De acuerdo con las indagatorias,  el 27 de julio de 2025, la víctima se encontraba sobre avenida Parque de Chapultepec, en Naucalpan momento en que se percató que los policías jaloneaban a otras dos mujeres y a Carlos “N”, por lo que se acercó a los elementos y preguntó cuál era el motivo de la detención a lo que los investigados le respondieron que no se involucrara.

Por tal motivo, la víctima comenzó a grabar con su celular y los probables responsables la agredieron física y verbalmente, además solicitaron apoyo de otras unidades policiacas, al llegar los refuerzos descendieron María Fernanda “N” y Eder Joaquín “N”, quienes sometieron a la víctima y la obligaron a borrar el video.

Después la subieron a la patrulla en el asiento trasero y la esposaron, para después dirigirse con dirección a la colonia San Miguel Atoto, en donde los hoy investigados comenzaron a golpearla en diversas partes del cuerpo para después obligarla a bajar de la unidad.

Al tener conocimiento de los hechos , la Fiscalía estatal inició las averiguaciones correspondientes para identificar a los responsables, por lo que, al contar con la información suficiente, solicitó al juez una orden de aprehensión en contra de María Fernanda “N”, Riche Joannan “N” y Eder Joaquín “N”, por su probable participación en los ilícitos de abuso de autoridad y tortura.

Al cumplimentarse el mandato judicial, los investigados fueron ingresados al penal estatal de Barrientos, en Tlalnepantla,  donde quedaron a disposición de la autoridad, quien, tras analizar los datos aportados y recabados por el Ministerio Público, determinó su vinculación a proceso y un plazo de tres meses para la investigación complementaria, manteniendo la medida cautelar de prisión preventiva.

Toluca, Edomex. 20 de diciembre del 2016.- Cuatro de los siete policías ministeriales del Estado de México que fueron acusados de tortura en contra de tres mujeres detenidas, tras la balacera en la que murieron 21 personas en una bodega de San Pedro Limón, Tlatlaya el 30 de junio del 2014, se acogieron al proceso abreviado, lo que les garantiza que la condena que les imponga el juez será la mínima que señala la ley.

Tras permanecer casi un año parado el juicio que se le inició en contra de estos servidores públicos de la extinta procuraduría mexiquense, hoy convertida en Fiscalía General de Justicia de la entidad, cuatro de los siete involucrados optaron por aceptar su responsabilidad para que se les aplique el proceso abreviado y sean sentenciados lo antes posible, con la garantía de que su pena será menor.

En términos de la Ley que Previene y Sanciona la Tortura, esta conducta no es considerada grave en la legislación estatal y sólo se sanciona con prisión de tres a doce años.

En julio del año pasado, la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de México, procedió en contra de siete elementos de la policía ministerial, luego de la recomendación que recibieron de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que constató abusos de militares y policías ministeriales en la matanza de 21 personas en una bodega de San Pedro Limón, Tlatlaya, el 30 de junio del 2014.

El ministerio público imputó el delito de tortura a estos efectivos por haber obligado a tres mujeres detenidas, a través de prácticas ilegales, a declarar en un sentido sobre cómo ocurrieron los hechos.

Los siete policías fueron detenidos pero ninguno de ellos pisaron la cárcel, ya que al no ser un delito grave no se requiere la prisión preventiva oficiosa. Los elementos recuperaron su libertad tras pagar una garantía o fianza de 60 mil pesos y enfrentaron así su proceso.

A pesar de ello, promovieron amparos que les negó la justicia federal y hace unos días en la audiencia intermedia, donde se definen qué pruebas iban a ser presentadas en juicio oral, los elementos solicitaron acogerse al proceso abreviado, para recibir sentencia en un periodo breve.

De acuerdo con el artículo 389 del Código de Procedimientos Penales de la entidad, cuando un acusado se acoge al proceso abreviado se le aplicarán las penas mínimas previstas en la ley y podrá ser reducida en un tercio. Es decir, la pena podrá recudirse a un año de prisión solamente, y sería conmutable a una multa o trabajo social.

Los otros tres elementos continuarán con su proceso judicial oral.

