Toluca, Edomex. 10 de julio de 2025.- Luis Ángel Nicolás Santos, quien se desempeñaba como Director de Seguridad Pública de Tlatlaya y que fue detenido en el marco de las acciones de la Operación “Enjambre”, fue sentenciado a 50 años de prisión, luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acreditó su responsabilidad en el delito de secuestro exprés en agravio de dos víctimas.

En audiencia celebrada la tarde de ayer 9 de julio, en los Juzgados de Almoloya de Juárez, el Representante Social aportó y expuso pruebas, las cuales fueron determinantes para que el Tribunal de Enjuiciamiento, dictara esta sentencia de condena en su contra, por hechos registrados el 21 de agosto de 2024 en el municipio de Tlatlaya.

De acuerdo con la investigación, ese día las dos víctimas viajaban en un vehículo donde era transportado un cargamento con bebidas alcohólicas y al encontrarse en la carretera Tlatlaya-Cerro del Campo, paraje Puerto Frío, fueron interceptados por el ahora sentenciado, quien mediante el uso de la violencia los obligó a descender de la unidad.

Posteriormente, arribaron al lugar varios individuos que vestían ropa tipo militar y portaban armas de fuego, todos ellos al parecer miembros de un grupo delictivo con orígenes en el estado de Michoacán.

Luis Ángel Nicolás Santos, en complicidad con esos individuos, privaron de la libertad a las dos víctimas con la finalidad de hurtarles la mercancía que transportaban y luego huyeron. Lo anterior fue denunciado ante la Fiscalía del Estado de México, por ello fue iniciada una investigación y solicitada orden de aprehensión contra este sujeto, quien al momento de los hechos se desempañaba como Director de Seguridad Pública del municipio de Tlatlaya.

Cabe mencionar que este individuo fue aprehendido en el mes de septiembre de 2024, en el marco de las acciones de la Operación “Enjambre” y como parte de las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México derivado de la desaparición del Comisario de Seguridad Pública del municipio de Temascalcingo, Agustín “N”, así como de su escolta, Juan Carlos “N”.

Derivado del hecho de desaparición, la Fiscalía se allegó de información relevante sobre la intervención de elementos de seguridad pública de distintos municipios mexiquense con hechos delictivos, de manera relevante se identificó la relación de Comisarios y/o Directores de Seguridad Pública Municipales quienes se relacionaron activamente con grupos delictivos.

Por lo anterior, durante los meses de agosto y septiembre fueron llevadas a cabo acciones operativas que derivaron en la captura de Eulises “N”, Director de Seguridad Pública del municipio de Acambay; Juan “N”, Comisario de Coatepec Harinas; Carlos Alberto “N”, Director de Seguridad Pública municipal de Aculco; así como el ahora sentenciado, todos ellos relacionados con actividades extorsivas y vínculos con grupos delincuenciales con orígenes en los estados de Michoacán y Jalisco.

Indagatorias de la Fiscalía precisaron que estos sujetos se valían de sus cargos para realizar actividades delictivas relacionadas con la operación y la protección de ambos grupos criminales.

Con información recabada por la Fiscalía a través de actos de investigación y con la aportada por autoridades federales, se determinó que el ahora sentenciado mantenía cercanía con líderes del grupo delictivo con orígenes en Michoacán, de manera particular con José Alfredo Hurtado Olascoaga, alias “El Fresa”, con quien se reunía de manera frecuente.

A través de la Operación “Enjambre”, que investiga la probable relación de individuos principalmente servidores o ex servidores públicos municipales con delitos de alto impacto cometidos en la entidad por grupos criminales generadores de violencia, a la fecha han sido detenidos 60 investigados.

Tejupilco, Edomex, 28 de marzo del 2025.- Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) con apoyo de policías estatales, la Guardia Nacional, la Marina y el Ejército Mexicano, implementaron, desde la mañana de este viernes la “Operación Bastión”, en la región sur del territorio estatal, con el fin de investigar  y catear inmuebles que  presuntamente son usados por grupos criminales para sus actividades ilícitas.

El operativo se despliega simultáneamente en seis municipios de la zona sur del estado como Tejupilco, Amatepec, Luvianos, Tlatlaya, Temascaltepec  y Sultepec, donde los efectivos realizan revisiones al interior de negocios, ranchos, casas y bodegas donde se tiene la presunción de que son usados para actividades fuera de la ley.

