Toluca, Edomex. 24 de febrero del 2016.-  El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del estado de México, el priísta Cruz Juvenal Roa, dio a conocer el plan de austeridad que se ha implementado en el Poder Legislativo que ha permitido generar ahorros mensuales de 12 millones de pesos de septiembre a la fecha.

Ante la difícil situación económica que atraviesa el país, los diputados locales prometieron hacer un esfuerzo para reducir al minimo los gastos de operación de la Legisaltura y renunciar a algunos privilegios que antes tenían los legisladores como autos ultimo módelo, pago de telefonía celular y viajes al extranjero, entre otros.

Los coordinadores de cada uno de los grupos parlamentarios del Congreso mexiquense también han impuesto una medida adicional que aplica exclusivamente a ellos. Aquel que llegue tarde a una reunión de la Junta de Coordinación Política se le aplica una multa de mil pesos, pero si incurre en dobl retardo, la sanción asciende a dos mil pesos y para el tercer retardo sube a tres mil y así consecutivamente, lo que ha permitido mayor responsabilidad de cada uno de los líderes de las bancadas que conforman el Congreso local.

Dentro de las medidas de austeridad que se acordaron aplicar para toda la legislatura es  reducir al mínimo las autorizaciones para asistir a congresos en el interior de la república y cancelar todalmente aquellos que se realicen en el extranjero; se reestringue el pago de viáticos a los diputados y sólo se autorizará cuando sea estricamente necesario para cubrir una encomienda considerada prioritaria. También se determinño cancelar la contratación de asesores y de personal de ayundantía.

En cuestión de materiales y suministros, el apoyo para gasolina ya no se extenderá a través de vales o efectivo sino de una tarjeta con chip y nip personal e intransferible y se acordó que en todas las licitaciones públicas necesariamente haya un testigo social que vigile el procedimiento de asignación.

Los diputados también decidieron no autorizar arrendamientos de nuevos inmuebles  y cancelar los arriendos que no sean estrictamente necesarios; todo el mantenimiento que se requieran en alguno de los inmuebles propiedad del Poder Legislativo se tendrá que realizar por personal de la Legislatura y no estará autorizado contratar servicios para estos trabajos.

Los eventos que se organizan por el Congreso serán atendidos por servidores de la institución y ya no se contratará personal para realizar esta tarea; también  se reducirá el servicio de fotocopiado y se buscará digitalizar información para sustituir el papel; se instalarán bancos de bajo consumo de energía y se desconectarán todos los aparatos cuando no estén en uso.

El ahorro generado de septiembre a la fecha suma 60 millones de pesos que se valora se destinen a la contratación de personal calificado para el Organo Superior de Fiscalización.

Los actuales consejeros electorales heredaron de sus antecesores camionetas que fueron adquiridas hace apenas tres años, es decir son modelo 2012, pero a decir de algunos consejeros éstas ya están pasadas de modas, y para algunos otros se trata de camionetas ya “muy corridas”. En su carta que dejarán bajo el árbol navideño, los consejeros electorales sostienen que requieren de autos funcionales que les permitan desarrollar sus actividades de mejor manera. Como órgano autónomo, sólo requieren de su voto mayoritario para hacer la compra, donde el único que ha mostrado resistencia es el consejero Gabriel Corona Armenta.

La adquisición de autos ya ha sido aprobada por la junta general del IEEM y en las próximas semanas se podría materializar la compra de las unidades. El monto económico no es un problema, pues el órgano electoral cuenta con suficiencia presupuestal. En las pasadas elecciones, por ejemplo, al contar con una casilla única en coordinación con el INE, se generaron ahorros que les han dejado un remanente para gastar en las camionetas último modelo. El argumento parece simple, de utilizar estos recursos a reintegrarlos a la Secretaría de Finanzas, los consejeros optaron por la primera.