Toluca, Edomex. 24 de octubre del 2016.- El diagnóstico que realizó la organización México Evalúa, donde señala que los jueves mexiquenses han avalado pruebas obtenidas mediante la tortura, fue descalificado hoy por el magistrado Palemón Salazar Hernández, miembro del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del estado de México, al señalar que la actuación de los juzgadores estatales continuamente es supervisada.

Para el magistrado, los casos de los que habla el estudio de México Evalúa son de varios años atrás, pues ahora la actuación de los jueces es revisada escrupulosamente  y se tiene la seguridad de que sus determinaciones son apegadas a lo que señala la ley.

Dijo que el Poder Judicial del estado de México ha puesto mucha atención en temas como la tortura y por ello se han diseñado cursos de capacitación para jueces y magistrados en la materia.

“En el Estado de México se ha trabajado para erradicar este tipo de prácticas, en especial con los jueces , tan es así que en la Escuela Judicial tuvimos reuniones de trabajo con personal del alto comisionado de la ONU por  temas como desaparición forzada y tortura, también hemos trabajado temas como tata de personas. Esto nos ha llevado a tomar acciones de un órgano que está en el consejo de la judicatura que tiene como finalidad vigilar el desarrollo de los trabajos para erradicar cualquier  práctica de este tipo”, explicó Palemón Salazar.

Insistió en que ahora los jueves tienen la capacidad para detectar que hay casos de tortura en un expediente y en caso de detectarlo  se decreta el descarte de la prueba,

También se han adoptado criterios que emitió la Corte, sobre el tema de la tortura , aunado a que se aplican reglamentos internacionales como Código de Estambul para detectar este tipo de prácticas.

“Desde el año pasado se ha trabajado  de manera puntual con organismos internacionales para que no vaya a haber un solo caso donde se deje sin investigar un caso de tortura”, recalcó.

Ciudad de México. 20 de octubre del 2016.- Un estudio elaborado por la organización México Evalúa y expertos del CIDE, comprobó que los jueces del Estado de México han validado pruebas presentadas por el ministerio público, obtenidas a través de tortura o tratos crueles de los agentes policiacos, aun cuando los partes de los médicos legistas advierten ese tipo de abusos.

El estudio denominado «¿Cómo se juzga en el Estado de México?», analizó mil 145 expedientes judiciales del Estado de México, donde se encontró que en al menos 18 por ciento de los casos, los médicos legistas certificaron lesiones derivados de torturas o tratos crueles de la policía para obtener confesiones.

Esto significa que en 206 expedientes, los médicos legistas acreditan lesiones de los detenidos producidas por los agentes ministeriales y a pesar de ello, los jueces que conocieron las causas penales ignoraron los reportes médicos y mucho menos pidieron que se realizara investigación alguna contra los elementos ministeriales.

El estudio señala que los jueces casi siempre validaron la actuación de los policías ministeriales a pesar de los abusos. Y solo el 2.6 por ciento de los casos, el juez excluyó pruebas por considerarlas ilegales, al ser obtenidas mediante tortura.

En mayo pasado, la plataforma MexicoLeaks difundió un video donde se  evidencia a presuntos elementos de la Procuraduría General del Estado de México torturando a un presunto delincuente acusado de secuestro, homicidio, extorsión y narcomenudeo, detenido en abril de 2014.

En el video se exhibe al detenido siendo asfixiado con una bolsa de plástico en la cabeza mientras es sometido por varios agentes judiciales. Nunca se supo si se castigó a los responsables del abuso, pero se confirmó que la víctima de estos tratos crueles permanecía en la cárcel acusado de secuestro.

Los investigadores Gustavo Fondevilla y Máximo Langer calificaron que el sistema de justicia que se imparte en el estado de México  sigue siendo «corrupto», «secreto» e «inquisitivo», aun cuando ya se instituyó desde hace siete años el nuevo sistema de justicia penal oral.

Toluca, Edomex 27 de septiembre del 2016.- Luego de varios meses de estar detenido el proceso que se instruyó en contra de siete elementos de la policía ministerial y un agente del ministerio público de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México,  acusados de tortura y encubrimiento, respectivamente, por los hechos de Tlatlaya del 30 de junio del 2014, este miércoles reiniciará el juicio, luego de que la justicia federal negara amparos a los imputados.

