Redacción

Toluca, Edomex 21 de octubre del 2024.-  En enero del 2010, el Congreso del Estado de México, en ese entonces dominado por el PRI, avaló la idea del entonces  gobernador Enrique Peña Nieto para concesionar a la iniciativa privada el mantenimiento y conservación de avenidas primarias y carreteras de la entidad, con el argumento de que el estado no contaba con recursos para realizar dicha tarea.

Un año después, a través de un concurso de invitación restringida, se asignó un contrato a un consorcio formado por las constructoras Prodemex -de Antonio Boullosa– y Teya – de Juan Armando Hinojosa, compadre de Peña Nieto–, para que se encargaran de mantener la red vial y carretera en óptimas condiciones durante un periodo de 20 años.

En un inicio, el contrato marcaba que serían 31 carreteras y 39 vialidades, cuyo mantenimiento, rehabilitación y conservación correrían a cargo de este consorcio denominado “Empresa Mexiquense Conservadora de Carreteras”. Luego hubo negociaciones entre la empresa y el gobierno estatal –que ya encabezaba Eruviel Ávila–, y el contrato fue modificado hasta en 5 ocasiones, para que solo diera mantenimiento a 56 de las 70 vías pactadas originalmente, es decir el gobierno aceptó reducir la carga para la empresa para que en lugar de encargarse de mantener y conservar en buen estado  31 carreteras sólo lo hiciera en 19,  y de 39 vialidades pasó a 37.

Eso sí, los montos que se pactaron en un inicio como contraprestación mensual no variaron, lo que  obligaba al gobierno a pagar al año alrededor de 400 millones de pesos, monto que podría variar de acuerdo al índice inflacionario.

A doce años de haber iniciar el contrato, ya no se les paga 400 millones de pesos anuales, sino que la cifra ha aumentado hasta 800 millones de pesos al año por mantener en buenas condiciones 31 carreteras y 37 vialidades, entre ellas avenidas como Paseo Tollocan y Alfredo Del Mazo, en el Valle de Toluca y La López Portillo, la Gustavo Baz, Avenida Central, Periférico Norte y Periférico Oriente, en el Valle de México, entre otras.

Del 2013 a mayo de este año, el consorcio conformado por Prodemex y Constructura Teya ha recibido de parte del gobierno estatal  7 mil 456 millones de pesos, como parte de la contraprestación por tener en óptimas condiciones estas vialidades y carreteras estatales. Y aun faltan 9 años más de contrato.

Lo cuestionable es que el consorcio no ha cumplido del todo con el contrato, pues estas avenidas y gran parte de las carreteras que están bajo su jurisdicción en materia de mantenimiento se encuentran en pésimas condiciones, llenas de baches y parches de mala calidad.

Cualquier automovilista que circule por estas avenidas primarias del Estado de México puede constatar que les falta mantenimiento y no han sido conservadas como se debiera.

A través de una solicitud de transparencia, la Junta de Caminos del Estado de México, que es el organismo que paga a la empresa por el mantenimiento y conservación de las vialidades, respondió que sí se ha multado al consorcio por incumplimientos del contrato, específicamente por superar “los tiempos de respuesta por parte del proveedor en el contrato”.

Las deducciones aplicadas al concesionario por estos incumplimientos son irrisorios, pues en los 11 años que lleva el contrato, solo se les ha descontado un total de 16.5 millones de pesos, frente a los más de 7 mil 400 millones que se ha embolsado el consorcio.

Los años en los que se les ha descontado más por incumplimientos son el 2021 y el 2022, con 2.2  y 2.7 millones respectivamente. En el 2023, se les descontó por multas un millón 270 mil pesos, y en los primeros cinco meses de este 2024, solo se les ha descontado la candidata de 61 mil, 354 pesos.

Las autoridades estatales ahora emanadas de Morena han expresado que estos contratos están bajo revisión y han admitido que son muy ventajosos para los concesionarios. Cuando se les ha cuestionado si se pudieran cancelar o rescindir estos contratos por lo onerosos que resultan, han respondido que están bajo análisis, pero difícilmente se podría realizar por las indemnizaciones que se tendrían que pagar.

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