En la víspera, el presidente Enrique Peña Nieto realizó ajustes a su gabinete, cuya toma de decisiones evidencia sólo otorgar respuestas a las componendas políticas del poder público, pero no atender a las exigencias sociales o a los desafíos institucionales de un gobierno desacreditado en la evaluación.
Las posiciones de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de la Función Pública corresponden a dependencias vinculadas con el hartazgo social por fomentar la impunidad de quienes laceran las leyes. Por lo tanto, era obligatorio contemplar reemplazos en los encargos, pero la solución otorgada por el peñismo redundó en conceder esas posiciones a parte de la élite política que mantienen una connivencia en el ejercicio del poder público.
Una desgastada imagen de la titular de la PGR, Arely Gómez, incapaz de resolver expedientes entrampados como Ayotzinapa y Tlatlaya, ahora será encargada de investigar posibles conflictos de interés, actos de corrupción y tráfico de influencias por parte de los servidores públicos, incluido su jefe político, Enrique Peña, que enfrenta el descrédito social por la Casa Blanca que adquirió de Grupo Higa, o por la casa de Ixtapan de la Sal que compró a la familia San Román.
En paralelo, Raúl Cervantes, emparentado con dos de los hombres más cercanos a Peña Nieto: Humberto Castillejos y Alfredo Castillo, será el responsable de atender los casos que han lastimado más la percepción pública del peñismo. Los expedientes de Ayotzinapa, Tlaltaya y Nochitlán, que ensombrecen a las instituciones ante la incapacidad por develar las verdades históricas.
Las designaciones de Arely Gómez y Raúl Cervantes, en puestos clave de instancias investigadores de faltas administrativas o ilícitos, adquieren la interpretación de extender un manto de impunidad por los siguientes años, que se prologan incluso una vez que Peña Nieto y su gobierno abandonen sus encargos el 30 de noviembre de 2018, en un plazo de 25 meses.
En el caso de Raúl Cervantes, podría ser el hombre encargado de transformar la PGR en la Fiscalía General de la Nación, que pretender asumir una mayor autonomía para el Ministerio Público, pero cuya transición quedaría en un personaje de amplia militancia priísta y de profunda cercanía a Peña Nieto. Lo más cuestionable para las voces que cuestionan al actual gobierno federal, radica en que su encargo duraría alrededor de 9 años, es decir, Cervantes abandonaría su responsabilidad entre 2025 y 2026, dependiendo de las circunstancias en que pudiera consolidar el proyecto de Fiscalía de la Nación.
Por lo que hace a Arely Gómez, se trata de una política convexa, lo mismo colaboradora de los gobiernos panistas como titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), que una ascendente carrera política como priísta, donde logró ser senadora y titular de la Procuraduría General de la República (PGR), con más oscuridades que luces en su encargo.
Con ese lastre de protección y complicidades, Enrique Peña tomó decisiones que profundizan las condiciones de desconfianza, descrédito y hartazgo hacia un gobierno que se ha cansado de desgastar la investidura presidencial y por debilitar las instituciones, a pesar de la presunción de las reformas estructurales como paradigma de la transformación del país, y de un insistente discurso para convencer que el presidente no se despierta pensando en joder a México.