Los policías ministeriales recurrieron a jueces de distrito en materia administrativa y de amparo para buscar revertir los autos de formal prisión que se dictaron desde julio del año pasado, y por ello, el proceso se detuvo más de seis meses en espera de la resolución de la justicia federal.

Una vez que les fue negado el amparo, un juez de control de Toluca acordó que este miércoles, se reinicie el proceso que se les instruye por el delito de tortura y encubrimiento.

El proceso fue detenido justo en la audiencia intermedia, donde se acordará qué pruebas  se admitirán durante el juicio oral que se les instruirá tanto del ministerio público como de la defensa.

A los policías ministeriales se les imputa haber torturado y violentado a tres mujeres detenidas en la bodega de San Pedro Limón Tlatlaya, que presenciaron la muerte de 22 personas por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

De acuerdo con el expediente, los policías recurrieron a prácticas indebidas para obligar a declarar a las testigos y la ministerio público por omitir encubrir el actuar de los ministeriales.

En caso de que se acuerden de forma inmediata las pruebas que formarán parte del juicio y de que no haya retrasos en la celebración de las audiencias, este mismo año, podría emitirse una sentencia respecto a este caso.

La conducta que se les imputa a los ministeriales es sancionada con prisión de tres a 12 años.

Lerma, Edomex, 9 de agosto del 2016.-  La noche del lunes y madrugada de este martes no fue igual que todas para unos vecinos de la colonia Guadalupe, en este municipio. Un comando de entre 15 y 20 policías estatales y municipales  irrumpieron en sus domicilios presuntamente en busca de delincuentes. Golpearon a mujeres, y a los hombres los torturaron. De paso, robaron algunas pertenencias de las víctimas y así, como si nada.  huyeron del lugar.

Hoy las víctimas de estos hechos intentaron denunciar el abuso policial que sufrieron durante la madrugada, pero en la agencia del Ministerio Público se negaron a iniciar una carpeta de investigación. Tuvieron que recurrir entonces, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos que prometió indagar lo ocurrido.

Todo inició minutos después de las 23 horas del lunes. Uriel se encontraba, como cada noche, al interior de su vehículo, vigilando el predio de su patrón. De pronto un par de autos oficiales se acercaron  con las luces altas y torretas prendidas. De las unidades bajaron una docena de policías vestidos de negro. Portaban armas largas y cortas, chalecos antibalas, guantes y capuchas para taparse el rostro.

De forma nada amable, le enseñaron fotografías de presuntos delincuentes en un celular. Uriel respondió que no los conocía ni los había visto por el lugar. En respuesta obtuvo una cachetada, luego lo bajaron a jalones del auto y lo golpearon en repetidas ocasiones.

El comando policiaco irrumpió entonces en la casa contigua al predio. Ahí había ocho personas, tres de ellos menores de edad. A las mujeres las golpearon y encerraron en un cuarto, con la amenaza de abusar de ellas si no proporcionaban información sobre los presuntos delincuentes. A los hombres lo golpearon a más no poder. Cachazos en la cabeza, golpes en el abdomen y la aplicación de algunas tácticas extrajudiciales para hacer confesar a los delincuentes, como toques o descargas eléctricas en los genitales y colocando bolsas de plástico en la cabeza.

Fue tal el abuso que algunos hombres quedaron inconscientes y cuando despertaron se hallaron tirados en el patio de la casa del vecino, quien también había sido víctima de abusos.

Los policías rompieron puertas y ventanas. Allanaron las casas sin orden judicial, golpearon a los moradores, y tras no encontrar lo que buscaban huyeron. Olvidando, incluso, quitar las esposas a un par de hombres a quienes golpearon reiteradamente.

Los afectados intentaron interponer una denuncia ante el ministerio público , ya que además de la agresión, los supuestos policías robaron sus pertenencias, sin embargo en la agencia de MP se les negó la oportunidad de denunciar los hechos, pues eso “no entraba dentro  en su competencia”.

Acudieron entonces a la Comisión Estatal de Derechos humanos para interponer una queja. Ahora esperan a que el organismo aclare estos hechos y determine si se trató de un operativo policiaco extrajudicial y se castigue a los elementos por su abuso de autoridad.

Toluca, Edomex, 24 de mayo del 2016.-  La Procuraduría General de Justicia del Estado de México ha iniciado el proceso de identificación de los agentes ministeriales que participaron en un acto de tortura perpetrado en abril del 2014, que fue exhibido en un video que difundió la plataforma digital MexicoLeaks, y que fue retomado por varios medios digitales y las redes sociales.