De acuerdo con fuentes de la Fiscalía mexiquense, la mayor parte de los inmuebles que se catean son usados por el grupo delictivo La Familia Michoacana, que comandan los hermanos  José Alfredo o Johnny Hurtado Olascoaga , mejor conocidos como “El Fresa” y ”El Pez”.

Hasta el mediodía de este viernes, las fuerzas de seguridad han asegurado y colocado sellos a 21 inmuebles, casi todos ellos ranchos y casas de seguridad y resguardo de los líderes de esta organización criminal.

Esta no es la primera vez que se catean y aseguran inmuebles en la zona sur del estado que eran usados por grupos delictivos. En 2021 y 2022, la Fiscalía estatal ya había asegurado al menos una decena de ranchos en Tlatlaya y Amatepec.

La Fiscalía del estado no ha informado si durante el despliegue de estos operativos se ha detenido a algún integrante de esta organización criminal,  ni tampoco ha dado informes sobre lo que se ha encontrado en los inmuebles revisados, ni de las cosas que se han decomisado durante el operativo.

Almoloya de Juárez, Edomex. 23 de enero del 2017. – Tres años y ocho meses de prisión fue la sentencia que recibieron Gabriel Pineda Guerrero, Eulalio Hernández Martínez, Isabel Patricio Siles González y Jesús Antonio Vega Vázquez, elementos ministeriales de la extinta Procuraduría General de Justicia del Estado de México, relacionados con casos de tortura a los sobrevivientes del caso Tlatlaya, donde murieron 22 personas el 30 de junio del 2014.

Las cuatro personas sentenciadas se adhirieron al proceso abreviado, en el que reconocieron su participación en el delito de tortura con modificativas agravantes de cometerse por dos o más personas y en contra de mujeres.

Esta posibilidad les permitió recibir la sentencia mínima que se tiene por este delito, por lo que serán recluidos durante tres años y ocho meses, además de pagar multas por más de 100 mil pesos y ser destituidos de sus cargos de forma definitiva.

Sin embargo, este proceso les permite gozar de beneficios de ley, como la libertad anticipada o la conmutación de la sentencia, que podría revisarse de forma posterior a solicitud de los sentenciados.

Adicional a las penas punitivas que les fueron impuestas cada uno de los sentenciados tendrán que realizar un pago a las víctimas por daño moral, por la cantidad de 13 mil 980 pesos, cifra que fue determinada por la autoridad judicial como reparación del daño.

Tres elementos más decidieron continuar con su proceso judicial para tratar de demostrar su inocencia por el delito de tortura, por lo que la mañana de este lunes se realizó la primera audiencia de este caso, que se realizará de forma regular con los plazos establecidos por la ley.

Toluca, Edomex. 20 de diciembre del 2016.- Cuatro de los siete policías ministeriales del Estado de México que fueron acusados de tortura en contra de tres mujeres detenidas, tras la balacera en la que murieron 21 personas en una bodega de San Pedro Limón, Tlatlaya el 30 de junio del 2014, se acogieron al proceso abreviado, lo que les garantiza que la condena que les imponga el juez será la mínima que señala la ley.

Tras permanecer casi un año parado el juicio que se le inició en contra de estos servidores públicos de la extinta procuraduría mexiquense, hoy convertida en Fiscalía General de Justicia de la entidad, cuatro de los siete involucrados optaron por aceptar su responsabilidad para que se les aplique el proceso abreviado y sean sentenciados lo antes posible, con la garantía de que su pena será menor.

En términos de la Ley que Previene y Sanciona la Tortura, esta conducta no es considerada grave en la legislación estatal y sólo se sanciona con prisión de tres a doce años.

En julio del año pasado, la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de México, procedió en contra de siete elementos de la policía ministerial, luego de la recomendación que recibieron de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que constató abusos de militares y policías ministeriales en la matanza de 21 personas en una bodega de San Pedro Limón, Tlatlaya, el 30 de junio del 2014.

El ministerio público imputó el delito de tortura a estos efectivos por haber obligado a tres mujeres detenidas, a través de prácticas ilegales, a declarar en un sentido sobre cómo ocurrieron los hechos.

