Redacción
Toluca, Edomex; 17 de junio de 2026.- Una exservidora pública de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) denunció públicamente haber sido víctima de acoso, hostigamiento laboral y violencia institucional al interior del organismo, situación que —afirmó— derivó en su renuncia tras más de una década de servicio.
Nancy Rocío Durán Barrios señaló que su salida de la institución no obedeció a una decisión voluntaria, sino a un entorno laboral adverso que atribuyó presuntamente al actuar de Alejandro Zamora Vázquez, Visitador de Supervisión Penitenciaria, y de Jesús Edgardo Núñez Torres, Visitador de Atlacomulco.
A través de un pronunciamiento público, la exfuncionaria aseguró que informó oportunamente sobre los hechos al presidente de la CODHEM, Víctor Leopoldo, a quien solicitó su intervención. Sin embargo, sostuvo que no recibió atención ni acciones efectivas para atender sus denuncias.
También afirmó que acudió al Órgano Interno de Control y a la Unidad de Igualdad de Género de la institución, instancias donde, según su versión, tampoco obtuvo medidas de protección ni una respuesta satisfactoria frente a los hechos denunciados.
Durán Barrios relató que el pasado 16 de junio fue citada en el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje de Toluca para formalizar su separación laboral. No obstante, acusó que durante varias horas permaneció en las instalaciones bajo presión para firmar un convenio elaborado por el área jurídica de la CODHEM, documento que, aseguró, favorecía exclusivamente los intereses de la institución.
Según su testimonio, el personal jurídico condicionó la entrega de un cheque cercano a los siete mil pesos a la firma del convenio, cantidad que consideró insuficiente frente a los aproximadamente 11 años que laboró en el organismo defensor de los derechos humanos.
Asimismo, denunció que le fue retenida documentación relacionada con su baja laboral y otros documentos administrativos, situación que calificó como una vulneración a sus derechos laborales.
La exfuncionaria consideró contradictorio que una institución encargada de promover y defender los derechos humanos sea señalada por presuntas prácticas de violencia laboral, revictimización y omisión institucional contra sus propios trabajadores.