El procurador mexiquense, Alejandro Gómez Sánchez, informó que la investigación que se inició tras la difusión de este video, obligó a la dependencia a acudir al penal donde se encuentra la víctima de los actos de tortura, a quien ya le tomaron declaraciones sobre los hechos.

El funcionario reveló que  la víctima –identificado como Silverio Rodríguez Martínez, sujeto a proceso penal por el delito de secuestro—no solo reconoció haber sido él la  víctima de estos maltratos, sino aseguró que la tortura la cometieron agentes ministeriales de esta institución.

También relató cómo se dio su detención en el estado de Puebla y cómo fue el traslado hasta Toluca donde habrían ocurrido los hechos.

“Estamos en proceso de enseñarle los álbumes (del personal), para que pueda identificar  a los que participaron en todo este proceso  y consecuentemente atribuir  a cada uno de ellos, cada una de las conductas  o aspectos de la denuncia que nos hace”, dijo el procurador.

Reveló además que se ha solicitado la intervención de peritos especializados para el desahogo del Protocolo de Estambul, indispensable para para casos de tortura.

En el video difundido que puso a la luz el caso de tortura,  se aprecia al Silverio Rodríguez Martínez, sentado y esposado con las manos en la espalda en una pequeña oficina…Frente a él se aprecia un escritorio y lo rodean al menos seis funcionarios de la procuraduría mexiquense. Uno de los presuntos funcionarios, golpea al detenido en la cabeza. Posteriormente, le coloca una bolsa de plástico en la cabeza, la aprieta en el cuello y tira hacia abajo. Mientras el hombre se asfixia los otros seis servidores públicos  de la procuraduría se acercan a la silla del detenido para someterlo.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos también ha iniciado un expediente de queja por este video y ya se ha solicitado a la PGJEM un informe pormenorizado de lo que ocurrió en abril del 2014 en la oficina donde presuntamente ocurrió la tortura.

 Video:

 https://youtu.be/ZyKHOeMpcl4

Toluca, Edomex. 19 de mayo.-La Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codhem) informó que abrió un expediente de queja a raíz del video divulgado el fin de semana pasado  por la plataforma Mexicoleaks, donde se observa un presunto grupo de agentes ministeriales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), torturando a un detenido.

El organismo indicó que ha solicitado un informe pormenorizado de lo que se observa en el video a la Procuraduría mexiquense  y aclarar si los agentes que aparecen en el video forman o han formado parte de la institución en los últimos dos años.

En el expediente se abrió en la Visitaduría General de Atlacomulco y fue radicado con el numero Codhem/ATL/204/2016 y la intención de verificar si estos hechos constituyen una violación a los derechos humanos cometida por servidores públicos.

En el video se puede apreciar a un grupo de agentes ministeriales con un detenido que está esposado y sentado. Uno de los efectivos de la PGJEM se acerca a él y le coloca una bolsa de plástico en la cabeza. El resto mira la acción sin inmutarse, otro graban con sus celulares.

Los hechos abrían sucedido en abril del 2014. La víctima de la tortura es un presunto secuestrados identificado como Siverio Rodríguez Martínez, quien el 9 de abril del 2014 fue presentado por el entonces procurador estatal, Miguel Ángel Contreras Nieto –ex comisionado de derechos humanos—como cabecilla de una banda de secuestradores que operaba en el norte de la entidad.

También se ha podido determinar que el sujeto que coloca la bolsa de plástico al detenido es el agente Pedro Velazco Estrada, quien desde agosto de 2015 fue contratado por la Procuraduría General de la República (PGR), quien la semana pasada fue separado de su cargo ante la sospecha de que estuviera involucrado en actos de tortura.

El sábado, a través de un comunicado de medios, la Procuraduría estatal informó que inició una investigación para identificar a las personas que aparecen en el video con el fin de determinar si son o no servidores públicos  de la PGJEM los que aparecen maltratando al detenido

La PGJEM cuenta con 5 días  para entregar a la Codhem un informe de aquellos hechos y señalar si alguno de los que aparece en la escena forman o formaron parte de la institución.