Los siete policías fueron detenidos pero ninguno de ellos pisaron la cárcel, ya que al no ser un delito grave no se requiere la prisión preventiva oficiosa. Los elementos recuperaron su libertad tras pagar una garantía o fianza de 60 mil pesos y enfrentaron así su proceso.

A pesar de ello, promovieron amparos que les negó la justicia federal y hace unos días en la audiencia intermedia, donde se definen qué pruebas iban a ser presentadas en juicio oral, los elementos solicitaron acogerse al proceso abreviado, para recibir sentencia en un periodo breve.

De acuerdo con el artículo 389 del Código de Procedimientos Penales de la entidad, cuando un acusado se acoge al proceso abreviado se le aplicarán las penas mínimas previstas en la ley y podrá ser reducida en un tercio. Es decir, la pena podrá recudirse a un año de prisión solamente, y sería conmutable a una multa o trabajo social.

Los otros tres elementos continuarán con su proceso judicial oral.

Ciudad de México, 30 de noviembre del 2016.- Un año de prisión para un militar y la absolución para ocho más fue la sentencia que determinó el Supremo Tribunal Militar, por los hechos ocurridos el 30 de junio de 2014, en el municipio de Tlatlaya, donde 22 personas perdieron la vida luego de que los elementos castrenses dispararan contra ellos.

 La condena dictada para uno de los soldados se determinó al encontrar elementos que comprobaban  responsabilidad  del elemento  en el delito del fuero castrense de desobediencia, por lo que permanecerá un año bajo prisión militar.

Ocho elementos del Ejército más involucrados con el caso Tlatlaya fueron absueltos por este Tribunal Militar  luego de que  la revisión de los casos arrojara que en cada una de las comisiones a las que estaban encargados, no existiera infracción de deberes militares.

 Por otra parte, Clara Gómez González, presentó una solicitud ante STM para tener acceso al proceso militar en contra de los soldados, así como ser reconocida como víctima pues afirma ser una sobreviviente del caso Tlatlaya.

Tenango del Valle, Edomex. 8 de septiembre del 2016.- El procurador General de Justicia del Estado de México, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, informó que existen pocas probabilidades de encontrar con vida a Hugo Arochi Roa y Saúl Ortega Montiel, notificadores del Servicio de Administración Tributaria (SAT) quienes fueron privados de la libertad en el municipio de Tlatlaya durante una diligencia realizada el pasado 16 de junio.

De acuerdo con el procurador mexiquense, las entrevistas que se han realizado con respecto a este caso señalan la posibilidad de que ambos notificadores hayan sido privados de la vida, sin embargo reconoció que se continua la investigación y la búsqueda de ambos servidores públicos.

Arochi Roa y Ortega Montiel salieron de la ciudad de México en un vehículo oficial del SAT la mañana del jueves 18 de junio para dirigirse hacia el sur del estado pues tenían que entregar una notificación oficial a un par de contribuyentes radicados en el municipio de Tlatlaya.

El último contacto que se tuvo con ellos fue alrededor de las 19:00 horas de ese 16 de junio, cuando informaron que todavía estaban en Tlaltlaya, cumpliendo su encomienda.

Como regresaron a casa, el viernes 19 se montó un dispositivo de búsqueda y para el sábado ya era un operativo con apoyo de helicópteros para dar con su paradero.

Hoy se sabe que los notificadores del SAT fueron levantados por integrantes de un grupo delictivo con origines en Michoacán y que presuntamente fueron llevados a la sierra de Guerrero, muy cerca de Tlatlaya.

Antier, se informó de la detención de un presunto responsable de haber participado en esta privación ilegal de la libertad de los notificadores del SAT y a decir del procurador Gómez Sánchez, todavía faltan tres por ser capturados.

Las indagatorias, a las que se ha sumado la Subprocuraduría Especializada de Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) indican que muy posiblemente ya no se encuentren con vida.

«Eso es algo que está en la investigación de la Seido; en entrevistas que hemos recopilado  nos han referido que posiblemente los hayan privado de la vida pero aún no hay confirmación,  y todo forma parte de la investigación», dijo.

