Redacción
Almoloya de Juárez, Edomex, 30 de junio del 2026.- Diez funcionarios y exfuncionarios del gobierno mexiquense fueron vinculados esta madrugada a proceso penal por los delitos de abuso de autoridad y fraude, luego de que una jueza del Poder Judicial del Estado de México considerara que los elementos de prueba aportados por el Ministerio Público para presumir su responsabilidad en la comisión de hechos ilícitos.
Estos diez funcionarios fueron imputados de formar parte de una red de corrupción que daba de alta de forma ilegal a falsos docentes a quienes se les asignaban plazas en espacios educativos sin claves activas o inexistentes, y una vez que estaban dentro de la nómina solo les pagaban entre 2 mil y 4 mil pesos quincenales en efecrtivo, mientras los participes de la red se quedaban con las tarjetas de débito donde se les depositaba la quincena.
En el expediente que consignó la Fiscalía mexiquense a una jueza adscrita al penal estatal de Santiaguito, se identifica al titular de la Dirección General de Personal (DGP) y exsubsecretario de Administración del gobierno estatal, durante la época de Alfredo Del Mazo, de ser el cabecilla de esta red.
Junto con él, están acusados, Yunuen “N”, quien era su pareja sentimental y quien ocupaba desde la época de Alfredo Del Mazo y hasta la semana pasada el cargo de subdirectora de Actualización de la Base de datos de la Dirección General de Personal (DGP); Araceli “N”, quien directora de Remuneraciones de Personal en la DGP; David “N”, quien era el Director de Sistema de Tecnologías de la Información de la DGP; Christopher “N”, subdirector de Desarrollo Tecnológico de la DGP; Diego Emmanuel “N”, jefe del Departamento de la Base de Datos de Nómina de la DGP; Juan Alberto “N”, Delegado Administrativo de la DGP; Fabiola Lidia “N”, analista de la DGP; Daniel Arturo “N”, delegado administrativo del Subsistema de Educación Básica y Alfredo “N” ex delegado administrativo del Subsistema de Educación Básica.
De acuerdo con el expediente, estas personas se confabularon para dar de alta entre enero y noviembre del año pasado 168 personas como docentes, sin cumplir con los requisitos ni los procesos jurídico-administrativos correspondientes, a través de 324 movimientos en la nómina de la Secretaría de Educación, pues a varios de ellos les dieron dos plazas en secundarias en turnos vespertinos y nocturnos que estaban inactivos desde hace varios años.
Tras dar de alta a estas 168 personas en la nómina, se les depositaba su quincena en una tarjeta bancaria, la cual, presuntamente recogían quienes participaban en este esquema y eran los que retiraban el dinero en cajeros automáticos y luego se lo repartían.
La acusación está basada entre otros elementos de prueba, en el testimonio de un servidor público que formó parte de esta red, quien en marzo pasado se acogió a un criterio de oportunidad para ser testigo protegido a cambio de revelar cómo operaba esta red.
Esta persona, quien murió el abril pasado, una semana después de haber revelado toda la operación de este esquema delicitvo, informó que la red operaba desde el 2021, cuando Alfredo del Mazo todavía era gobernador del estado, desde las oficinas del Subsistema de Educación Básica de la Secretaría de Educación y la Dirección General de Personal, pues en la primera se daban de alta los expedientes de los falsos docentes y se les asignaban los centros de trabajo inactivos, en la DGP se subían al sistema los datos y se les daba de alta en la nómina, sin verificación del cumplimiento de todos los requisitos.
De acuerdo con este testigo, al menos faltaría cinco personas de ser capturadas y que tenían participación activa en esta red, entre ellos Rodolfo “N” y Jaime Noe “N”, quienes fueron titulares de la DGP, después de Oscar “N”; Yuridia “N”, y Araceli “N”, quienes fueron coordinadora de delegaciones administrativas de la DGP y Eduardo “N”, quien también tenía cargo de subdirector en la DGP.
La juez que conoce la causa otorgó un plazo de dos meses para terminar la investigación complementaria para que el Ministerio Público acabe de reunir todos los elementos de prueba que desahogará durante el juicio oral y los defensores de los acusados hagan lo propio para demostrar la inocencia de sus representados.
En otra causa penal, también fueron vinculados a proceso por los mismos delitos, Daniel “RL” y Oscar “LT” , quienes no eran funcionarios de alto rango sino asistentes en las oficinas donde se cometían este fraude para dar de alta a falsos docentes.
Daniel “RL” se desempeñaba como secretario particular de la Dirección General de Personal mientras que Oscar “LT” era capturista en la delegación administrativa del Subsistema de Educación Básica, donde recibía ordenes para dar de alta como docentes a personas que no cubrían con los requisitos.