Video:

https://youtu.be/ZyKHOeMpcl4

]]> https://planamayor.com.mx/resolucion-judicial-del-caso-tlatlaya-se-vuelve-a-postergar/ Tue, 12 Jan 2016 02:43:42 +0000 https://archivo.planamayor.com.mx/?p=32649 Redacción

Almoloya de Juárez, Edomex.  11 de enero del 2016.- Una vez más, la decisión de cerrar la investigación en contra de siete policías ministeriales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, acusados de tortura por haber maltratado y abusado de mujeres testigos presenciales de la matanza de Tlatlaya en junio del 2014, fue postergada por una juez de control del distrito judicial de Toluca a petición de la defensa de los imputados.

Tres de los cuatro representantes legales que asisten a los policías ministeriales se quejaron que aún no pueden obtener documentales y testimoniales que ayudarán a desvirtuar la acusación que pesa sobre sus clientes, pues las dependencias del gobierno del estado no han dado respuesta a los requerimientos de información.

En tal sentido han solicitado una nueva prorroga de quince días para poder reunir las pruebas y ahora sí se puede decretar el cierre de la investigación.

La juez de control decretó que la próxima audiencia será el 26 de enero cuando serán validadas las pruebas que aporte el ministerio público para sostener la acusación y la defensa para desvirtuar la imputación.

Luego vendrá la audiencia intermedia donde el juez preguntará al ministerio público si continúa con la imputación o pido el sobreseimiento de la causa por no haber reunido elementos de prueba suficientes para sostener la acusación.

En junio del año pasado, la Fiscalía para Atender los Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Procuraduría mexiquense, consignó un expediente elaborado con base en recomendación que hizo la  Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el caso Tlatlaya, donde el organismo constató que tres mujeres testigos presenciales de los hechos violentos de San Pedro Limón, Tlatlaya,  habían sido torturadas por personal de la Procuraduría estatal a fin de obligarlas a revelar lo que realmente ocurrió la madrugada del 30 de junio del 2014.

Con los datos aportados en la recomendación resolvió consignar un expediente donde acusaba por el delito de tortura a Alan Guillermo Gómez Sánchez, Edgar Bibiano Amando, Alejandro Martínez Reyes, Gabriel Pineda Guerrero, Eulalio Hernández Martínez, Isabel Patricio Siles González y  Jesús Antonio Vega Vázquez, todos ellos policías ministeriales.

Algunos fueron capturados y presentados ante el juez y otros más se presentaron voluntariamente. Como el delito de tortura no obliga a la prisión preventiva oficiosa, los ministeriales pudieron recuperar su libertad pagando 60 mil pesos de fianza y de esta manera enfrentan su acusación en libertad.

La defensa de los policías ha solicitado una serie de documentales tanto a la Procuraduría mexiquense como a la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado para tratar de desvirtuar la acusación, pero estas dependencias no han remitido la información solicitada, por lo que hoy los abogados de los policías pidieron una segunda prórroga, pues la primera se concedió en noviembre pasado.

]]> https://planamayor.com.mx/concede-juez-un-mes-mas-al-mp-para-concluir-investigacion-contra-policias-ministeriales-por-caso-tlatlaya/ Fri, 04 Dec 2015 10:47:04 +0000 https://archivo.planamayor.com.mx/?p=32211 Redacción

Toluca, Edomex. 4 de diciembre del 2015.- Los siete policías ministeriales que fueron acusados de tortura presuntamente por haber maltratado y abusado de tres mujeres que fueron testigos presenciales de la matanza de Tlatlaya, ocurrida el 30 de junio del año pasado, tendrán que esperar un mes más para saber si serán enjuiciados por este delito o bien se decreta el no ejercicio de la acción penal por falta de elementos.

El ministerio público que inició la investigación contra estos servidores públicos solicitó una prorroga a un juez de control para concluir la indagatoria –pues el plazo para ello vencía el 2 de diciembre—ya que aun faltan algunas testimoniales que recabar que serían fundamentales para sostener la acusación que se ha hecho en contra de estos policías por el delito de tortura.

La investigación se inició a raíz de la recomendación que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de la Procuraduría General de Justicia de la entidad (PGJEM) por los hechos ocurridos el 30 de junio del año pasado en una bodega de San Pedro Limón, Tlatlaya, donde se confirmó que un grupo de militares acribillaron a 22 personas cuando estas ya se habían rendido tras un enfrentamiento a balazos.

