su calidad de representante de Clara Gómez González, madre de una de las víctimas y sobreviviente de los hechos cometidos por personal militar, el Centro Prodh reprochó que su representada siga sin ser considerada víctima, y que junto a la inminente liberación de cuatro militares, hasta ahora la PGR se haya negado a iniciar una investigación de la cadena de mando militar.
Para los abogados de Clara Gómez González, quien fue identificada como testigo como Julia, llama la atención la actuación del PJF, que hasta ahora no ha considerado que su defendida sea parte de esta indagatoria, en tanto que debería ser “garante del debido proceso para toda persona sujeta a procesos penales, incluidas las víctimas”.
El Centro Prodh subrayó que tanto la PGR como el PFJ han seguido un patrón de actuación, bajo el que “podría consolidarse la impunidad en uno de los más graves casos de ejecuciones arbitrarias y encubrimiento de la historia reciente”.
Denunció que hasta la fecha, la PGR “se negó a investigar la cadena de mando sin mayor fundamentación que su sola negativa, decisión que actualmente se encuentra impugnada y pendiente de resolverse”.
Por tanto, solicitó a la PGR que se abordara esa línea de investigación luego de que el 2 de julio pasado difundió “la existencia de una orden militar inconstitucional propiciatoria de graves violaciones a derechos humanos, que ordenaba a los castrenses abatir a civiles en horas de oscuridad”.
Para el Centro Prodh, “la justicia y la verdad frente al caso Tlatlaya continúan pendientes, sin que la reciente resolución que se ha dado a conocer en los medios ponga fin al juzgamiento de estas graves violaciones a derechos humanos”.
Esa misma resolución, subrayó “alerta sobre la posibilidad de que el caso quede impune, en la medida en que se persista en la negativa a reconocer a las víctimas y sus derechos”, lo cual vendría a confirmar una de las conclusiones de la CIDH, en el sentido de que la impunidad es estructural en un marco de “la grave crisis de violaciones que vive el país”.
En un comunicado el Centro Prodh afirmó que en el procesamiento de tres elementos de la Sedena por ejecución arbitraria, cuyas actuaciones del 30 de mayo de 2014 “son consistentes con los dichos de las sobrevivientes y se sostienen hasta el momento; ello no implica que el resto de los involucrados sean ajenos a la comisión de conductas ilícitas, dado que incurrieron en encubrimiento y en alteración de los hechos. En otra palabras, el Ejército ha sido exonerado”.
Por su parte, el ombudsman nacional Luis Raúl González Pérez llamó a que la PGR impugne la decisión judicial por la que “se absuelve” a cuatro inculpados, no obstante aclaró que la función de la CNDH es investigar violaciones a derechos humanos y no delitos.
González Pérez recordó que la PGR, Sedena y Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) aceptaron la recomendación 51/2014 sobre Tlatlaya, por lo que al organismo público le corresponde “darle seguimiento al cumplimiento”.
En su momento, la CNDH resolvió en su recomendación 51/2014 que, entre 12 a 15 personas fueron arbitrariamente privadas de la vida, en un contexto distinto al de un enfrentamiento; confirmando, además, la violación a otros derechos como a la verdad, al acceso a la justicia y a la integridad personal respecto de las sobrevivientes.
El ombudsman nacional agregó que el resolutivo de un juez, “donde absuelve a cuatro personas (…) se puede apelar” por la PGR, aunque reconoció que pese a acreditar las violaciones a derechos humanos, “no necesariamente se tiene que empatar con la determinación judicial. Nosotros no investigamos delitos, investigamos violaciones a derechos humanos”.
