Redacción
Toluca, Edomex; 19 de febrero de 2026.- La consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), Amalia Pulido Gómez, afirmó que, la organización de los comicios de 2027, transita por dos posibilidades: llevar a cabo una compleja elección, en la que estarían en disputa a nivel local, los integrantes de los 125 Ayuntamientos y las 75 diputaciones que conforman el Congreso mexiquense; además del 83 por ciento de las personas juzgadoras que no se votaron el año pasado; o bien, separar la elección judicial hasta 2028, lo que implicaría tener procesos electorales por los siguientes cuatro años de manera consecutiva.
En el primer episodio de On The Record –un nuevo podcast producción de Plana Mayor-, Amalia Pulido subraya que, no hay que tenerle miedo a las reformas electorales, ya que siempre son un mecanismo para mejorar y actualizar los sistemas electorales, aunque bajo la importancia de tomar en cuenta la opinión técnica de los órganos electorales.
“Los institutos electorales locales permiten que el conflicto no escale innecesariamente a un ámbito nacional o federal. Y creo que es una de las principales funciones que cumplimos de mantener muchas discusiones y muchos problemas en la mesa del Consejo, en donde están los partidos políticos sentados. Entonces creo que esa es uno de los aspectos que no debemos de perder de vista en esta reforma”, insiste.
De prevalecer, en una jornada comicial concurrente, con la elección ordinaria de ayuntamientos, diputados locales y personas juzgadoras, implicaría la organización de dos elecciones de forma paralela: una mediante actividades con partidos políticos, y otra, sin partidos políticos. Además de la instalación de órganos desconcentrados para cada una de las distintas elecciones, es decir, tres tipos de órganos desconcentrados, lo que incluiría 170 para ayuntamientos y diputaciones, y poco más de 18, para la elección judicial local.
Ahora bien, separar la elección judicial, representaría que los mexiquenses deberán acudir a las urnas en el 2027 para ayuntamientos y diputados federales y locales; en el 2028 de personas juzgadoras; en el 2029 por la gubernatura estatal; y en el 2030, la elección presidencial y otra vez de ayuntamientos y diputados locales.
“Lo que puede generar y lo que la literatura ha señalado y ha demostrado es que tener procesos electorales sin descanso, en escala, por ejemplo, provoca apatía, y provoca fatiga. Y es normal que la ciudadanía se sienta fatigada y apática de ir a las urnas cuando tienes elecciones cada año”, recalca,
Pulido Gómez anticipa que, para dimensionar el tamaño de la elección judicial, se disputará el 83 por ciento de personas juzgadoras, por lo que abre la posibilidad a un voto electrónico, que facilite la participación ciudadana, lo que además permitiría generar ahorros económicos, al no imprimir boletas electorales o disponer de casillas de manera ordinaria.
“El voto electrónico es un mecanismo en algún dispositivo, en alguna computadora, hay factores para autentificar que realmente es la persona. Tendríamos que pensar en todos estos mecanismos y hacerlo sumamente blindado, porque también sabemos que el voto electrónico puede generar desconfianza por los propios actores”, detalla.
La consejera presidenta del IEEM reconoce que la democracia mexicana se ha construido en la desconfianza, por lo tanto, se han diseñado filtros y blindajes que otorguen certeza en los procesos electorales. Sin embargo, la implementación del voto electrónico podría ser paulatina para construir confianza y generar ahorros en la realización de las elecciones en el país.
Sobre la posible disminución o eliminación de los diputados plurinominales, Amalia Pulido destaca que, ningún sistema electoral es perfectamente proporcional, pero siempre será interesante revisar los sistemas electorales de otros países que ayuden a mejorar la proporcionalidad en la representación popular.
“Hay muchas experiencias, por ejemplo el caso brasileño, que es uno de los que hemos estado reflexionando, pues que tiene otras formas para la representación proporcional, las listas abiertas, en donde la ciudadanía puede incluso ordenar sus preferencias de representación proporcional. Entonces creo que hay varios mecanismos y bueno, sin duda, sí dejar claro que, ningún mecanismo que adoptemos nos va a dar esta perfección en la proporcionalidad”, insiste.
A pesar de que este 2026 no es un año electoral, Pulido Gómez afirma que el IEEM no descansa, por el contrario tiene muchas tareas para poner orden en la casa, luego de tres años consecutivos de procesos electorales.
“Hemos tenido una ardua revisión de las normativas internas. La comisión encargada de esto ha estado trabajando ya desde hace varios meses para ir dando orden, y digamos mejorando algunos de los procedimientos que tenemos aquí en el instituto. Y otro tema muy importante es la promoción de la educación cívica, que es una actividad constitucional que nos mandatan a los organismos públicos electorales locales”, agrega.
Sobre el costo de la democracia, la consejera presidenta del IEEM asume que se debe poner en perspectiva que el financiamiento público de los partidos políticos parte de un modelo que privilegia el recurso público al recurso privado, bajo el argumento de no permitir que intereses privados o intereses de otra naturaleza tengan algún tipo de injerencia en los partidos políticos.
Reconoce que para este año, el IEEM tuvo un recorte presupuestal cercano a los 455 millones de pesos, por lo que se trabaja en una solicitud de ampliación presupuestal, que será remitida al Poder Ejecutivo, que entre otras consideraciones permita comprar materiales electorales para el año entrante, partiendo de que, en 2027, en el país habrá 17 estados con elecciones de gubernaturas, más todas las otras entidades en procesos electorales y la propia elección federal.
Acerca de la posibilidad de que los cargos de consejeros o magistrados electorales también sean electos por la ciudadanía, Amalia Pulido afirma que para estar en la función electoral se requieren ciertas capacidades técnicas, y aunque los métodos de selección son perfectibles, insiste en que la propia función electoral requiere de un grado de capacidades técnicas que tienen perfiles muy específicos.
El debate también se concentra en que, una vez que pudieran ser electas por el voto popular, se abre la disyuntiva de si son servidoras y servidores públicos o representantes de la ciudadanía. Y no menos importante, sería discutir sobre quién organizaría esa elección, porque no podrían ser juez y parte.
Finalmente, Amalia Pulido defiende un asunto que parece irrebatible: la autonomía de los órganos electorales, donde no se puede ser juez y parte en la organización de los comicios, pero además defiende la facultad reglamentaria que permite al IEEM construir sus propias normas en la administración de recursos financieros y afrontar los desafíos de cada proceso electoral.