Toluca, Edomex, 25 de agosto del 2016.- El procurador General de Justicia del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez informó este jueves que se tiene plenamente identificado al grupo delictivo que levantó a los dos notificadores del Servicio de Administración Tributaria (SAT), quienes desaparecieron en el sur del estado el pasado 16 de junio.

Durante una conferencia donde informó de detenciones relacionadas con el delito de secuestro, el funcionario explicó que se ha podido establecer que un grupo delincuencial es el  responsable de la no localización de Hugo Arochi Roa y Saúl Ortega Montiel, notificadores del SAT  que acudieron a Tlatlaya para entregar un citatorio, pero desde la tarde noche de aquel 16 de junio se desconoce su paradero.

Gómez Sánchez dijo que existen indicios claros de que ambos servidores públicos pudieron ser levantados por un grupo delictivo y posteriormente  llevados al estado de Guerrero.

 “Nosotros ya hemos hecho un desglose de nuestra carpeta de investigación a la Subprocuraduría de Investigación de Delincuencia Organizada de PGR, toda vez que hemos tenido conocimiento por las declaraciones y entrevistas de personas en el lugar, que probablemente habían sido privados de la libertad por algún grupo criminal que opera en la zona, un grupo de orígenes en Michoacán”, expuso.

A la fecha, reveló, han girado cuatro órdenes de aprehensión sobre los presuntos integrantes de esta organización delictiva que participaron en la desaparición de los funcionarios federales.

Destacó que en la búsqueda de estos sujetos y de los notificadores –a quienes aún pretenden rescatarlos con vida–,  se han localizado inmuebles de esta organización, donde se han encontrado datos precisos  sobre la identidad de los responsables de la desaparición.

Toluca, Edomex. 14 de julio del 2016.- Sin revelar cuántos ni sus identidades, el secretario General de Gobierno del Estado de México, José Manzur Quiroga informó que ya hay “personas detenidas” relacionadas con la desaparición de dos notificadores del  Sistema de Administración Tributaria (SAT), de quienes se desconoce su paradero desde el pasado 16 de junio.

El funcionario dijo que las investigaciones para dar con ellos han avanzado y se ha logrado detener a algunos presuntos responsables, pero a la fecha, todavía no dan con el paradero de Hugo Arochi Roa, de 50 años de edad, ni de Saúl Ortega Montiel de 35 años.

Ambos servidores públicos salieron la mañana del jueves 16 de junio de sede del SAT, en el centro de la Ciudad de México con destino a Tlatlaya, Estado de México, para hacer una notificación de rutina.

Los notificadores pasaron por Toluca para encaminase hacía el sur del estado hasta llegar a Tlatlaya, a unos 100 kilómetros de la capital mexiquense y a sólo 20 de los límites con Guerrero.

El último contacto que se tuvo con ellos fue ese jueves alrededor de las 19:00 horas. Ninguno de los notificadores volvió a su casa ni al trabajo. El viernes 17 se levantó la noticia criminal en la Procuraduría General de Justicia del Estado de México por su desaparición.

Las autoridades federales y mexiquenses montaron un dispositivo de búsqueda en el que participa la Marina Armada de México y el Ejército, pero no se ha podido dar con su paradero.

Una semana después de la desaparición de Arochi Roa y de Ortega Montiel fue localizada en Guerrero,  la camioneta Dodge Dakota, color plata, con placas de circulación 707-XNW, en la viajaban los servidores públicos.

Fue entonces que se pidió la colaboración de las autoridades de Guerrero para que sumaran a la búsqueda, lo mismo que a las de Morelos.

El secretario general de Gobierno, dijo hoy que por la investigación que se tienen sobre el caso,  se presume que los notificadores pudieron ser confundidos por un grupo de la delincuencia organizada.

Ahora, sostuvo, se busca que los detenidos puedan proporcionar datos que lleven a la ubicación de los notificadores ya sea en Guerrero o en el Estado de México.

 Toluca, Edomex. 6 de julio del 2016.- El procurador General de Justicia del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez consideró que el gobierno mexiquense ha cumplido la recomendación que emitió la Comisión Nacional de los Derechos humanos (CNDH) sobre la matanza de Tlatlaya del 30 de junio del 2014, cuando fueron abatidos 22 civiles a manos del Ejercito Mexicano y recalcó que a la fecha solo queda pendiente el juicio contra los ocho elementos de la dependencia a los que se les fincó responsabilidad por el delito de tortura.