Un gasto que parece innecesario, como la compra de camionetas para los consejeros electorales, se queda corto cuando en su presupuesto del año entrante se ha proyectado casi 10 millones de pesos en combustibles y seis millones en telefonía convencional y celular. Otro de los gastos del presupuesto 2016, integra 8 millones para el pago de la organización de “ceremonias oficiales”, 5 millones el gasto para “traslados terrestres” y 4.5 millones para “viáticos nacionales”. En el colmo del despilfarro del dinero público, el órgano electoral agrega 200 mil pesos para “medicamentos y productos farmacéuticos” y 5 millones para “vestuario”. Eso es saber vivir del presupuesto.

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La diputada federal, Guadalupe Alcántara Rojas fue designada como Coordinadora de Diputados PRI ante la CNOP Nacional. Dentro de la bancada de legisladores federales, será el vínculo con el sector priísta más amplio, que representa a Obreros y Profesionales, el cual representa la senadora neolonesa Cristina Díaz. El nombramiento fue avalado por dos mexiquenses, César Camacho -en su calidad de coordinador de la fracción legislativa del PRI- y Carolina Monroy del Mazo -secretaria general del PRI-.

Guadalupe Alcántara -al igual que Carolina Monroy- es originaria de Atlacomulco, tierra natal del presidente Enrique Peña. Para mayores referencias, la legisladora priísta es hermana de Roberto Alcántara, uno de los empresarios consentidos del sexenio peñista, que lo mismo es propietario de Viva Aerobús, acciones del grupo español Prisa, y concesionario de sistemas de cobro en diversas carreteras del país. Los vínculos entre empresarios y políticos cada vez parecen más estrechos bajo la ruta del dinero. A Guadalupe Alcántara hay que comenzarla a seguir de cerca.

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Para enturbiar más el escenario, Ruiz Razo se reunió el pasado jueves con Eduardo Bernal, en las oficinas del segundo, como representante del PRI ante el Instituto Electoral del Estado de México. Esa sospechosa connivencia entre el alcalde suplente con el operador electoral priísta ponen de manifiesto que detrás del conflicto político se encuentra el interés del partido en el poder. La gran incógnita es si Bernal actúa por sí mismo o con alguna instrucción desde las oficinas del Palacio de Gobierno.

Como ya se ha dicho, la elección en Valle de Chalco está en el aire. En las elecciones municipales del pasado 7 de junio, el PRD alcanzó los 29 mil 185 votos pero es perseguido de cerca por la alianza PRI-PVEM-NA con 29 mil 002 sufragios. Una diferencia de 183 votos puede modificarse, en caso de anular un par de casillas, dentro de las impugnaciones que están pendiente de resolver. De ahí se explica la intención del priísmo por incidir desde ahora en el futuro político de Valle de Chalco.

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El plan de austeridad puesto en marcha en la Legislatura mexiquense parece que va en serio. A partir del mes de noviembre darán a conocer medidas restrictivas del gasto público, que según lo acordado por las fracciones legislativas, bajo la promoción de PRI, PRD y Morena, buscará revertir la idea de que los diputados son flojos e inoperantes.

De entrada, desde la Junta de Coordinación Política encabezada por el priísta Cruz Roa Sánchez, se ha implementado un programa de sanciones para multar con mil pesos a los legisladores que lleguen tarde a las reuniones de comisiones. Lo mismo se instrumentó para las reuniones convocadas en la bancada priísta. El programa ha resultado exitoso en la medida que ha obligado a todos a la puntualidad.

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Diversas asociaciones de colonos en el Estado de México han encendido las luces de alerta para advertir que en los procesos de entrega – recepción se evite la opacidad, se auditen los asuntos contables, y se transparente la deuda pública que heredarán a los gobiernos entrantes. Aunque han iniciado las transiciones administrativas en diversos municipios de la entidad, se especula que de última hora, algunos gobiernos locales se otorguen permisos para cambios de uso de suelo o nuevas construcciones.

Entre los municipios en que se ha dado esta alarma es en Huixquilucan, que encabeza Reynol Neyra, quien está a cargo del gobierno que dejó inconcluso el diputado federal, Carlos Iriarte Mercado, que abandonó el puesto en julio del año pasado para asumir la dirigencia estatal del PRI. A la opacidad existente en las finanzas municipales de Huixquilucan, las asociaciones vecinales reclaman que muchos servicios públicos son ineficientes, y casos extremos, inexistentes.

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