Redacción
Toluca, Edomex. 23 de abril de 2015.- En medio de los escándalos que han cimbrado al gabinete presidencial de Enrique Peña Nieto, involucrados en conflictos de interés por la compra de casas – habitación a prominentes contratistas de los gobiernos del Estado de México e Hidalgo, el titular del Ejecutivo mexiquense, Eruviel Ávila Villegas envió este jueves una iniciativa para regular la declaración de intereses de los servidores públicos estatales y sancionar a quienes incurran en conflictos de interés económico o personal.
En los últimos meses se ha revelado la adquisición de viviendas por parte de Angélica Rivera -esposa de Enrique Peña Nieto- y Luis Videgaray a Juan Armando Hinojosa, uno de los principales contratistas del gobierno mexiquense; mientras que Laura Ibernia Vargas Carrillo -esposa de Miguel Ángel Osorio Chong- habría comprado una vivienda a Carlos Aniano Sosa Velasco, quien obtuvo contratos multimillonarios en Hidalgo. Ambos hoy son prominentes proveedores del gobierno federal, lo que ha cimbrado en profundos escándalos de presunta corrupción a la administración encabezada por el exgobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto.
En una respuesta anticipada, el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila presentó ante la legislatura local una iniciativa de ley para que todos los servidores públicos estén obligados a presentar su declaración de intereses, junto con su manifestación de bienes.
La iniciativa contempla que los funcionarios públicos manifiesten ante el gobierno algún interés económico o personal que los pudiera llevar a actuar en beneficio propio o de un tercero, en tanto que contempla sanciones para quien incumpla con esta disposición, quienes se harían acreedores a una multa de hasta 180 días de su sueldo base, e incluso ser separados de su cargo.
El proyecto de ley, conocida como la Ley del conflicto de interés, considera desarrollar un registro estatal de esas declaraciones, lo que permitiría a la secretaría de la Contraloría realizar investigaciones y solicitar información a dependencias y autoridades sobre los bienes de cada servidor, de sus familiares hasta el cuarto grado y sus ingresos, tanto en el país, como en el extranjero para definir si existe o no conflicto de interés.
El documento remitido por el gobernador Eruviel Ávila, determina que el conflicto de intereses es “la incompatibilidad entre las obligaciones públicas y los intereses privados del servidor público, es decir, cuando lo relacionado a un interés público tiende a estar indebidamente influenciado por un interés secundario, como los de tipo económico o personal, guiando el servidor público su actuación en beneficio propio o de un tercero”.
A unas horas de que el Estado de México, se convirtió en la primera entidad del país en aprobar la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción, Ávila Villegas decidió proponer la iniciativa sobre conflicto de interés, cuyo objetivo incluye que las autoridades cuenten con la facultad de recibir y tramitar la declaración de intereses y con un sustento legal para prevenir, detectar y sancionar los conflictos de interés.
La regulación jurídica sobre los conflictos de interés en el Estado de México, obligaría a la legislatura mexiquense a la modificación de la Ley de Responsabilidades estatal, para establecer la obligación de que todo servidor público presente su declaración de intereses e imponer sanciones de hasta 180 días de sueldo base.
En el proyecto de ley, también se propone el establecimiento de un registro de la declaración de intereses de los servidores públicos, la obligación de presentar esa manifestación en forma anual, cuando exista algún conflicto de interés con motivo de su empleo, cargo o comisión y sanciones como destituciones e inhabilitaciones a quienes falten a la verdad en ese documento.
Respecto a los plazos legales, se contempla que los servidores públicos que no entregan la declaración de intereses, sin causa justificada, serán sancionados en forma pecuniaria, y si no la presenta en los 60 días naturales siguientes a la toma de posesión o alta del empleo, cargo o comisión, se le darán quince días para hacerlo, pues de lo contrario, podría ser separado de su cargo. En tanto, quienes no hagan su actualización anual, podrían ser investigados en su patrimonio y se les iniciaría procedimiento administrativo.
La iniciativa de Ley, que deberá ser analizada por los legisladores locales, se establece que para determinar la existencia de un posible conflicto de interés deberá seguirse un procedimiento por parte de la secretaría de la Contraloría, a efecto de verificar manifestaciones de bienes y declaraciones de intereses, solicitar información a instituciones y autoridades, valorar pruebas, dar oportunidad a que el servidor público formule aclaraciones o aporte pruebas; antes de la determinación de posibles responsabilidades.
Los conflictos de interés se han convertido en un tema vinculado con posibles actos de corrupción, los cuales han saltado a la luz pública y que han involucrado al gabinete presidencial por la adquisición de casas a contratistas del gobierno, con tratos crediticios preferenciales, y que dejan bajo la sospecha el beneficio económico o personal por medio de la relación entre los empresarios con los gobiernos y los propios gobernantes.
Ahora, desde el Estado de México, el gobernador Eruviel Ávila busca poner un freno a los cuestionamientos de la opinión pública, para evitar y sancionar cualquier conflicto de interés que involucre a los integrantes de su gabinete estatal.
