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OFF THE RECORD

Toluca, Edomex. 9 de mayo de 2014.- La diputada federal del PRI, Cristina Ruiz Sandoval fue denunciada ante la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México por el reparto masivo de «al menos mil peces» tipo beta que realizó la legisladora como regalo del Día del niño durante el pasado fin de semana. A través de la asociación “Si Esperanza Animal” se explicó que el reparto masivo de peces viola por lo menos tres incisos del artículo 6.24 del Código de Biodiversidad del Estado de México, que prohíbe el uso de animales en cualquier tipo de acto político. En sus actividades, Ruiz usó los colores del PRI y los logotipos de la Legislatura Federal.

De aplicarse la Ley, Ruiz Sandoval podría hacerse acreedora a una multa que va de los 3 mil hasta los 85 mil pesos, por haber infringido la Ley. Resulta paradójico, que una exlegisladora local y actual diputada federal viole disposiciones legales, que está obligada a conocer, y por supuesto a respetar. Del otro lado, está por verse si a las autoridades ambientales mexiquenses no les tiembla la mano, aplican la ley vigente, y proceden en contra de la legisladora priísta. Entender que fuero no puede, ni debe ser sinónimo de impunidad.

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¿En manos de quién está la seguridad de los mexiquenses? Resulta que la Procuraduría de Justicia del Estado de México ejerció acción penal en contra de dos mujeres agentes del Ministerio Público de los Valles de México y Toluca acusadas por el delito de presunto cohecho. En sus funciones públicas, las MP pedían dinero a cambio de hacer o no hacer determinadas actividades que corresponden a su ejercicio. Las dos servidoras públicas fueron detenidas en flagrancia y ambas fueron llevadas ante la autoridad Judicial. Las funcionarias fueron detenidas como resultado de denuncias telefónicas ciudadanas a la oficina del Procurador.

Los nombres de las servidoras públicas fueron omitidos por la Secrecía de la Investigación. De enero a la fecha, 51 elementos de la Institución han sido dados de baja por pérdida de confianza. En la Procuraduría de Justicia duermen con el enemigo, y la circunstancia vuelve por demás complejo, casi imposible, que la ciudadanía tenga confianza en sus instituciones, sobre todo de aquellas dedicadas a la prevención del delito, combate al crimen, y la procuración de justicia. La legalidad y el Estado de Derecho parecen desvanecerse.

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Sea cual sea el resultado de la elección por la dirigencia nacional panista, quien saldrá muy mal librado será el mexiquense Francisco Gárate Chapa. El árbitro de la contienda interna del PAN, ha sido acusado por el equipo de Ernesto Cordero de generar un ambiente enrarecido, y muy particularmente a favor de Gustavo Madero, quien busca la reelección como presidente nacional del blanquiazul. Si gana Cordero, el buen Paco Gárate ya tendrá un obstáculo en quien mandará en el partido; si gana Madero, se acusará al mexiquense de influir indirectamente en el resultado de los comicios. Nada fácil la tarea del panista.

A propósito del panismo, se prevé que este viernes, Juan Manuel Oliva, exgobernador de Guanajuato y compañero de fórmula de Cordero, estará de visita por Ixtapan de la Sal. Los panistas saben que el padrón electoral mexiquense siempre es determinante en cualquier elección, ya sea partidista o constitucional. De ahí se entiende la presencia constante de ambos candidatos, con el fin de con-vencer al electorado mexiquense como fiel de la balanza para decidir al nuevo presidente nacional del PAN.

 

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