Redacción
Toluca, Edomex; 14 de agosto de 2026.- El Cabildo de Toluca aprobó por mayoría de votos -con nueve votos más una abstención- el cambio de uso de suelo de habitacional a bodegas de almacenamiento múltiple sin venta directa al público para dos predios ubicados en José María Morelos 110 y 201, en la Unidad Territorial Básica Independencia, en medio de cuestionamientos de regidores por la falta de transparencia del procedimiento y dudas sobre sus posibles impactos urbanos y ambientales.
El alcalde de Toluca Ricardo Moreno Bastida votó en abstención, pero se sumó a la mayoría por reglamentación municipal.
A favor del proyecto se pronunció: la síndico Yazmín Najera Romero; el primer regidor Mario Magno Díaz; la segunda regidora Ana Victoria Pliego Tapia; el tercer regidor Edgardo Rebollar Pérez; la cuarta regidora Belén Garay Garduño; el quinto regidor Víctor Armando Díaz Rodríguez; la sexta regidora Edna Viridiana Pérez Santaolalla; la séptima regidora Ana Lilia Terraza Vázquez y la décima regidora Irma Carolina Álvarez Mendoza.
En contra: el segundo síndico Jaime Amado López Gómez; la octava regidora Shantall Zepeda Escobar; el noveno regidor José Ramón Santana López; el décimo primer regidor, Luis Felipe García Chávez; y la décimo segunda regidora Cristina Sierra Castillo.
La aprobación ocurrió después de una discusión en la que integrantes del cuerpo edilicio fijaron posiciones encontradas sobre el expediente, que comenzó a generar inconformidad entre vecinos desde 2025, cuando se realizaron obras en los inmuebles y la comunidad solicitó información al Ayuntamiento.
La octava regidora, Shantall Zepeda Escobar sostuvo que el procedimiento estuvo marcado por “opacidad, falta de información, incertidumbre e irregularidades” y cuestionó particularmente la consulta realizada con habitantes de la zona.
Otro de sus cuestionamientos se centró en la propiedad de los inmuebles. Señaló que el expediente registra, en menos de un año, dos transmisiones de los predios: primero mediante la constitución de un fideicomiso y posteriormente a través de una escritura de compraventa.
Por ello, pidió conocer con claridad quiénes son los propietarios y beneficiarios finales de los inmuebles, además de descartar posibles conflictos de interés entre quienes participaron en el procedimiento.
Zepeda informó que presentó denuncias ante órganos internos de control para que se investiguen las posibles irregularidades y sostuvo que su posición no busca politizar el expediente, sino utilizar las herramientas institucionales disponibles para defender los derechos de los ciudadanos.
El décimo primer regidor, Luis Felipe García Chávez, también votó en contra. Argumentó que algunas observaciones planteadas durante las reuniones de la comisión no fueron subsanadas y señaló posibles inconsistencias entre la factibilidad estatal y los planteamientos realizados durante el análisis municipal.
Entre sus principales preocupaciones mencionó la saturación urbana que podría generar el proyecto.
El segundo síndico, Jaime Amado López Gómez, respaldó los cuestionamientos y también se pronunció en contra. Señaló que el caso debe servir como una llamada de atención sobre la falta de planeación ante un crecimiento urbano que, dijo, está rebasando la capacidad de las autoridades.
La décimo segunda regidora, Cristina Sierra Castillo, igualmente votó en contra, aunque reconoció el trabajo de las áreas técnicas y jurídicas que participaron en la integración del expediente.
Sierra planteó que el proyecto representa una oportunidad de inversión y generación de empleos, pero advirtió que durante el proceso surgieron dudas relacionadas con movilidad, cercanía de centros educativos, infraestructura vial, riesgos geológicos y capacidad de los servicios públicos.
Propuso regresar el expediente a las áreas técnicas para integrar y evaluar dictámenes adicionales en materia de impacto vial, geológico, protección civil e hidráulico.
Los regidores que respaldaron el dictamen defendieron que el cambio de uso de suelo no equivale a otorgar un permiso de construcción.
El primer regidor, Mario Magno Díaz, sostuvo que el Cabildo únicamente resolvió sobre la compatibilidad del uso de suelo y que, si posteriormente se pretende desarrollar un proyecto, deberán tramitarse las licencias y permisos correspondientes.
Dijo que la decisión debe sustentarse en los elementos jurídicos y técnicos contenidos en el expediente y no en presiones políticas.
“El desarrollo de la ciudad no puede estar enfrentado con el bienestar de quienes la habitan”, sostuvo.
La primera síndica, Yazmín Nájera Romero, señaló que la actual administración no inició ni tramitó el expediente, sino que únicamente dio continuidad a un procedimiento iniciado durante el gobierno municipal anterior.
Afirmó que la pasada administración, encabezada por el PRI, autorizó el expediente poco antes de concluir su periodo.
