Esta es la segunda renuncia una persona a juzgadora que resultó electa en los pasados comicios judiciales de junio del 2026.

Denisse López Reyes esgrimió que su renuncia se da por motivos de salud, ya que el desempeño como jueza le generó “un desgaste progresivo de salud” por las extenuantes jornadas de trabajo a las que se  sometía, desde septiembre cuando asumió el cargo.

Cabe señalar que estos juzgados especializados en línea brindan atención las 24 horas del día y los titulares cuentan con un máximo de 8 horas desde que se ingresa la solicitud para responder al trámite correspondiente.

Denisse Reyes aseguró que en su carta al titular del Poder Judicial que la renuncia era voluntaria y de carácter irrevocable.

Tras avalar la renuncia de esta juzgadora, la Diputación Permenente del Congreso local procedió a tomar protesta a CintiaCarmen Castaño Aramis, quien quedó en segundo lugar en la elección judicial de junio pasado, por lo que le correspondía asumir el cargo.

En diciembre pasado también renunció al cargo de jueza Liliana Ananís Ruiz, también por motivos de salud, por lo que se tuvo que llamar a la persona que había quedado en segundo lugar en los comicios para que asumiera el juzgado que se le había asignado a la primer lugar.

Redacción

Almoloya de Juárez, Edomex, 20 de marzo del 2024.- Una juez del Poder Judicial del Estado de México concedió ampliar cuatro meses más el plazo para el cierre de la investigación que se inició en contra del exalcalde de Toluca, Raymundo Martínez Carbajal, acusado de secuestro exprés con fines de extorsión, pues en abril del año pasado habría mandado privar de la libertad a su exsuegro, con la finalidad de recuperar unos diarios que tenía en su poder su ex esposa.

A petición de la defensa del acusado, la juez avaló llevar hasta el 18 de julio el plazo para que las partes reúnan los elementos de prueba que desahogarán durante el juicio que se instruya al edil a partir del segundo semestre del año.

El pasado 18 de marzo, concluyó el plazo de 2 meses que inicialmente se había fijado para el cierre de la investigación, sin embargo, tanto la defensa del exalcalde como el Ministerio Púbico pidieron a la autoridad judicial ampliar el periodo para poder hacerse de más pruebas.

La defensa de Raymundo Martínez señaló durante la audiencia que no ha tenido acceso a los celulares que forman parte del expediente, donde se supone están los mensajes que incriminan al alcalde en los delitos que se le imputan.

La defensa tampoco ha podido interrogar ni al exsuegro ni a la ex esposa, en su calidad de víctima y ofendida, ni a una empleada doméstica, que declararía en calidad de testigo.

La juez pidió a la Fiscalía de Justicia garantizar el acceso a estos elementos de prueba, pues el ex alcalde tiene el derecho constitucional a una buena defensa y el impedir que pueda acceder a estas pruebas coarta este derecho.

El ex alcalde priista de Toluca, Raymundo Martínez Carbajal se encuentra preso en el penal de Santiaguito, pues desde enero se le decretó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, ante el temor de que pueda evadirse de la justicia, como ya lo hizo durante un par de meses cuando abandonó la alcaldía al conocer que existía una orden de aprehensión en su contra y se escondió durante varias semanas en un inmueble de la colonia Lindavista en la Ciudad de México.

A Raymundo Martínez se le acusa de haber ordenado a sus subalternos a privar de la libertad a su ex suegro, a quien llevaron a las galeras del municipio y lo mantuvieron incomunicado durante cuatro horas.

En ese tiempo, Raymundo Martínez presionó a su exesposa Viridiana Rodríguez para que le devolviera unos diarios –donde el alcalde plasmó parte de su vida íntima–, y la amenazó que de no hacerlo, acusaría a su papá de robo de documentos y lo presentaría ante la Fiscalía General de Justicia.

La exesposa se vio obligada a devolver los diarios y sólo así, exalcalde accedió a librar a su exsuegro.

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Toluca, Edomex 12 de Julio del 2016.- El Congreso del estado de México tendrá que rectificar un decreto que aprobó hace 18 meses, por el cual autorizaba al gobernador Eruviel Ávila a donar una superficie de más de 945 hectáreas ubicadas en el ex vaso del Lago de Texcoco, pues indebidamente el polígono de donación contempló predios de particulares.

El diputado de Nueva Alianza, Aquiles Córdova señaló que el error no es imputable a la legislatura sino a quien realizó las delimitaciones del polígono que sería donado y que ahora por órdenes de un Tribunal Colegiado, tendrá que ser modificado.

En septiembre del 2014, el Ejecutivo del estado turnó una iniciativa a la Legislatura para que se le autorizara donar al Gobierno Federal poco más de 945 hectáreas de terrenos ubicados en el ex vaso de Texcoco, identificados como el predio de “El Moño” y “Los Tlateles”, que hasta meses antes conformaban el Área Natural Protegida Gerardo Cruickshank García.

El argumento para donar esta superficie fue que los predios serían asignados a la Comisión Nacional del Agua para que los utilizara como zona de mitigación hidráulica, por lo que los diputados aprobaron sin problema alguno.

