Francisco Ledesma
Toluca, Edomex; 13 de noviembre de 2026.- A casi tres meses de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) señalara un presunto desfalco de 40 millones de pesos en el Ayuntamiento de Tenancingo, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) reportó irregularidades administrativas y deficiencias en la comprobación del gasto municipal, sin que en su informe de auditoría se acredite este faltante.
La revisión de cumplimiento financiero ACF-180, correspondiente al ejercicio fiscal 2025, identificó observaciones en procedimientos administrativos de contratación, servicios profesionales, entrega de apoyos económicos, pago de nómina y ejecución de obra pública.
Sin embargo, los resultados publicados no presentan una determinación de daño patrimonial por los 40 millones de pesos que la Fiscalía vinculó con la investigación por el presunto autosecuestro de la alcaldesa Nancy Nápoles Pacheco.
El caso se hizo público en junio pasado, cuando la Fiscalía sostuvo que el supuesto secuestro habría sido simulado para justificar la desaparición de recursos municipales por esa cantidad. Un día después, el OSFEM confirmó que había recibido de la unidad especializada en combate al secuestro copias de las constancias ministeriales para analizar posibles actuaciones dentro de sus atribuciones.
El 4 de septiembre, el órgano fiscalizador modificó su Programa Anual de Auditorías 2026 para incorporar una revisión de cumplimiento financiero al Ayuntamiento de Tenancingo, adicional a una auditoría de legalidad que ya estaba programada. Los trabajos fueron abiertos formalmente en septiembre.
En el informe de resultados entregado ayer al Congreso local, el OSFEM contabilizó 37 resultados y documentó deficiencias en distintas áreas del gasto. Entre ellas, procedimientos de adjudicación directa sin justificación suficiente, falta de estudios de mercado, contratos con documentación incompleta y pagos sin elementos suficientes para acreditar plenamente la prestación de servicios o la entrega de bienes.
En la partida de servicios profesionales se reportaron cinco resultados, 23 observaciones y cinco pliegos de observaciones. Los señalamientos incluyen posibles fraccionamientos de contratos para evitar procedimientos de mayor competencia y falta de documentación para comprobar los servicios contratados.
En el rubro de cooperaciones y ayudas se identificaron cuatro resultados, 17 observaciones y cuatro pliegos. Los apoyos correspondieron a gastos médicos, materiales, actividades deportivas, festividades y necesidades comunitarias. El órgano fiscalizador encontró que el municipio no acreditó suficientemente los criterios para seleccionar beneficiarios ni los mecanismos para comprobar el uso y destino de los recursos.
También se observaron pagos de nómina relacionados con plazas no autorizadas, remuneraciones superiores a los tabuladores y falta de documentación para acreditar algunas relaciones laborales. En obra pública, el informe señala inconsistencias en evaluaciones económicas y especificaciones técnicas, además de pagos de personal registrados en inversión pública sin acreditar suficientemente su relación con los trabajos.
Otros señalamientos corresponden a gastos de ceremonias oficiales, adquisición de vestuario y uniformes, arrendamiento de maquinaria, compra de carrocerías y remolques, así como inconsistencias en cuentas por cobrar y pagar.
El Ayuntamiento ejerció 483.4 millones de pesos
De acuerdo con el informe, el Ayuntamiento de Tenancingo tuvo un presupuesto modificado y ejercido de 483 millones 398 mil 500 pesos durante 2025, mientras que sus ingresos recaudados ascendieron a 491 millones 605 mil 200 pesos.
La auditoría revisó un universo de egresos de 397 millones 418 mil 600 pesos, equivalente a 82.2 por ciento del gasto ejercido. La muestra auditada fue de 310 millones 698 mil 500 pesos. En materia de ingresos, la revisión abarcó la totalidad de los recursos recaudados.
El gasto municipal se concentró principalmente en servicios personales, con 228.9 millones de pesos; inversión pública, con 99.2 millones, y servicios generales, con 68.2 millones de pesos.
Los resultados de la auditoría constituyen observaciones que deberán ser atendidas conforme a los procedimientos de fiscalización. No equivalen, por sí mismos, a una determinación definitiva de daño patrimonial ni acreditan responsabilidades penales.
Aunque la revisión financiera fue incorporada al programa del OSFEM después de que la Fiscalía hizo público el presunto faltante de 40 millones de pesos, el informe disponible documenta principalmente deficiencias administrativas y de comprobación del gasto, sin establecer que ese monto haya sido localizado, recuperado o acreditado como daño patrimonial.