De acuerdo con la CNDH, la PGJEM incurrió en irregularidades graves, como el hecho de haber tolerado que la escena del crimen se alterara para que no se conociera la verdad de los hechos, es decir, que la muerte de las 22 personas fue producto de una ejecución extrajudicial.

Pero además, el organismo constató que tres mujeres sobrevivientes a esos hechos, –que en un inicio fueron acusadas de portación de arma prohibida y luego se les reconoció como víctimas—fueron presionadas, abusadas y maltratadas por personal de la PGJEM, cuando iban a dar su testimonio sobre los hechos.

A raíz de la recomendación, la Fiscalía para investigar delitos cometidos por servidores públicos indagó y pudo establecer que siete policías ministeriales habrían incurrido en conductas que son tipificadas como tortura, por lo que consignó el expediente a un juez en julio del año pasado.

Tras valorar las primeras pruebas, el juez concedió las ordenes de aprehensión y luego decretó el auto de vinculación donde dio un plazo de cuatro meses para que se terminara de integrar el expediente.

Los siete policías acusados de tortura fueron  identificados como Alan Guillermo Gómez Sánchez, Edgar Bibiano Amando, Alejandro Martínez Reyes, Gabriel Pineda Guerrero, Eulalio Hernández Martínez, Isabel Patricio Siles González y  Jesús Antonio Vega Vázquez, quienes con el pago de una fianza de 60 mil pesos cada uno, pudo recuperar su libertad y enfrentar sin prisión preventiva la imputación.

Con la prorroga otorgada por el juez será hasta el 11 de enero cuando se realice una audiencia de cierre de investigación y el ministerio público decida si tiene los elementos de prueba necesarios para someter a juicio a los policías o bien, opta el ejercicio de la acción penal por falta de pruebas.

Metepec, Edomex. 20 de octubre del 2015.- Las primeras indemnizaciones que pagará el gobierno del estado de México a victimas de violaciones a los derechos humanos serán las que extienda en las próximas semanas por los casos de Tlatlaya, ocurrido el año pasado, y de San Salvador Atenco,  del 2006, derivado de actos de tortura cometidos por servidores públicos mexiquenses.

El procurador Alejandro Gómez Sánchez dijo que el Instituto de Atención a Víctimas del estado de México y el comité técnico interinstitucional encargado de definir los montos de las compensaciones, ya se encuentran trabajando en ambos casos y es cuestión de días para que se aprueben las cifras que se propondrán a las tres mujeres víctimas del caso Tlatlaya.

Estas mujeres fueron testigos presenciales de la ejecución extrajudicial que habrían cometido miembros del Ejército en contra de 22 civiles  en una bodega de San Pedro Limón, las cuales fueron torturadas por agentes ministeriales con el fin de que revelaran lo que había pasado la madrugada del 30 de junio del año pasado en esa comunidad del sur del estado, de acuerdo a las conclusiones a las que llegó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Por estos hechos está siendo procesados ocho  servidores públicos de la procuraduría mexiquense, quienes enfrentan acusaciones por tortura, ante un juzgado de control de Toluca.

En el caso de estas tres mujeres, explicó el procurador Alejandro Gómez, ya se ha hecho la individualización del estudio y diagnostico para verificar si existen víctimas indirectas, como hijos, padres o hermanos que hayan resultado afectados por las violaciones sufrieron estas mujeres, para incluirlos dentro de la compensación por reparación del daño.

Cuando el comité técnico apruebe los montos se hará del conocimiento de mujeres y estas determinarán si aceptan o no la indemnización o si tienes alguna observación sobre la cifra propuesta.

También se trabaja en el caso de las once mujeres que sufrieron violaciones graves a derechos humanos por el caso de Atenco, derivado de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos les concedió la cantidad de víctimas del Estado mexicano.

En este caso, se está en la etapa de estudio para individualizar los casos, y posteriormente proponer un monto de indemnización por reparación del daño.