El funcionario dijo que cada uno de los puntos que emitió la CNDH hacia el estado de México por estos hechos, donde se consideró que existieron graves violaciones a los derechos humanos han sido cumplidos y los avances fueron notificados al organismo en tiempo y forma.

La semana pasada, cuando se cumplieron dos años de la matanza en Tlatlaya,  la CNDH informó que ninguna de las instancias a quien se había dirigido la recomendación por el caso Tlatlaya, (Secretaría de la Defensa Nacional, Procuraduría General de la República y el Gobierno del estado de México)  habían cumplido a cabalidad  la recomendación.

El organismo recalcó que solo había un cumplimiento parcial del documento, pero lo fundamental,  no se había hecho,  que era castigar a los responsables de los abusos cometidos esa madrugada del 30 de junio.

Al respecto, el procurador Alejandro Gómez acotó  que la PGJEM ejercitó acción penal en contra de siete policías ministeriales  a quienes se les imputó el delito de tortura y contra una agente del ministerio público por encubrimiento. Todos ellos enfrentan su juicio en libertad, pues los  delitos imputados no son considerado como graves por el Código Penal en la entidad.
A la fecha, el proceso se encuentra suspendido a la espera de que se resuelvan varios juicios de amparo promovidos por los agentes ministeriales en contra del auto de vinculación a proceso.

El procurador también informó que todos los servidores públicos que participaron directa y indirectamente en el caso Tlatlaya se les inició un procedimiento administrativo sancionador ante la Inspección General de los Cuerpos de Seguridad del estado de de México y aunque no se sabe si este concluyó o sigue su marcha.

Alejandro Gómez apuntó que el gobierno del estado ha cumplido con la reparación del daño para las víctimas a quienes se les ha indemnizado y apoyado medica, jurídica y psicológicamente.

De las tres víctimas identificadas por los hechos, a dos ya se les entregó la compensación y una se ha resistido a recibir el apoyo.

También se ha cumplido lo referente a la capacitación de las policías estatal y ministerial en derechos humanos; se aprobó un protocolo de actuación para agentes del ministerio público y policías ministeriales sobre cómo deben de actuar y resguardar la escena del crimen en casos como este, entre otros puntos recomendados por CNDH.

]]> https://planamayor.com.mx/localizan-pick-up-de-los-notificadores-del-sat-de-ellos-no-hay-rastro/ Wed, 22 Jun 2016 21:37:08 +0000 https://archivo.planamayor.com.mx/?p=35284 Redacción

Tejupilco, Edomex. 22 de junio del 2016.- La camioneta Pick Up Dakota en la que viajaban los notificadores de Servicio de Administración Tributaria (SAT) que desaparecieron el pasado jueves en el municipio de Tlatlaya, fue localizada abandonada en una brecha de ese municipio  por la Policía Federal.

Fuentes policiacas informaron que además se localizó una serie de documentación del SAT tirada en el municipio de Tejupilco, a unos 60 kilómetros de distancia, que presumiblemente pertenecía a los dos notificadores.

El jueves pasado, Hugo Arochi Roa, de 50 años y Saúl Ortega Montiel de 36 salieron de la ciudad de México con destino a Tlatlaya, municipio del sur mexiquense ubicado a unos 120 kilómetro sal sur poniente de Toluca para realizar una notificación de rutina.

Los notificadores ya no regresaron a la oficina y el ultimo contacto que hubo con ellos fue alrededor de las 19:00 horas de ese jueves.

El viernes, familiares y el SAT dieron aviso a las autoridades mexiquenses para iniciar un operativo de búsqueda. La noche del viernes, la Procuraduría General de Justicia de la entidad, emitió una alerta Odisea, para pedir apoyo a la población para dar con el paradero de ambos notificadores.

El sábado, la Policía Federal, el Ejército Mexicano y la Marina Armada de México se unieron la búsqueda de los dos servidores públicos.

Más de 300 efectivos policiacos y castrenses hicieron un barrido desde Tejupilco, Luvianos, Amatepec y Tlatlaya para poder dar con su paradero.

La búsqueda de los Arochi Roa y de Ortega Montiel, siguió el inicio de esta semana y por fin este miércoles se puedo dar con la camioneta que se encontró abandonada en una brecha del municipio de Tlatlaya, muy cerca con los limites de Guerrero.

