Redacción
Naucalpan, Edomex; 25 de agosto de 2026.- La desaparición del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México (Infoem) no solo implica un cambio administrativo: representa, de acuerdo con el excomisionado Gustavo Parra Noriega, un riesgo para la independencia con la que se revisaban las negativas de información y para la capacidad de los ciudadanos de exigir cuentas a los gobiernos.
En entrevista para On The Record, Parra Noriega, quien durante ocho años formó parte del organismo y participó en el desarrollo de la legislación mexiquense en materia de transparencia, advirtió que el nuevo modelo traslada las funciones de garantía hacia las contralorías y órganos internos de control de los propios poderes públicos.
El principal problema, explicó, es que estas instancias tendrán una relación jerárquica con las instituciones a las que deberán revisar. En términos prácticos, quien primero niegue una solicitud de información podría quedar también en posición de revisar la inconformidad del ciudadano.
“Se pierde independencia, se pierde autonomía”, sostuvo el excomisionado, al advertir que los criterios para entregar información podrían quedar sujetos a la voluntad política de cada autoridad.
Parra Noriega cuestionó además si las nuevas autoridades tendrán la capacidad técnica y humana para asumir una carga de trabajo que hasta ahora correspondía a un organismo especializado.
El Infoem llegó a resolver cerca de 20 mil recursos de revisión anuales y, hacia el final de su operación, atendía alrededor de 300 expedientes por semana. Buena parte de su personal contaba con una trayectoria de entre 15 y 19 años en la materia.
El excomisionado consideró indispensable conservar a los especialistas, particularmente porque el acceso a la información y la protección de datos personales requieren conocimientos distintos a los procedimientos administrativos que habitualmente atienden las contralorías.
El desafío aumenta con la expansión del gobierno digital y la inteligencia artificial. Parra Noriega señaló que la supervisión de bases de datos, algoritmos y decisiones automatizadas requerirá capacidades especializadas que no necesariamente existen actualmente en los órganos internos de control.
Uno de los puntos que le generan mayor preocupación es la desaparición del registro público de bases de datos del Estado de México. Hasta antes de la reforma, explicó, se tenían identificadas alrededor de 15 mil bases de datos correspondientes a los 430 sujetos obligados.
Sin ese registro, dijo, será más difícil para los ciudadanos conocer qué información personal posee el gobierno, dónde se encuentra y bajo qué condiciones está siendo utilizada.
Después de años de revisar solicitudes y recursos de inconformidad, Parra Noriega identificó un patrón en los temas que generaban mayor resistencia de parte de los entes públicos.
Las contrataciones públicas se encontraban entre los asuntos más sensibles: quién recibía los contratos, qué proveedores participaban y si la información correspondiente era efectivamente publicada.
También se presentaban obstáculos para acceder a información relacionada con investigaciones y procedimientos de responsabilidad administrativa, así como a documentación vinculada con el ejercicio real de los recursos públicos.
En particular, mencionó los reportes y cuentas públicas de los ayuntamientos que debían mostrar cuánto dinero habían ejercido y de qué manera.
Aunque la publicación de salarios de servidores públicos se ha normalizado con el paso de los años, el excomisionado reconoció que todavía existen casos en los que se intenta ocultar o limitar este tipo de información.
Para Parra Noriega, estos casos muestran por qué la transparencia no puede depender exclusivamente de la voluntad de los funcionarios.
Durante el debate sobre la desaparición de los organismos de transparencia, uno de los argumentos recurrentes fue el costo económico que representaban.
Gustavo Parra Noriega rechazó que el presupuesto del Infoem pueda considerarse, por sí mismo, una razón suficiente para eliminarlo.
Recordó que el presupuesto máximo del instituto rondó los 230 millones de pesos, frente a un presupuesto estatal superior a los 400 mil millones de pesos. Además, señaló que el organismo continuó operando con presupuestos considerablemente menores: alrededor de 180 millones de pesos en 2025 y cerca de 90 millones durante la primera mitad de 2026.
“Siempre hay que cuidar el dinero”, reconoció; sin embargo, consideró que el debate no puede reducirse al costo de la institución, porque también debe contabilizarse el valor de garantizar un derecho humano.
El excomisionado planteó además una interrogante: si antes existía un solo organismo especializado, ahora las funciones serán distribuidas entre distintas instancias de los poderes públicos. Por ello, aún no está claro cuánto representará realmente el nuevo esquema para las finanzas públicas.
Más allá del presupuesto, el mayor costo podría trasladarse a los ciudadanos si se dificulta el acceso a la información.
Durante la existencia del Infoem, las plataformas permitían presentar solicitudes de manera electrónica y dar seguimiento a los procedimientos sin necesidad de acudir físicamente a una oficina.
Parra Noriega consideró fundamental que las herramientas tecnológicas desarrolladas por el instituto permanezcan operativas. Advirtió que obligar nuevamente a los ciudadanos a acudir a ventanillas reduciría las posibilidades de fiscalización social.
Uno de los cambios más delicados está relacionado con los recursos de revisión.
Con el modelo anterior, un ciudadano que recibía una negativa podía acudir ante un organismo autónomo para que un tercero analizara el caso. En el nuevo esquema, esa función quedará dentro de las propias estructuras de los poderes públicos.
La preocupación planteada por Parra Noriega es sencilla: la instancia que negó inicialmente la información podría terminar revisando la inconformidad contra esa misma negativa.
La alternativa sería acudir a un juicio de amparo, pero ello implica abogados, tiempo y costos que no todos los ciudadanos pueden asumir.
De esta manera, una herramienta que anteriormente estaba diseñada para ser relativamente accesible podría convertirse en un procedimiento mucho más complejo para quienes buscan información pública.
Para el excomisionado, la transparencia no elimina por sí misma la corrupción, pero sí genera un mecanismo de vigilancia que puede inhibir conductas indebidas.
El funcionario público sabe que cualquier ciudadano puede solicitar un contrato, una licencia, una licitación, una cuenta pública o información relacionada con el ejercicio de recursos.
Por ello, consideró que el acceso a la información debe entenderse como un derecho humano y no como una concesión de los gobiernos.
Con la desaparición del Infoem, el reto será determinar si el nuevo modelo mantiene esa capacidad de vigilancia o si, por el contrario, termina debilitando uno de los mecanismos ciudadanos para conocer qué hacen las autoridades con los recursos públicos.
