Redacción
Toluca, Edomex; 18 de junio de 2026.- Vecinos de la colonia Independencia, acompañados por la sexta regidora de Toluca, Shantall Zepeda, anunciaron que promoverán una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), al considerar que las autoridades municipales han vulnerado su derecho a ser escuchados dentro del proceso de análisis del cambio de uso de suelo que permitiría la construcción de dos bodegas en esa zona de la capital mexiquense.
Durante una conferencia de medios, la edil sostuvo que los habitantes inconformes han sido excluidos de las decisiones relacionadas con el proyecto y acusó que el gobierno municipal intenta minimizar las preocupaciones vecinales al atribuirlas a intereses políticos.
“Estamos trabajando con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México para iniciar una queja porque se están vulnerando los derechos principalmente al no ser escuchados y no ser atendidos. No se puede construir un proyecto si la comunidad no está de acuerdo”, afirmó.
Zepeda aseguró que su participación en el movimiento responde a su condición de residente de la colonia desde hace más de tres décadas y rechazó los señalamientos que vinculan la oposición al proyecto con una estrategia partidista.
La regidora también señaló que funcionarios municipales habrían realizado reuniones con vecinos para socializar el proyecto y buscar respaldo ciudadano, además de cuestionar el mecanismo planteado para seleccionar a quienes participarán en las mesas de diálogo sobre el cambio de uso de suelo.
A decir de la edil, existe el riesgo de que la discusión en comisiones se convierta únicamente en un trámite previo a la aprobación del proyecto por parte del Cabildo.
Uno de los puntos que más preocupación genera entre los opositores es la narrativa, atribuida a autoridades estatales y municipales, de que las únicas alternativas para el predio son la construcción de bodegas o el desarrollo de un conjunto habitacional de hasta 600 viviendas.
Según Zepeda, ambas opciones no son equiparables y la cifra de viviendas planteada resulta inviable debido a las condiciones de abastecimiento de agua en la zona.
Por su parte, la directora del Instituto Simón Bolívar, Mónica Urrutia, manifestó la preocupación de la comunidad escolar por los posibles impactos que tendría la operación de las bodegas en un sector rodeado de planteles educativos.
Explicó que más de 700 alumnos podrían verse afectados por el incremento en el tránsito de vehículos de carga sobre las vialidades que rodean la institución.
“La comunidad escolar también hemos enviado documentos de padres de familia preocupados por la posibilidad de tener una actividad industrial cerca de diversas escuelas”, señaló.
Durante la conferencia, diversos vecinos insistieron en que el movimiento surgió de manera ciudadana y no responde a intereses partidistas. Reiteraron su exigencia de que se realice una consulta pública y se respete la vocación habitacional de la colonia.
Los habitantes señalaron que el proyecto es incompatible con el entorno urbano de la zona, caracterizado por viviendas, escuelas y equipamiento comunitario, además de advertir sobre riesgos relacionados con la movilidad, la seguridad y la presencia de fallas geológicas y hundimientos reportados en áreas cercanas al predio.
También denunciaron que en el terreno existen trabajos de cimentación que, aseguran, se realizaron pese a que previamente se habían colocado sellos de suspensión.
Los inconformes advirtieron que continuarán agotando las vías legales para frenar el proyecto y no descartaron movilizaciones o bloqueos para impedir el ingreso de maquinaria y materiales de construcción en caso de que las obras avancen.
