Redacción
Toluca, Edomex, 27 de junio de 2026.– Mientras diez funcionarios y exfuncionarios del Gobierno del Estado de México enfrentan su proceso penal en prisión preventiva, cuatro exservidores públicos señalados por la Fiscalía General de Justicia mexiquense permanecen prófugos y cuentan con órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentar por su presunta participación en la red de venta de plazas magisteriales.
De acuerdo con la investigación ministerial, los cuatro ocupaban cargos estratégicos dentro de la Dirección General de Personal de la Oficialía Mayor y habrían tenido distintos niveles de participación en el esquema mediante el cual fueron dadas de alta 168 personas como supuestos docentes en centros de trabajo inexistentes o inactivos, con el propósito de desviar recursos públicos.
Los prófugos son:
Rodolfo López Vives, quien se desempeñó como director general de Personal tras la salida de Óscar «N» hacia la Subsecretaría de Administración. Según el testimonio del colaborador de la Fiscalía, José Daniel Popoca, habría dado continuidad al esquema presuntamente iniciado desde 2021.
Jaime Noé Hernández Bocanegra, sucesor de Rodolfo López Vives en la Dirección General de Personal, también cuenta con una orden de captura. Documentos oficiales lo ubican como titular de esa dependencia durante 2024 y 2025.
Yuridia Arizmendi Calderón, identificada como coordinadora de Delegados Administrativos de la Dirección General de Personal, es señalada por el testigo colaborador como la funcionaria que presuntamente lo invitó a integrarse a la operación ilícita.
Eduardo Flores Archundia también permanece prófugo. Se desempeña como Director de Sistemas y Tecnologías de la Información. Desde el pasado miércoles se ausentó de sus actividades laborales, previo al operativo que derivó en la captura de cuatro servidores públicas en oficinas gubernamentales.
La Fiscalía sostiene que la organización operó entre 2021 y 2025 mediante la creación de plazas irregulares para falsos docentes, cuyos salarios eran depositados en tarjetas bancarias que posteriormente eran utilizadas por los integrantes del esquema para retirar el dinero y repartirse los recursos.
Las autoridades mantienen la búsqueda de los cuatro exfuncionarios para ponerlos a disposición de un juez y que enfrenten el proceso penal correspondiente.
Otro de los nombres que aparecen en el expediente es Anthony Domínguez Vargas, exdiputado local y exalcalde de Tejupilco, quien fungió como coordinador de Delegaciones Administrativas de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, de 2023 a 2024. Sin embargo, aunque se ha manifestado que tuvo conocimiento de la red de venta de plazas docentes, no se ha logrado confirmar si existe el ejercicio de la acción penal en su contra.