LA procuraduría cuenta con un presupuesto de 40 millones de pesos en el Fondo de Atención a Víctimas, los cuales empezará a ejercer en cuanto estas 14 mujeres acepten la compensación propuesta por el gobierno del estado

Toluca, Edomex 31 de agosto del 2015.-  Tres mandos de la policía del estado de México y cuatro elementos operativos más de la corporación fueron señalados por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) del haber infringido tortura a seis presuntos secuestradores detenidos en abril pasado en el municipio de Ixtapaluca.

El organismo solicitó a la Procuraduría General de Justicia del estado de México abrir una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades y castigar a los responsables de este hecho.

Para la Codhem los tres mandos y el personal operativo incurrieron en conductas que pueden ser constitutivas de delito y violaciones a la ley de responsabilidades de los servidores públicos por lo que deben ser sancionados por l vía penal y administrativa.

Todo inició con la queja que presentó un familiar de mujer detenida el 7 de abril en la colonia el Molino en Ixtapaluca, acusada de formar parte de una banda de secuestradores. El expediente se abrió por abuso de autoridad y maltratos de la policía contra la detenida, pero con el trascurso de los días y la recopilación  de testimonios y otras pruebas se comprobó que lo que sucedió realmente fueron hechos de tortura.

Esta situación quedó al descubierto con la difusión que hizo la agencia de noticias Quadratín, de un video donde se observa como un grupo de policías estatales maltratan a unos detenidos en la subdirección regional de la policía estatal en el oriente del estado. En el video queda constancia como los detenidos están amarrados de manos, con los ojos vendados y sometidos a golpes, maltratos físicos y amenazas de los uniformados, quienes les advierten que si no confiesan  (los secuestros), “la calentadita puede terminar con la muerte” de alguno de ellos.

Con los testimonios recabados y pruebas que obtuvo la Codhem a lo largo de su investigación de más de un año, se constató que el 7 de abril, un grupo de policías estatales se encontraban realizando un operativo en Ixtapaluca, cuando en la esquina que forman las calles de Flor de Loto y Crisantemos, se percatan que afuera de un inmueble, un grupo de jóvenes se encuentra injiriendo bebidas alcohólicas. Al acercarse, uno de los muchachos se echa a correr y se esconde al interior del inmueble, lo que desata la sospecha de que algo oculta.

Los dos jóvenes que se quedaron en el exterior fueron revisados por la policía y se les encontró un arma de fuego y marihuana. Cuando los revisaban, un grito de auxilio surgió de dentro del inmueble y se percataron de que había una persona privada de su libertad.

En el operativo seis personas fueron detenidas. Las seis fueron ingresadas a las patrullas, donde inicio el maltrato físico y las amenazas.

Los policías estatales no remitieron de forma inmediata al ministerio público a los detenidos, sino prefirieron llevarlos a la sede de la subdirección regional de la policía para que “ahí cantaran” o confesaran sus delitos.

Los testimonios de los presuntos secuestradores señalan que los uniformados los golpearon, les vendaron los ojos, los ataron de pies y manos y les colocaron bolsas de plástico en la cabeza para obligarlos a confesar.

Después de hora y media de golpes y maltratos, los detenidos fueron remitidos al ministerio público por secuestro.

Para la Codhem, los policías estatales se  extralimitaron en sus funciones, pero sobre todo vulneraron el derecho de integridad y seguridad personal de los detenidos al someterlos  actos de tortura.

 A decir de la Comisión de Derechos Humanos del estado, los probables responsables de haber infringido tortura a los detenidos son: Lucio Ortega  Valdez, jefe de sector de la policía estatal de la región de Ixtapaluca; Ricardo García Rivera, jefe del agrupamiento de Ases; José Crispín Moisés Castillo Flores, jefe del agrupamiento  del GIP; y los elementos operativos: Carlos David Duarte Sánchez; Alejandro Antonio Rodríguez Domínguez, Carlos Mario Pérez Ruiz e Iván Miranda Zarate.

Para la Codhem su actuación puede configurarse como un delito, por lo que pide que sean investigados estos servidores púbicos para deslindar responsabilidades sobre la tortura. Además pide que sean  sometidos a exámenes de control de confianza, y recomienda a la policía estatal a ceñirse a los protocolos de actuación en caso de detenciones para no vulnerar garantías individuales de nadie.

En el documento también señala que el organismo realizará visitas de inspección a las subdirecciones regionales de la policía para verificar que las practicas  que se realizan estén apegadas a la normatividad.