Desde el año pasado, la Conagua trató de tomar posesión de las 945 hectáreas que le donó el gobierno mexiquense, pero ahí se observó que el polígono marcado en el decreto incluida una franja de predios particulares.

Dos vecinas de Chimalhuacán a quienes se les afectó su propiedad promovieron amparos ante la justicia federal y tras varios meses de litigio , el Segundo Tribunal Colegiado de Segundo Circuito, con sede en Nezahualcóyotl, falló a su favor, ordenando a la Legislatura local derogarlo.

Los predios particulares forman una superficie de 9 mil metros cuadrados, es decir el 1 por ciento del total del área de donación.

Durante meses, la Conagua intentó despojarlos del predio y entonces iniciaron una batalla legal.  Primero fueron con un juez de distrito que les negó la protección de la justicia federal, pero los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado de Segundo Circuito con sede en Nezahualcóyotl les dieron la razón, pues las demandantes pudieron demostrar documentalmente la propiedad de los terrenos.

Ahora, el Congreso tendrá que realizar los ajustes al decreto para excluir esos 9 mil metros cuadrados del polígono de donación para no afectar a terceros.

Almoloya de Juárez, Edomex. 29 de septiembre.-  Una juez de control de Toluca, con sede en el penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez,  negó al presidente municipal con licencia de Naucalpan, David Sánchez Guevara,  levantar la medida cautelar de prisión preventiva que le dictó el pasado domingo producto de la segunda imputación que pesa en su contra por el delito de peculado.

Con ello, el también diputado federal electo del PRI por el distrito 24 del estado de México permanecerá encarcelado en la prisión de alta seguridad de Tepachico, ubicada en el municipio de  Otumba donde se le trasladó luego de que se detectara que había sobornado a personal del penal estatal de Santiaguito para obtener “algunas consideraciones” dentro del centro penitenciario.

Sánchez Guevara pidió el domingo pasado se le conceda libertad bajo fianza, con el argumento de que no evadirá la justicia , de que existen antecedentes de su buen comportamiento y reconocimiento de la ciudadanía.

La juez permitió que la defensa presentara algunos testigos para que intercedieran por el alcalde, pero como la inmensa mayoría de los que se presentaron en la audiencia fueron colaboradores del edil (incondicionales), el ministerio público pidió que se desecharan.

El ministerio público recordó que existe indicios de que  Sánchez Guevara ha vertido, a través de terceros, amenazas a la actual presidenta municipal de Naucalpan Claudia Oyoque, con la finalidad de que no proporcione  información a la Procuraduría sobre su gestión al frente del municipio.

La juez también recordó que su comportamiento tampoco ha sido el adecuado, sobre todo porque ha pretendido bloquear la investigación que se abrió a su administración y porque existe otra investigación abierta ya judicializada, que le impide concederle la libertad.

En los próximos días, la juez resolverá si vincula o no a proceso a Sánchez Guevara por el delito de peculado, pues ahora se le acusa de haber pagado 9.1 millones de pesos para la compra de uniformes para los trabajadores sindicalizados de Naucalpan, pero no existe registro de que estos hayan sido entregados al municipio.

En la otra causa penal, también por peculado, por haber pagado 408 mil pesos a una constructora por una obra que nunca se ejecutó, se tiene programada una audiencia el 8 de octubre para dar por concluida la investigación e iniciar formalmente el juicio oral.

Almoloya de Juárez, Edomex. 17 de septiembre.- Por segunda semana consecutiva y con el argumento de contar con una suspensión provisional concedida por la justicia federal, el alcalde con licencia de Naucalpan, David  Sánchez Guevara volvió a evadir, temporalmente, que le formulen una nueva acusación por mal manejo de recursos públicos en su encargo como presidente municipal.

De paso, Sánchez Guevara y su defensa acusaron a las autoridades mexiquenses de mantenerlo incomunicado y aseguró que su traslado del penal de Santiaguito en Almoloya de Juárez, al de Tepachico, en Otumba, fue ilegal, pues adujo contar con un amparo para evitar que lo cambiaran de cárcel.

En Toluca, el procurador de justicia mexiquense, Alejandro Gómez Sánchez informó que tuvo conocimiento que el traslado de Sánchez Guevara de penal se debió a que el edil logro obtener en Santiaguito “ciertas consideraciones”, como el hecho de tener un teléfono celular a su disposición y visitas de personas que se hacían pasar como sus familiares.

Detectado el problema, la Dirección General de Readaptación Social acordó llevarlo al penal donde existen los mecanismos más modernos de seguridad que hacen poco probable que pueda conseguir beneficios como los que logró tener en semanas en Santiaguito.

Este jueves, el ministerio público intentó por segunda ocasión formularle una nueva acusación por irregularidades en el manejo de recursos públicos, pero Sánchez Guevara señaló en la sala de audiencias que no era su deseo de escucharla imputación y que la diligencia no se podía llevar a cabo, pues contaba con una suspensión provisional concedida por la justicia federal que le garantiza no ser aprehendido por otros hechos delictivos ni enfrentar nuevas acusaciones, en tanto, un juez de distrito resuelve de fondo el juicio de amparo que promovió contra actos de justicia de autoridades mexiquenses.