Francisco Ledesma / Las nuevas modalidades del fraude electoral
El oficialismo —identificado con Morena y sus aliados electorales— ha pretendido, en las últimas semanas, concentrar la discusión pública en la narrativa del fraude electoral que, sostiene, dañó a su movimiento hace veinte años, cuando Andrés Manuel López Obrador perdió la elección presidencial frente a Felipe Calderón por una estrecha diferencia. Una acusación que nunca pudo acreditarse jurídicamente, pero que abrió una profunda crisis de legitimidad sobre el triunfo del calderonismo.
La reflexión que hoy debería ocuparnos es otra: ¿qué tanto hemos avanzado democráticamente para evitar cualquier fraude electoral? O, por el contrario, ¿qué tanto los partidos políticos y sus candidatos han sofisticado los mecanismos para distorsionar la competencia, incidir en la participación de los votantes y perpetuar un clientelismo electoral que prevalece en las urnas?
El fraude electoral ha sido una circunstancia recurrente en la historia de la democracia mexicana. Sus antecedentes se remontan al periodo de hegemonía priista, cuando el partido en el poder también tenía bajo su control la organización de las elecciones y el conteo de los votos, antes de la creación de órganos electorales autónomos. Aquella concentración de funciones alimentó durante décadas las sospechas sobre la credibilidad de los resultados.
Los cuestionamientos a los triunfos electorales acompañaron episodios como la elección de Chihuahua en 1985, la caída del sistema durante la contienda presidencial de 1988, que dio el triunfo a Carlos Salinas de Gortari, y la elección de Guanajuato en 1991, que derivó en la salida de Ramón Aguirre y el nombramiento de Carlos Medina Plascencia como gobernador interino, entre otras componendas del poder político mexicano.
En esa incipiente democracia, el priismo perfeccionó un repertorio de trampas electorales: el operativo tamal, el carrusel, el ratón loco, las urnas embarazadas, las casillas zapato y los mapaches electorales, entre otras variantes de una competencia desigual frente a un aparato de Estado capaz de torcer la legalidad de las elecciones e imponerse ante cualquier adversidad.
El surgimiento de los órganos electorales autónomos, el blindaje de las boletas y la recepción y el conteo de los votos por parte de ciudadanos representaron un avance sustancial. Permitieron a la oposición —particularmente al PRD, antecedente político de Morena— competir en condiciones de mayor certeza, conquistar espacios de poder y propiciar una alternancia electoral en decenas de estados y cientos de municipios del país.
Sin embargo, la transición democrática no erradicó las prácticas destinadas a torcer la voluntad popular. Gobiernos y gobernantes encontraron nuevas alternativas para preservar el control de sus partidos y grupos de interés sobre los espacios de representación pública. La movilización masiva de electores, el clientelismo y el uso de recursos públicos con fines políticos se mantuvieron como mecanismos para construir bastiones electorales y dificultar la alternancia.
La llegada de Morena al poder tampoco supone que el fraude electoral —al menos no en las modalidades que conocimos en el pasado— haya desaparecido. Persiste un sistema político que, independientemente de su ideología o signo partidista, ha normalizado la intervención directa o indirecta de la clase gobernante para incidir en las condiciones de la competencia y, eventualmente, en sus resultados.
Quizá ahí debería poner la mirada el oficialismo. Porque, aun cuando se acrediten irregularidades durante una elección, resulta extraordinariamente complejo que los tribunales electorales determinen la nulidad de los comicios. A ello se suma que, en numerosos casos, las conductas irregulares no derivan en consecuencias administrativas o penales para sus responsables. La debilidad de las sanciones termina por alimentar la impunidad.
Hablar hoy de fraude electoral ya no puede limitarse a recordar la caída del sistema de 1988, ni tampoco a cuestionar a una autoridad electoral por presuntos actos de corrupción en la licitación o adquisición de materiales electorales.
El debate tendría que incorporar las nuevas formas de distorsionar la competencia. Por ejemplo, disfrazar actos anticipados de precampaña con asambleas, recorridos o coordinaciones partidistas que, en los hechos, buscan posicionar a quienes aspiran a convertirse en candidatos presidenciales, a gubernaturas o presidencias municipales.
También tendría que examinar el uso de la política social como instrumento de clientelismo electoral, cuando los programas públicos se convierten en mecanismos de condicionamiento político para construir núcleos de votantes cautivos y garantizar la permanencia del partido gobernante.
El fraude electoral tampoco tiene que ver exclusivamente con quien pierde por un margen estrecho y exige el conteo de voto por voto. La discusión también debe alcanzar los mecanismos de sobrerrepresentación legislativa cuando su aplicación desvirtúa el equilibrio de la representación popular y el sentido del voto ciudadano.
Hoy quizá no tenemos, a la vista de todos, el operativo tamal ni el carrusel de otras épocas. Pero persiste el riesgo de que el crimen organizado inhiba la participación ciudadana, obligue a candidatos a abandonar una contienda o financie campañas electorales para obtener beneficios posteriores.
El fraude electoral no necesariamente ha desaparecido: ha cambiado de rostro, de mecanismos y de operadores. Y reducir la discusión a lo ocurrido hace veinte años puede ser una manera de evadir las nuevas formas en que se distorsiona la voluntad popular.