En esta región del sur del estado, conocida como Tierra Caliente, operan varios grupos del crimen organizado, como la Familia Michoacana, Los Guerreros Unidos y Los Rojos.

Las autoridades aun no encuentran rastro alguno de los notificadores.

Ciudad de México. 18 de junio del 2016.- La Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) emitió esta sábado una alerta para localizar a dos servidores públicos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) que desaparecieron desde el jueves pasado, presuntamente  en la zona sur del estado.

Hugo Arochi Roa, de 50 años de edad, y Saúl Ortega Montiel, de 36 años, adscritos al área de Auditoría del Comercio Exterior del SAT,  salieron el jueves temprano de la Ciudad de México con destino a Tlatlaya para realizar una notificación oficial.

Desde ese mediodía se perdió contacto con ellos y nadie sabe de su paradero.

Los empleados del SAT viajaban en una camioneta Pick Up, Dodge Dakota, color plata, con placas de circulación 707-XNW.

“Hasta el momento, de acuerdo al protocolo de reacción inmediata en casos como el que se presenta, se estableció contacto con las autoridades de los tres niveles de gobierno y entidades privadas para efecto de lograr su localización, sin que hasta el momento se tengan indicios de su paradero”, informó el SAT, a través de un comunicado de medios.

La zona sur del Estado de México y en el especial el municipio de Tlatlaya, es considerado uno de los focos de atención en materia de seguridad por la operación de grupos del crimen organizado, dedicados al narcotráfico.

El SAT informó que se ha ofrecido a familiares de los servidores públicos el apoyo y la orientación debida para proceder en este tipo de situaciones.

Ciudad de México, 20 de mayo del 2016.- La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU expresó este viernes su preocupación de que la matanza de 22 civiles en Tlatlaya, estado de México,  ocurrirá el 30 de junio del 2014 quede impune y a las victimas se les niega la verdad y la justicia, luego de que hace una semana, un tribunal exoneró a los últimos tres militares acusados de las ejecuciones extrajudiciales perpetradas aquel día en una bodega de la comunidad de San Pedro Limón.

La vocera de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Ravina Shamdasani, exigió a las autoridades mexicanas “una investigación efectiva, rigurosa, imparcial e independiente” y  bajo los más altos estándares en materia de derechos humanos.

El pronunciamiento ocurrió porque a casi dos años de los hechos, ninguno de los militares del Segundo Batallón de Infantería de San Miguel Ixtapan que participaron en aquella matanza han sido castigados por las ejecuciones extrajudiciales, cuando los civiles ya se habían rendido.

 “Estamos profundamente preocupados porque a casi dos años de la comisión de graves violaciones de derechos humanos en Tlatlaya, estado de México, que incluyen alegatos de que al menos 12 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente, el caso sigue sumido en la impunidad y a las víctimas se les siguen negando sus derechos a la justicia y la verdad”, apuntó la vocera de este organismo internacional.

Para la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, las investigaciones deben profundizarse contra los militares que participaron en aquella acción, incluyendo a los mandos castrenses que ordenaron o solaparon tal acción, además de todos aquellos servidores púbicos federales y del estado de México que permitieron que la escena del crimen haya sido manipulada con el fin de esconder las ejecuciones extrajudiciales y dar la impresión de que las muertes de los civiles fueron producto de un enfrentamiento abierto con los soldados.

Después de la recomendación que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos donde se confirma que en la bodega de San Pedro Limón hubo ejecuciones extrajudiciales de los soldados,  la Procuraduría General de la República consignó a siete militares por estos hechos. Cuatro de ellos obtuvieron un amparo en octubre pasado y evadieron la imputación y ahora, los tres militares restantes fueron exonerados por un Tribunal al considerar que la PGR no aportó elementos suficientes que incriminen a estos efectivos castrenses con las ejecuciones.

“Hacemos un llamado a las autoridades mexicanas para que aseguren una investigación rigurosa, efectiva, imparcial, independiente y rápida en este emblemático caso. También instamos a las autoridades de procuración y administración de justicia a actuar con base en los más altos estándares y normas de derechos humanos en las investigaciones y juicios”, indicó.